Casi dos meses después de que se desató el escándalo por las irregularidades en el contrato por 1,07 billones de pesos que firmó el Ministerio de las TIC con Unión Temporal Centros Poblados, este jueves se conoció que el presidente Iván Duque tomó la decisión de pedirle la renuncia a Karen Abudinen, ministra de esta cartera.
La polémica se generó cuando se conoció que el contratista del proyecto presentó garantías bancarias falsas, que le permitieron acceder a un adelanto de 70.000 millones de pesos.
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Estas son las claves del proceso de contratación que ha generado en las últimas semanas un revolcón dentro del ministerio.
El 9 de diciembre del año pasado, el Ministerio de las TIC adjudicó el contrato 1043 de 2020 con Unión Temporal Centros Poblados para conectar a 7.277 colegios en zonas rurales del país en 15 departamentos: Amazonas, Arauca, Bogotá, D. C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
El proyecto con Unión Temporal Centros Poblados es una de las dos partes de la licitación que abrió el Mintic para brindar conectividad a internet por cerca de 11 años a 14.745 colegios oficiales del país.
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La segunda parte le corresponde a Comcel S. A. (Claro Colombia), que contempla 7.468 centros digitales en Antioquia, San Andrés, Atlántico, Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vaupés. Es importante aclarar que en este contrato no se han registrado irregularidades.
En junio de este año se conoció que la empresa Unión Temporal Centros Poblados había presentado garantías falsas del Banco Itaú, que le permitieron acceder a un adelanto de 70.243 millones de pesos. El hecho se conoció después de una reunión de control en la que se evidenciaron atrasos en el desarrollo de las obras, que llevaron al supervisor del contrato a realizar un proceso de incumplimiento.
En esa reunión, el contratista presentó al Banco Itaú como su entidad garante, pero la apoderada de la entidad en ese proceso indicó que la garantía que se presentó en el contrato no fue expedida por el banco.
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Este hecho llevó a que el 25 de junio, el Ministerio de las TIC hiciera una denuncia penal contra Unión Temporal Centros Poblados ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación.
Así mismo, se ha conocido que la Fiduciaria BBVA, entidad bancaria encargada de hacer el desembolso del anticipo del contrato a Centros Poblados, aprobó realizar la transferencia del dinero a una cuenta de Citibank en Estados Unidos con un certificado bancario de 2017, pese a que en estos procesos se solicita que el comprobante no sea mayor a 30 días.
Jorge Pino, apoderado de la Unión Temporal Centros Poblados, ha indicado que solo un juez puede decir si la garantía presentada en el proceso es falsa.
Mauricio Moreno
El 13 de agosto, el Ministerio de las TIC declaró en una audiencia la caducidad del contrato por la presentación de documentación falsa, por parte del contratista, hecho que fue catalogado como "una falta grave".
Esta situación llevó a que cesaran también todos los contratos que los miembros de Unión Temporal Centros Poblados tenían con el Estado y al embargo de las cuentas de los contratistas.
Karen Abudinen, ministra de las TIC.
César Melgarejo. EL TIEMPO
En la Comisión Sexta del Senado, la ministra Karen Abudinen señaló que, debido a la caducidad del contrato, se le adjudicará el nuevo proyecto a ETB NET, que fue la empresa que obtuvo la segunda mejor calificación en este proceso. En ese momento, la funcionaria indicó que esperaban que para el 30 de septiembre el contrato ya estuviera firmado.
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Cuando se conoció el anuncio, ETB se manifestó de acuerdo con la decisión y aseguró que tienen la capacidad de cumplir con el contrato. Aún no se conocen cuáles serán los impactos que tendrá la salida de la ministra en la adjudicación de este nuevo proyecto.
Una vez se revelaron las irregularidades, se conoció la salida del director de infraestructura de esta cartera, Camilo Jiménez, al igual que la de otros siete funcionarios de esta área.
A esto se suman las recientes renuncias, el martes pasado, de dos de las funcionarias más cercanas a la ministra Abudinen: la secretaria general del Mintic, Adriana Meza, y la subdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela.
Estos funcionarios están vinculados al proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría a mediados de agosto por el contrato y el adelanto por más de 70.000 millones de pesos que recibió Centros Poblados.
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TECNÓSFERA
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