Este martes se cumple el plazo para que los operadores lleguen a un acuerdo con el Estado y efectúen el pago de 4,7 billones de pesos por concepto de reversión de activos.
Ese monto equivale a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver al Estado las compañías, en virtud de los contratos suscritos –y, en su momento, prorrogados– para la prestación del servicio de telecomunicaciones.
Las dos empresas estarían planteando la posibilidad de arreglar una forma de pago por cuotas. Claro está obligado a pagar 3,1 billones y Movistar, 1,6 billones de pesos.
Los 4,7 billones del laudo arbitral son el doble de la inversión que, en conjunto, hicieron Claro y Movistar en el sector telecomunicaciones de Colombia el año pasado.
Para Movistar, los 1,6 billones que se le ordena pagar son más dinero que los 1,2 billones que acordó poner el Gobierno en la más reciente capitalización de la firma, pactada este año.
Dado que el Estado tiene un 32 por ciento de participación accionaria en esa empresa, cabe preguntarse si deberá asumir una parte proporcional de la deuda y pagársela a sí mismo.
Se trata de la condena más grande que se ha fallado a favor de la Nación en toda la historia y equivale a los elementos y bienes que estaban obligadas a devolver al Estado las compañías, en virtud de los contratos suscritos –y, en su momento, prorrogados– para la prestación del servicio de telecomunicaciones.
Si no se llega a un acuerdo, a partir del 30 de agosto comenzarían a correr intereses. Hasta este lunes en la noche, EL TIEMPO se contactó con ambas compañías y ninguna se pronunció al respecto.
Por lo pronto, se sabe que Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, sostuvo una reunión en el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para tratar asuntos de telefonía móvil.
"Regresamos a Bogotá para reunión del CONFIS sobre asuntos de telefonía móvil. Oportunamente anunciaremos decisiones", escribió Cárdenas en su cuenta en Twitter el pasado 28 de agosto.
Aun así, se sabe que Telefónica le solicitó al tribunal de arbitramiento aclaraciones acerca del laudo para saber si debe acatarlo.
Si la decisión sigue en pie, el operador llevará el laudo ante el Consejo de Estado o hasta al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones según el diario español 'El País'.
Algunos observadores no dudan en apuntar que este fallo es una amenaza a la inversión extranjera y, sobre todo, a la subasta de la banda 700 MHz, una porción del espectro deseada por los operadores porque ofrece mayor despliegue de la red 4G.
Si bien el Ministerio de las TIC ha señalado que el proceso sigue, está por ver si lo hará con la participación de Claro y de Movistar.
TECNÓSFERA
Comentar