El debate por aplicaciones como Netflix, Uber, Booking y demás servicios que forman parte de la economía colaborativa ha existido desde hace varios años, pero se ha agudizado en los últimos meses con protestas que pasan de lo virtual a lo real y con millonarias multas que el Gobierno ha impartido a algunas de esas plataformas por, según su mirada, operar de manera ilegal.
Si bien es imposible dejar de reconocer los beneficios que ofrece la llamada economía colaborativa, es cierto que no puede pretenderse que operen sin un marco legal, principalmente porque, aseguran expertos, terminan afectando a los servicios tradicionales.
En diálogo con EL TIEMPO, Alberto Solano Vanegas, director TIC de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), explicó que la solución a este debate es, sencillamente, equilibrar las cargas.
“En la televisión, por ejemplo, el negocio se desbalancea. Los operadores por suscripción deben pagarle una cuota al Estado para poder operar. Con ese dinero se financia la televisión social. Pero, con la llegada de servicios como Netflix, a lo que se suma la tasa de cambio, entre otros factores, los recursos de estos operadores se han disminuido”, agrega.
Solano asegura que esta situación se presenta también en la TV comercial. “Estos canales, que captan recursos mediante la publicidad, se dan cuenta de que las personas a las que le quieren llegar están consumiendo cada vez más las plataformas over-the-top, las cuales no pagan absolutamente nada para funcionar y se están llevando una cantidad de recursos”.
Así las cosas, en últimas, la que se ve afectada es la televisión pública, ya que cada vez hay menos dinero. “Las tecnologías disruptivas no se deben matar o no permitir, lo que se debe hacer es un equilibrio competitivo”, advierte Alberto Solano.
Este modelo se extiende más allá de la televisión. Plataformas como Airbnb ofrecen la posibilidad de arrendar habitaciones, casas o apartamentos, pero sin cumplir las obligaciones que impone la ley al gremio hotelero.
En repetidas oportunidades, voceros de ese sector han calificado a Airbnb como una forma de ‘parahotelería’. Es bien conocido el debate por el servicio que ofrece Uber, en especial en su modalidad UberX, que emplea carros particulares.
Por eso, Germán Darío Arias, director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), dice que es necesario eliminar el marco tradicional de la regulación y repensar la manera como se utilizan distintas herramientas.
“La transformación digital implica regulación multisectorial, que no solo compete a los reguladores del sector TIC, sino a todos los sectores de la economía”, asegura.
Por su parte, el profesor Arun Sundararajan, autor del libro The Sharing Economy, quien estará en el Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones que se realizará del 20 al 23 de junio en Cartagena, explica que muchos líderes de negocio creen que si sus productos son del mundo físico no pueden sufrir una disrupción en el digital. Es un error, dice, porque toda compañía responsable debe ver a las tecnologías digitales como el medio para ser más eficiente.
El desafió es, precisamente, que los reguladores se den cuenta que las reglas de juego han cambiado.
“La tecnología va más rápido que la regulación. Multar a estos servicios, como sucedió con Booking recientemente en Colombia, son las últimas batallas que se pueden dar dentro del esquema viejo. Por eso, el reto es que los entes de control entiendan que la forma de hacer negocios ha cambiado”, advirtió el director TIC de Andesco.
El experto explicó también que el Estado, al no poder cobrarle impuestos a estos servicios porque no tienen presencia nacional, las 'apps' sí deberían retribuirle, por ejemplo, con cuota de pantalla en el caso de Netflix.
“El gobierno francés le advirtió a Netflix que para poder operar en ese país, deben asegurar un porcentaje de producción de obras francesas en la plataforma. Esto asegura que en algún momento esta tendencia se balance”.
El director de la CRC dice en este punto que "uno de los retos que enfrentan los reguladores de comunicaciones en todo el mundo, es plantear una agenda que esté acorde con la realidad a la que nos enfrenta la economía digital. Definitivamente, tenemos que salirnos del marco tradicional de la regulación y repensar la manera en la que se utilizan distintas herramientas para lograr los objetivos finales de promover la competencia y la inversión, y obtener el mayor beneficio para los usuarios".
Mientras otros enfrentan golpes de legislación, Airbnb se ha anotado un par de éxitos en sus relaciones con gobiernos como el de Japón y el de Suecia.
En Japón, se autorizó a Airbnb a operar en virtud de una ley que fija reglas para compartir viviendas. La norma limita el permiso a 180 noches por año y exige que los inmuebles sean registrados ante las alcaldías.
En comparación con los problemas que halló en Nueva York, Barcelona y hasta en San Francisco, su ciudad de origen, Airbnb logró que el gobierno sueco la acogiera, al punto de que creó un perfil para la totalidad del país. En otras palabras, las 405.000 hectáreas del territorio sueco aparecen en la plataforma como ‘disponibles’, a un costo de cero euros.
Lejos de frenar su operación, incluso frente a las polémicas que ha enfrentado en varias ciudades, Airbnb se ha lanzado en un proceso de diversificación y lanzó a finales de 2016 una oferta de “excursiones y experiencias” que está disponible paras sus usuarios, y que es ofrecida, también, por particulares.
Ya sean entrenamientos con corredores de larga distancia en Kenia, o clases de surf con surfistas profesionales en Malibú, él CEO de Airbnb lo describió como “el futuro de la compañía”. Otro paso es la creación de un sistema de servicios empresariales.
CAMILO PEÑA CASTAÑEDA
REDACCIÓN TECNÓSFERA
campen@eltiempo.com
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