En una comunicación oficial, Uber declaró al Gobierno Nacional su intención de llevar la controversia del fallo judicial que lo obligó a cesar operaciones en el país hasta un arbitraje internacional, por una potencial violación al tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
La movida de Uber llega tras un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del 20 de diciembre del 2019, por una demanda por parte de Cotech y Taxis Libres, que arrancó en 2016.
La comunicación fue conocida ayer, tres días después del apagón de la aplicación de movilidad y de una sorpresa que nunca llegó. En ella, Uber argumenta un trato discriminatorio, y los abogados revelaron una estimación provisional por daños superiores a los 250 millones de dólares.
Según Uber, el Gobierno “omitió brindar a Uber y a sus inversiones el mismo trato favorable que Colombia provee a inversionistas colombianos y de terceros países en la industria de plataformas de movilidad”, incumpliendo así las obligaciones de trato justo y equitativo “al adoptar medidas de efectos expropiatorios y causar millonarios perjuicios”. Antes de conocerse la comunicación de la empresa, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, le había expresado días atrás a EL TIEMPO que “para prevenir que se dé la demanda la Agencia ha hecho reuniones con distintas áreas del Gobierno para analizar las opciones”.
Días antes del apagón de la aplicación, Gómez también había expresado que aunque Colombia recibe la inversión extranjera, “aquí no puede tenerse una compañía sin que cumpla unas regulaciones mínimas (...) el presidente de Uber reconoció en entrevista con EL TIEMPO que ellos habían llegado a Colombia sin que existiera la regulación.
“Yo lo veo muy difícil –que Uber gane la demanda-, en su carta de intención dicen que hubo una persecución a Uber, pero ninguna entidad del país ha hecho una persecución”, dijo
Por su parte, el presidente Iván Duque habló sobre la posible regulación de las plataformas y expresó que hay que buscar una en que la prestación del servicio “tenga una cancha nivelada, con plenas garantías de que se va a presentar una competencia leal”. Y fue enfático en que el Estado no puede legislar para una empresa.
Una vía difícilAunque la aplicación ha dicho que prefiere encontrar una solución pronta, el anuncio llega en un momento en el que busca acelerar un posible regreso al país y así evitar la pérdida de los 88.000 socios conductores y 2 millones de usuarios que cultivó en los últimos seis años.
Según los abogados de Uber, las otras apps “no han sido sujetas al mismo trato y continúan operando en el país sin intervenciones similares”.
De acuerdo con expertos como Juan Fernando Córdoba, decano de Derecho en la Universidad de la Sabana, un proceso internacional puede tomarse varios meses.
Uber busca acelerar un posible regreso al país y así evitar la pérdida de los 88.000 socios conductores y 2 millones de usuarios que cultivó en los últimos seis años
“Todo puede ser parte de una estrategia (...) Uber busca mostrar que ha cumplido con una sentencia”.
Según explica el académico, una eventual disputa en el marco del TLC tiene varias instancias. La primera sería una negociación, “que es lo que ellos están buscando”- indica Córdoba -“Pero estos procesos pueden ser costosos y demorados”.
Después, vendría la intervención de una comisión donde se incluyen a los ministros de comercio de los dos países y, finalmente, si no hay una decisión, el caso iría a un panel arbitral.
“Teniendo en cuenta ese proceso, es bastante probable que Uber quiera mostrar que ha sido cumplidor de la ley, para que después no se le vaya a caer el proceso ante la comisión y ante el panel del TLC”, agregó.
Otras fuentes conocedoras del TLC con EE. UU., le explicaron a EL TIEMPO que hay una especie de vacío jurídico, ya que en dicho acuerdo no existen cláusulas puntuales que de forma taxativa le digan a un inversionista que debe cumplir determinadas leyes locales, ya que en su país de origen las normas pueden ser otras.
Para prevenir que se dé la demanda, la Agencia ha hecho reuniones con distintas áreas del Gobierno para analizar las opciones
Por ello, en el capítulo 10 del acuerdo, relativo a la inversión, existe una figura de ‘nivel mínimo’ de trato para las inversiones y, dentro de este aspecto, están los conceptos de ‘trato justo y equitativo” y del de “protección y seguridad plenas”.
En cuanto al primero, según el documento, se incluye la obligación de no denegar justicia en procedimientos criminales, civiles, contencioso administrativos, de acuerdo con el principio del debido proceso.
Por ello, según explican las fuentes, en una demanda de arbitraje internacional por asuntos puntuales entre el Estado, y en este caso Uber, la interpretación de los argumentos queda en un panel de terceros, quienes dependiendo de los argumentos de las partes y la interpretación que les den, pueden tomar una decisión en contra del país, pero también en contra de parte demandante.
Así, el caso de Uber en tribunales internacionales sería de los pocos en los que por la actuación de una entidad del Gobierno – el Ministerio de Transporte y la SIC- el país enfrente una demanda internacional (otro caso es el de Naturgy por la intervención de Electricaribe), ya que la mayoría de estos se han centrado en situaciones producto de decisiones de la Fiscalía, de la Contraloría y la Corte Constitucional.
REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET
