Las razones detrás de la demanda a la Ley TIC

Este jueves 22 de agosto al mediodía, al mismo tiempo que el presidente Iván Duque y la ministra de las TIC Sylvia Constaín presentan la "gran ola de conectividad del país" en Ciénaga, Magdalena, un grupo de organizaciones de la sociedad civil se reunirán en el Palacio de Justicia para demandar la Ley de Modernización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

En un video publicado en redes sociales, Santiago Rivas, uno de los representantes de la demanda colectiva en la que participan organismos como la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Karisma y la Comisión Colombiana de Juristas, explicó las razones por las cuales buscan revertir la implementación de la norma.

De acuerdo con Rivas, la ley, que fue sancionada por el presidente Iván Duque a finales de julio, supone "un riesgo para la democracia".

Así mismo, a través de una publicación en Twitter, Fundación Karisma plantea que la Ley TIC "no se ajusta a los estándares de promoción de la libertad de expresión que exige nuestra constitución", reclamando que es inconstitucional. 

A eso de las 12:30 del día, miembros de la Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Karisma, Bejarano Abogados y la Comisión Colombiana de Juristas presentaron dos demandas y explicaron sus razones afuera del recinto.

"Muchos teníamos inquietudes sobre temas concretos de la Ley y desde hace semanas empezamos a hablar y se organizó la demanda(...) Hace unos días nos enteramos que había otro grupo en paralelo trabajando y hoy se presentaron las dos", detalló Carolina Botero, directora de Fundación Karisma, quien explicó que el proceso de hoy en adelante puede llegar a ser de meses o años.

"Primero, la Corte tiene que admitir la demanda, luego entra a estudiarla, y en algún punto puede llegar a solicitar intervenciones de expertos o de cualquier ciudadano para profundizar en los temas", agregó.

Primero, advierten sobre el control del ejecutivo en la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), entidad encargada de controlar los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, argumentando que en su nueva conformación, 7 de los 8 comisionados serán nombrados con "injerencia del ejecutivo". 

La ley contempla la creación de un regulador convergente para el sector integrado por dos juntas.

La primera, que en teoría sería la CRC estaría integrada por el ministro TIC, un comisionado designado por el Presidente, un comisionado elegido por canales regionales de televisión y dos comisionados escogidos por concurso que hará el Departamento Administrativo de la Función Pública.

La segunda, llamada Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales, se enfocaría en los asuntos asociados a pluralismo informativo y defensa y derecho de los televidentes.

De ella, harían parte un miembro elegido por los operadores públicos regionales del servicio de televisión, un miembro del sector audiovisual escogido mediante concurso público realizado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y un miembro de la sociedad civil elegido mediante un concurso público realizado por una universidad.

Segundo, denuncian que la ley le da mucho poder al Ministerio de las TIC (MinTIC) en cuanto a su función de otorgar el espectro y poner las condiciones de la concesión del mismo. 

Sobre este punto, uno de los cambios más significativos que realiza la norma es extender el plazo de concesión del espectro de 10 a 20 años. 

Miguel Felipe Anzola, actual director de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), afirma que la ley 1978 de 2019 no cambió funciones al ministerio de la ANE frente a este tema de las frecuencias.

"La ANE está encargada y continúa siendo desde el pasado en la encargada de la atribución del espectro. Es decir, en determinar para qué servicios se utilizan las frecuencias específicas. Una vez se ha identificado y determinado a qué servicios se utilizan las frecuencias es el Ministerio el que hace la asignación", precisó Anzola.

A finales de este año se subastarán las bandas de 700, 1.900 y 2.500 Mhz, la cuales se otorgarán, según lo ha dicho la misma cartera, no solo a cambio de bienes económicos sino de acciones que "maximicen el beneficio social".

Tercero, alertan de la posibilidad de que tras la implementación de la ley TIC se desfinancie la televisión pública, con motivo de la creación de un Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el que los recursos ya no se destinarán en dos fondos distintos, FonTIC y FonTV, como se estipulaba antes.

Rivas, previamente se aprobara la norma, había hecho reclamos sobre este punto.

"(…) Que la regulación quede en manos del MinTIC es un problema serio porque en el proyecto no se menciona a los creadores de contenidos y es por contenidos que la TV pública en Colombia es lo que es", le dijo en su momento el expresentador a EL TIEMPO.

Sobre esto, la ley estipula que los operadores privados de televisión podrán optar por pagar $ 128.000 millones y 1,5 % (al fondo de TV) de la facturación por una concesión de operación según se establece hoy, o sustituir los dos rubros anteriores por un pago de 2,2 % de la facturación al nuevo fondo único.

Cuarto, advierten que la normativa pone "en las mismas condiciones a las redes comunitarias a la par de las medianas y grandes empresas para la obtención del espectro". 

"Es injusto y puede acabar con redes comunitarias que están haciendo el trabajo que muchas veces ni el Estado ni las grandes compañías hacen", argumentan. 

Finalmente, Santiago expresa en el video: "Vamos a utilizar el recurso de demanda por inconstitucionalidad porque la concentración excesiva de poder en las manos de cualquier entidad, y sobre todo, de un gobierno central y de la rama ejecutiva puede generar un monstruo que tenga sus manos metidas en cada parte del proceso de la información y las telecomunicaciones en nuestro país".

TECNÓSFERA