El año pasado, cuando ya sentíamos el rigor de las cuarentenas y confinamientos por la pandemia y sabíamos que más de la mitad del país estaba sufriendo por problemas de conectividad, EL TIEMPO publicó un artículo mío (El país está desconectado, ¿qué hacer?) en el que proponía que, en la reforma a las regalías, en discusión en el Congreso por esos días, incluyeran que los entes territoriales pudieran financiar proyectos de infraestructura para conectividad y quedó en la ley, beneficiando a los estratos 1 y 2.
Me di a la tarea de consultar a los líderes del sector y no quedarme con mis opiniones. A la fecha que di como de cierre para responder a unas preguntas, ninguno de los tres grandes operadores me había contestado, lo que me dejó preocupado. ¿No les interesa? ¿O van a esperar a ver qué movimiento hace el Gobierno, eventualmente?
Las preguntas que hice fueron dos: a) ¿Es viable, técnica y económicamente, pensar en un Plan Nacional de Banda Ancha Fija?, y b) ¿Qué mecanismos de financiación propondría usted, incluidos los estatales, para obtener los recursos para dicho plan si usted lo apoyara?
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Les agradezco a quienes me respondieron y me manifestaron su interés en colaborar y participar en esta discusión. Debo agradecerles a Ximena Duque, de Fedesoft; a Camilo Sánchez, de Andesco, y a Luis Javier Parra, de Acis, sus aportes. Especialmente al exministro de las TIC Daniel Medina Velandia. Y, obviamente, a mi cómplice de largas tertulias en estos temas, Julián Cardona Castro, expresidente de Aciem.
Las dos preguntasEn el correo que envié para abrir el marco de las preguntas digo que estoy haciendo una investigación para determinar la viabilidad de un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (Planbaf) y me permito hacer la siguiente observación:
La pandemia del covid-19 hizo evidente que el país está desconectado y que no es con teléfonos inteligentes de gama baja y con planes prepago que se va a resolver el teletrabajo o la teleeducación. Los hogares necesitan banda ancha de verdad.
Ya son tristemente famosas las imágenes o los memes, creados a partir de esas imágenes, con niños y jóvenes buscando señal para sus teléfonos a fin de poder conectarse con sus clases o hacer las tareas.
La demanda de internet, desde los hogares se ha incrementado hasta en un 60 %, según datos de la Ocde, y los operadores han podido responder satisfactoriamente, en la mayoría de los casos.
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Es notable el caso de Telefónica en Colombia, cuya demanda de banda ancha fija permitió que incrementaran las conexiones de fibra óptica residencial en más de 1’300.000 hogares, logrando ofrecer ese servicio en 32 municipios, y banda ancha fija, con xDSL, en más de 240 municipios.
Hay un mercado que atender. Hay una demanda que venía caminando, lentamente, pero la pandemia la disparó.
La pandemia del covid-19 permitió demostrar que es posible el teletrabajo y que se podía incrementar el comercio electrónico en estas latitudes, donde venía creciendo, pero de a poquitos; un crecimiento sostenido pero lento. La pandemia mundial y los confinamientos hicieron crecer el comercio electrónico desde los niveles más sencillos, como el de muchos restaurantes, que abrieron cuentas en redes sociales para poder ofrecer sus productos y atender domicilios.
Pero muchos hogares no tienen una buena conexión. A duras penas cuentan con un teléfono inteligente o una tableta para pagar un plan prepago de datos.
Chile ya declaró el derecho a internet como un servicio público esencial y está financiando, el Estado, el más ambicioso plan de conexión con fibra óptica a todos los pueblos y ciudades de esa nación austral.
Joe Biden anunció un enorme plan para llevar fibra óptica a todos los rincones de la unión americana. Como me lo recordó el exministro Daniel Medina, están llevando fibra óptica incluso a las zonas rurales.
El caso de Eslovenia, pese a que es un país pequeño, es bien interesante, por ejemplo.
Un cambio de enfoqueDaniel Medina opina que se requiere un cambio de enfoque desde el Gobierno para poder sacar adelante un Planbaf y no solamente pensar que es con el empuje y esfuerzo del Gobierno Nacional que se podría concretar. Sostiene que en algunos países ha habido un enfoque sistémico e integral que ha incluido a actores por fuera del ecosistema de las telecomunicaciones y las TIC, pero que se benefician del sector.
Dice: “… Incluyen, por ejemplo, a los sectores de contenido, publicidad, educación, salud y agricultura no solo como benefactores, sino que, al tener un beneficio en sus servicios o negocios, ellos, también, en una cadena de valor ampliada, terminan pagando las expansiones, a través de mayor rentabilidad, mayor cobertura, mayor acceso a los mercados.
Las EPS, los proveedores de contenido, los proveedores de insumos, la cadena de alimentos, los vendedores de publicidad, etc., todos pueden beneficiarse y aportar, pero ello requiere un cambio de enfoque. Algunas son medidas regulatorias (proveedores de contenido o publicidad) y otras son vía incrementos de rentabilidad de los actores rurales, de modo que puedan acceder a los servicios en un ecosistema fuerte”.
Chile declaró el derecho a internet como un servicio público esencial y el Estado está financiando el más ambicioso plan de conexión con fibra óptica a todos los pueblos y ciudades .
En una conversación, del año pasado, con uno de los CEO de las tres principales compañías de telecomunicaciones de Colombia (Telefónica, América Móvil y Millicom) me decía que un Planbaf debe incluir a los operadores comunitarios de internet que hay en los pueblos y me pareció muy inteligente; es trabajar con los que ya conocen el territorio y tienen el mercado.
