Postergar la adjudicación del ‘dividendo digital’, también conocido como la banda de 700 megahercios (MHz) para el 2018, es para los expertos un tema preocupante porque limita el crecimiento de LTE (4G) y deja a Colombia rezagada frente a otros países de América Latina.
De esta adjudicación se viene hablando desde el 2015. Aunque a comienzos de año señalaba su intención de realizarla en 2017, hace unas semanas el ministro TIC, David Luna, anunció que ya no se hará este año.
Esa porción del espectro es significativa para los operadores porque permite mayor cobertura de internet móvil en el territorio nacional, sin desplegar mayor infraestructura para su funcionamiento. El espectro radioeléctrico es como una autopista por donde viajan las comunicaciones utilizando diferentes bandas de frecuencias –bajas y altas–. Las primeras ofrecen mayor cobertura y de ahí la importancia de los 700 MHz, porque es la banda más baja que tendría el país para las comunicaciones celulares.
Rolando Martínez, exgerente de Ericsson Colombia, dijo a EL TIEMPO que fue un error aplazar la subasta para 2018. “Las personas están demandando servicios de calidad y esa porción del espectro es importante para optimizar la conectividad en las ciudades (potenciará la señal en interiores, como sótanos y edificios) y en las zonas rurales”, dijo Martínez. Para el experto, el Gobierno dejará de recibir dinero y no podrá seguir desplegando sus iniciativas (Puntos Vive Digital, por ejemplo) para conectar a más colombianos.
Una posición similar tiene Samuel Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, quien opina que “es un grave error seguir aplazando la subasta, ya que la brecha digital está en juego frente a otros países de la región que ya tienen operando esa banda en la hoja de ruta hacia las redes de quinta generación”.
De hecho, hay quienes creen que incluso 2018 es incierto, pues es posible que los involucrados prefieran no hacer la subasta en un año de elecciones.
No obstante, más allá de aplazar la subasta, es significativo desarrollar políticas que generen un clima de confianza y certidumbre jurídica para propiciar la inversión en el sector de las telecomunicación, explicó Eduardo Chomali, director regional para los países andinos de la Asociación Interamericana de empresas de telecomunicaciones (Asiet).
“El sector en Colombia enfrenta un muy complejo escenario, pues la devaluación ha venido afectando a un sector con precios y retornos a la baja que, además, ha debido enfrentar alzas de impuestos, altos costos de licitaciones pasadas, excesivas cargas e intervención regulatoria, a las que ahora se suman los impactos del fallo de reversión de activos”, añadió el director.
Chomali recalcó que los ingresos promedio por usuario de los tres principales operadores móviles del país han caído un 53 por ciento en ocho años.
Especialistas en el tema coinciden en que la punta de lanza que generó postergar la subasta hasta el 2018 fue el laudo arbitral que obligó a Claro y a Telefónica a desembolsar 4,7 billones de pesos por reversión de activos.
Para el senador Jorge Hernando Pedraza, del Partido Conservador, el producto de ese fallo pudo haber dejado exhaustos financieramente a los operadores. “Sin embargo, si esa decisión causó problemas, también habrá consecuencias de caja para hacer la inversión de infraestructura. Pienso que se debe separar un tema del otro, precisamente para permitir que se realice una adjudicación lo más pronto y así lograr cerrar la brecha digital”, enfatizó el congresista.
Por su parte, Andrés García Zuccardi, senador del partido de ‘la U’, opina que demorar el proceso de subasta genera pérdida de competitividad en el sector TIC y el proceso de digitalización de los colombianos será más demorado. “No obstante, entiendo las razones por las cuales el Gobierno no ha podido sacar adelante el proceso, pues se están blindando jurídicamente para evitar demandas al proceso en el futuro”, aseguró Zuccardi.
El Ministerio TIC adelanta los trámites necesarios para la subasta. Voceros de esa cartera señalaron que en días pasados se hizo un requerimiento a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando el concepto respecto de la modificación del decreto de topes de espectro.
La idea de la cartera TIC es subir los topes en las bandas bajas a 45 MHz y altas a 90 MHz. Esto, dice el MinTIC, será indispensable para el proceso porque “permitirá la participación de múltiples interesados en las bandas por subastar”.
Actualmente, el tope está en 30 MHz para las bandas bajas, y Claro y Telefónica tienen 25 MHz cada uno. En ese sentido, solo Tigo Une tendría la oportunidad de participar por la mayor parte, debido a que el operador mexicano y el español se encuentran cerca de los topes permitidos por la ley.
Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une Colombia, dijo a este diario que la subasta de la banda de 700 MHz no se debe efectuar en tanto no mejore la situación de la industria y las reglas de juego no sean las adecuadas.
“Es necesario que antes de continuar con la adjudicación se adelante la investigación contra Claro, actual operador dominante (...). Es importante tener certezas de retorno para que los inversionistas, en su mayoría extranjeros, consideren planear inversiones a largo plazo”, afirmó.
Telefónica tiene una posición similar, pues asegura que el proceso no puede seguir hasta que la situación de competitividad no esté estable.
Por su parte, Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, aseguró: “El espectro es el insumo fundamental para ofrecer la mejor calidad de servicios y para lograr una infraestructura de comunicaciones moderna que apoye el progreso del país. Sin embargo, condenas como la reversión de activos y las excesivas cargas e intervención regulatoria en el sector, han debilitado la salud financiera de las compañías de telecomunicaciones y minado las posibilidades de inversión que se requiere, por ejemplo, para esta subasta”.
CAMILO PEÑA CASTAÑEDA
Redactor de Tecnología
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