"El punto de esta discusión no es si es legal, si hay competencia desleal, si soy o no pro-uber, sino que hay un fallo que no se está cumpliendo. Han pasado 24 días desde que un juez le ordenó cesar actividades", ese el argumento que llevó a Nicolás Alviar, el abogado demandante contra Uber ante la SIC, a radicar una denuncia penal contra la empresa de movilidad.
Mientras tanto, en respuesta a las conversaciones del Ministerio de Transporte con congresistas autores de un proyecto de ley que busca reglamentar plataformas tecnológicas, aplicaciones de este segmento como Didi, Cabify y Beat apoyaron una iniciativa legislativa que formalice la actividad.
Alviar contó a EL TIEMPO que la denuncia penal queda ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, institución que deberá establecer si existen las pruebas de la comisión de un delito e iniciar el debido proceso.
El delito del que acusan a Uber es el de "fraude a resolución judicial", tipificado en el artículo 454 del código penal. Este proceso contempla penas de entre 1 y 4 años de cárcel para los representantes legales y una multa entre los 5 y 50 smlv.
Creemos que la 'bulla' de Uber es para dilatar el cumplimiento de la sentencia y ese no debe ser el mensaje para el país
"Durante semanas analizamos la situación y después de una reunión con mis clientes (Taxis Libres y Cotech) consideramos que existen antecedentes claros (...) los comunicados y la bulla de Uber de las últimas semanas buscan dilatar la sentencia. Han pasado cerca de 25 días desde la orden judicial y no vemos una intención real de cesar las operaciones, como exige la decisión de cumplimiento inmediato", explicó el abogado.
Según Alviar, esta es una "actitud constante" en otros procesos en España y Argentina.
"El mensaje de Uber implica que cualquier particular o empresa que tenga recursos y reconocimiento puede incumplir un fallo a su discreción". El abogado asegura que no solo no han cumplido sino que además están colocando "condiciones para cumplir".
"Esto es muy peligroso. Al decir que hasta febrero desactivan su aplicación o que se van de Barranquilla primero y luego si del resto del país es hacer caso omiso a lo 'inmediato' del fallo y mostrar que van a cumplir como quieran (...) ¿un condenado por homicidio podría pararse en el juzgado y decir 'voy a la cárcel en un mes'?", cuestiona.
Mientras se analiza el apoyo del gobierno a reformas que podrían abrir paso a las aplicaciones de movilidad compartida, Uber manifestó que aunque es un comienzo, no es suficiente, pues los plazos apremian.
Según dijo en un comunicado, mientras se analiza la propuesta de ley "la única plataforma que no operaría si se escoge exclusivamente el camino legislativo, sería la aplicación de Uber, lo cual dejaría a 88.000 socios conductores registrados en la aplicación sin la oportunidad de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias y a dos millones de usuarios sin la opción de elegir cómo se mueven por las ciudades, a partir del 31 de enero de 2020".
Aunque expertos han señalado que sería una 'distorsión del mercado' el hecho de que las otras aplicaciones operen en un limbo jurídico por el que Uber ya fue juzgado, Didi, Beat y Cabify apoyan la idea de una regulación vía legislativa.
Por su parte, Didi reveló que desde que entró en Colombia, en 2018, ha logrado convocar a 100.000 socios-conductores y socios-taxistas en su aplicación.
"Confiamos en que nuestra experiencia global conectando mediante la plataforma servicios de movilidad en carros particulares y también en taxis, puede ser de gran utilidad en los diálogos intersectoriales que se han anunciado y que serán fundamentales en el desarrollo de un marco regulatorio más equilibrado para todos los actores", reza el comunicado.
Por su parte, Cabify, dijo aplaudir la iniciativa del Gobierno Nacional de respaldar un proyecto de regulación para el servicio de transporte de pasajeros intermediado por plataformas, "que busca consolidar las nuevas formas de movilidad urbana y darle claridad, seguridad y equilibrio a las condiciones bajo las que operan los nuevos modelos de transporte, mientras se flexibilizan las cargas regulatorias para el taxi y moderniza su servicio".
Para la empresa, se trata de un "paso trascendental para abordar un debate de importancia nacional y en esa misma línea alentamos al Congreso y al Gobierno a priorizar su debate y poder llegar pronto a resultados concretos traducidos en una regulación moderna que beneficie a los usuarios y a los actores del sector".
Además, Beat, también en un comunicado firmado por el gerente general de la firma en Colombia, Mauricio López, dijo que mantienen la esperanza de que "se abra un debate para crear una discusión acertada en la cual se tenga en cuenta a todas las partes y se priorice al ciudadano. La situación actual es desafortunada pero creemos que naturalmente acelerará las discusiones con los actores relevantes. Corroboramos nuestra continua disposición de aportar con nuestro conocimiento a crear unas reglas de juego claras para todos".
Sobre estos pronunciamientos y sobre la posibilidad de una regulación actualizada, Alviar, como vocero de Taxis Libres y Cotech, comentó que los requisitos para 'equilibrar la cancha' son claros.
"Si van a regular a esas plataformas, deben obligarlas a respetar las tarifas reguladas. No puede ser que cada empresa ponga las tarifas si se vuelve un servicio público. La segunda condición es que las plataformas deben habilitarse como empresas de transporte o de tecnología en sector transporte, y la tercera es que el Gobierno, nacional y local, restrinja que se preste el servicio en vehículos particulares, pues afecta la movilidad y la competencia con el tema de los cupos", expresó el demandante.
En otras palabras, los taxistas seguirían pidiendo que las tarifas se regulen, que existan obligaciones como empresas de transporte y licencias o matrículas especiales que identifiquen claramente a los prestadores del servicio.
REDACCIÓN TECNÓSFERA
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