Un único regulador convergente. Esa sería la gran apuesta del Ministerio TIC para enfrentar los cambios generados por la transformación digital en el sector de las telecomunicaciones.
Una idea que desde hace tiempo estaban solicitando los agentes del sector al Gobierno Nacional, luego de la llegada de los nuevos servicios (Netflix, por ejemplo) que suponen cambios significativos en los sectores económicos y productivos del país.
De acuerdo con expertos, la existencia de varios reguladores en el país (Comisión de Regulación de Comunicaciones, Autoridad Nacional de Televisión, la Agencia Nacional del Espectro y la SIC) genera desgastes administrativos que no permiten tomar decisiones a tiempo.
El proyecto de ley, que ya fue radicado en el Congreso de la República por el ministro TIC, David Luna, plantea suprimir la ANTV y crear la Comisión de Comunicaciones. Esta nueva entidad, que reemplazará a la CRC, se encargará de regular la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y radiodifusión sonora.
El ministro Luna reconoció la necesidad de habilitar un único regulador asegurando que con la Comisión de Comunicaciones será "mucho más fácil la expedición de licencias, concesiones y regulaciones en Colombia".
Agentes del sector ven con buenos ojos la iniciativa, pues dicen que de esa forma es posible enfrentar los retos que supone la transformación digital.
Galé Mallol, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnología de Información y Comunicaciones de Colombia (Asotic), asegura que al crear un único regular convergente, se está estableciendo una hoja de ruta para la modernización del Estado.
"Aplaudimos el proyecto de ley, porque es necesario para el sector. Al haber tantos reguladores en Colombia, el desgaste administrativo es cada vez más evidente. Con un único regulador convergente, estamos modernizando el Estado y disminuyendo las cargas. Si no nos actualizamos, seguiremos rezagados de lo está pasando en la actualidad", afirmó Mallol.
Además, advirtió que la Comisión de Comunicaciones no solo deberá tener la tarea de regular a los operadores tradicionales, también "es importante que vaya más allá y logre convertirse en un referente técnico para saber hacia dónde se encaminará el sector".
La Comisión de Comunicaciones estará integrada por cinco comisionados, dos designados por el Presidente de la República, mientras que los otros tres serán elegidos por las universidades en representación de la sociedad civil.
En este punto, especialistas en el sector apuntan, que por recomendación de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, los reguladores deben ser independientes de los gobiernos y de los entes regulados. En ese orden de ideas se preguntan: ¿Qué tanta independencia tiene el proyecto?
Sin embargo, para Antonio García, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), la independencia de la Comisión dependerá de la experiencia laboral de los elegidos.
"Yo creo que la independencia de los comisionados dependerá de que tan bien se escojan por sus características académicas y experiencia laboral. Dado que la regulación debe converger al mismo tiempo con las tecnologías, vemos de forma positiva el proyecto de ley que está adelantando el ministerio TIC", añadió García
Para Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), la iniciativa reconoce el hecho de que se necesita de una reforma institucional profunda para atender la convergencia actual.
"Si bien es cierto que este proyecto da unos pasos firmes en la dirección correcta, todavía vemos oportunidades para complementar lo que ha presentado el Ministerio TIC. Ejemplo claro de ello, es que seguirá haciendo falta un fondo convergente que reúna los recursos tanto de telecomunicaciones como los de la televisión. Tal y como lo presentó el Presidente de la República en la reunión de Andicom 2017 en Cartagena cuando se refirió al tema con el sector allí presente.
La iniciativa deberá cursar cuatro debates ante el Senado y la Cámara de Representantes, para posteriormente pasar a sanción presidencial.
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