Un juicio en Australia que definirá la situación legal de una joven de 27 años que fingió haberse curado de cáncer con dietas reavivó el debate sobre las redes sociales y la responsabilidad de los influenciadores frente a sus anuncios comerciales.
Esta semana, la influenciadora de vida saludable Annabelle ‘Belle’ Gibson compareció ante un tribunal de ese país para aportar más respuestas sobre un caso por fraude y violación al derecho del consumidor.
Por años, Gibson engañó a sus cientos de miles de seguidores para impulsar su libro y aplicación ‘fitness’ ‘The Whole Pantry’, con consejos alimenticios que habían sido la supuesta fórmula para curarse de un cáncer cerebral. El escándalo salió a la luz en el 2015, cuando después de indagaciones y escrutinio de la prensa local, la exitosa influenciadora confesó que no tenía ninguna enfermedad.
El tribunal federal de Melbourne le ordenó a Gibson asistir a una nueva audiencia en el mes de junio y aportar pruebas sobre sus finanzas, pues investigaciones preliminares arrojaron que en vez de destinar más de 400.000 dólares recaudados en donaciones para causas y organizaciones benéficas, la mujer de 27 años tuvo gastos “curiosos” como viajes de lujo, apuestas deportivas en línea e inversiones en criptomonedas.
En el 2016, la agencia de gobierno para la protección de los consumidores en Australia inició acciones legales en su contra. En el 2017 se le ordenó a Gibson pagar una multa por 410.000 dólares australianos. Dos años después de no haber cancelado dicha suma, y tras ser citada a audiencia en repetidas ocasiones, Gibson, según la prensa local, acudió ante el tribunal cuando sus abogados plantearon la posibilidad de ir a la cárcel de no hacerlo.
Frente a las reglas que rigen a los influenciadores, Jhon Caballero, investigador del Departamento de Derecho Informático de la Universidad Externado, asegura que “no es común ver fallos judiciales que condenen las conductas de los influenciadores por el hecho de su actividad de comunicación”.
De acuerdo con un análisis jurídico remitido por el departamento de la universidad, el marco legal que rodea a los influenciadores tiende a favorecer derechos como el de la libertad de expresión y el acceso a la información, pero las multas pueden contemplarse cuando estas figuras tengan una relación de consumo de por medio. Caballero aclara que no se sancionó a Gibson por el hecho de ser una influenciadora.
“El caso no es un avance ni un retroceso, puesto que es una aplicación habitual de la ley comercial, relacionada con la protección de los consumidores (...) Gibson era proveedora de la aplicación móvil y autora del libro. Existía una relación de consumo”, asegura.
En el marco nacional, a pesar de que las reglas generales de las redes sociales prohíben a los influenciadores o creadores de contenido promocionar productos fraudulentos o engañar a sus audiencias, estas figuras no acusan con claridad cuáles son las obligaciones de comunicación y transparencia. Por ejemplo, a diferencia de países como EE. UU., en Colombia los influenciadores no necesariamente especifican cuándo una publicación en redes sociales es o no patrocinada.
Para Caballero, el marco normativo existente es suficiente para enfrentar los desafíos de las redes sociales. Según el departamento, si un influenciador se involucra en la venta de productos, le aplica el Código de Comercio y el Estatuto del Consumidor, teniendo competencia la Superintendencia de Industria y Comercio en sus funciones jurisdiccionales. En caso de un delito, le aplica el Código Penal y la Fiscalía tendrá competencia.
Por ejemplo, plantea Caballero, si un caso como el del ‘youtuber’ Logan Paul, que grabó un video de una persona muerta en un bosque en Japón, hubiera tenido lugar en Colombia, “podría hablarse de una conducta tendiente al tipo penal de inducción al suicidio”.
La historia de la australiana recuerda casos recientes como el de la influenciadora Radwana, descubierta en redes sociales consumiendo proteína animal, pero promocionaba en sus redes hábitos de alimentación basados en plantas. Después de ser expuesta en un video consumiendo pescado, la joven confesó que por recomendaciones médicas tuvo que incluir alimentos como el huevo y otro tipo de proteínas en su dieta.
Rubén Orjuela, nutricionista investigador de la ONG EducarConsumidores, considera que celebridades e influenciadores deberían tener límites más claros a la hora de hablar de nutrición, por el impacto que tienen en la salud de los usuarios.
“Las figuras digitales deberían asumir la responsabilidad de solo hablar de lo que conozcan verdaderamente y no especular o promocionar productos que puedan afectar la salud de los demás”, explica.
Orjuela cree que lo más grave de ese tipo de engaños es que “estigmatizan la alimentación saludable” porque los usuarios pueden pensar que la nutrición es una mentira y pueden abandonar su intención de adquirir hábitos más saludables.
El nutricionista asegura que existe información disponible sobre el tema de fuentes como la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud para orientar las búsquedas y evitar engaños.
LINDA PATIÑO
REDACCIÓN TECNÓSFERA
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