Pero hasta ahora no he dicho nada que sea realizable en el corto o mediano plazo. Lo primero que se debe hacer es ordenar la casa. El ministerio debe llamarse de Comunicaciones, no de las TIC.
Colombia es el único país de la región donde el ministerio se llama así. En los otros se llama de Telecomunicaciones o tiene otros epítetos, pero no de las TIC solamente. Las Telecomunicaciones y las TIC son diferentes, pero se complementan. Allí tenemos un dolor de cabeza que ha generado confusión. Comunicaciones es un nombre que integra a los dos sectores.
Y ya que el país lleva años apostándole a la mal llamada banda ancha móvil (por qué es mal llamado banda ancha el servicio de internet móvil da para otro artículo) por qué no se decreta ya el apagón del 2G y del 3G.
Eso debía haberse incluido o hecho a la par de la última adjudicación de espectro como una responsabilidad de los operadores y concertar los tiempos con ellos. Hay que hacerlo ya y eso producirá un efecto automático en el mejoramiento de las redes disponibles y de la capacidad de internet móvil en áreas apartadas, donde viven los pobres.
Como el agua y la luzLo otro, y es quizás lo más importante, es convertir el acceso a internet en un servicio público esencial, como lo es el agua o la luz. Increíble que estemos discutiendo si es importante o no el internet.
¡Qué tal! Dejemos de discutir si abrimos o no subasta de 5G. Esto es lo importante. Lo otro lo es y mucho. Por ejemplo, el Gobierno Nacional podría adoptar el estándar chino de 5G a cambio de más vacunas, que es lo que necesitamos ahora. La subasta puede esperar. Hacer el compromiso de adoptar el estándar chino y colocar un cronograma prudente para la subasta hacia el año 2023.
Van a llover rayos y centellas, pero si la ministra Karen Abudinen toma la iniciativa de estos tres temas tocados arriba, producirá un revolcón en el sector que la dejará en un sitial de honor en la historia de las telecomunicaciones y las TIC del país. Esos tres temas son fáciles de resolver pese a la crispación política que podrían causar.
Entonces, ¿qué hacer para sacar adelante un Planbaf?
Hoy hay fibra óptica en casi todas las cabeceras municipales del país, exceptuando algunas de los departamentos de Guaviare, Vaupés, Amazonas, Vichada y Putumayo. La Troncal de Fibra Óptica (TFO) que instaló TV Azteca en un joint venture con el gobierno anterior permitió cerrar una brecha de conectividad que tenía el país.
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¿Qué hacer para extender la capilaridad de la TFO? Lo primero es que cualquier proyecto debe incluir la unión de varios operadores en diferentes regiones del país y buscar sinergias con la infraestructura existente, de cada uno de ellos.
En La Guajira, por ejemplo, en la parte alta de la península, se necesita del apoyo satelital para tantos pueblos, pequeños y dispersos, igual que en el Amazonas.
La solución no puede ni va a ser llevarle fibra óptica a todos, de entrada. Podrían dividir el país por zonas, teniendo en cuenta criterios de presencia del operador con redes fijas. Cualquier proyecto o asociación debe incluir a los actuales operadores comunitarios de internet.
¡Punto final!, ¡sin discusión! Sé de pueblos pequeños donde los usuarios pagan, en promedio, $ 50.000 mensuales por un internet comunitario, con un servicio deficiente. O sea que sí hay una demanda y un mercado en los pueblos pequeños.
Más ideasHay que ser imaginativos y recursivos. Hoy los entes territoriales pueden colocar plata de sus regalías en esa gran bolsa común, para construir desde el gobierno central, para llevarles internet a todos los colombianos.
No creo que haya un solo gobernador o alcalde que se oponga. Incluso, los estructuradores podrían idear formas en que los entes territoriales sean socios de los proyectos al disponer de regalías para la ejecución de los mismos.
Los entes territoriales ayudan a cerrar la brecha digital de sus regiones y obtienen un nuevo negocio para sus gobiernos.
Pero, también, el Estado puede incluir en la Reforma Tributaria un impuesto a las grandes empresas de tecnología, algo que ya se está discutiendo en el mundo entero y que aquí ya lo han propuesto desde varios medios de comunicación, como en este artículo de La República 'La reforma tributaria de 2021 debe crear un nuevo impuesto para las plataformas digitales' o como el reciente editorial de Portafolio '¿Tributaria digital?'.
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Lo que produzca dicho impuesto debe ser destinado a cerrar esa enorme brecha digital que todavía tenemos y a programas como Misión TIC 2022.
Este gobierno arrancó generando la expectativa que iba a luchar por convertir a los sectores innovadores, ligados al ecosistema digital, en los grandes beneficiarios de su gestión para favorecer la Economía Naranja. El covid-19 ha significado un frenazo para todo el mundo y todos los sectores; muchos menos para, precisamente, la mayoría de los actores del ecosistema digital. Al Gobierno le queda apenas un año y unos meses para volver realidad algunas cosas.
Lo planteado aquí no es descabellado. Obviamente, requiere de voluntad política.
Algunos dirán que es soñar despiertos cuando arranca un año electoral proponer una agenda como esta para el sector. Creo en las capacidades de liderazgo de Karen Abudinen y creo que el presidente Duque quiere dejar una huella en el sector. La presencia de Víctor Muñoz y Felipe Buitrago en el alto gobierno así lo indican.
No es mucho pedir. Es pensar en un futuro digital para todos.
NICOLA STORNELLI GARCIA*
Para El Tiempo
*Analista e investigador de Tendencias Digitales. Columnista de ‘Portafolio’. Twitter @puertodigital.
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