El debate por la legalidad de Picap, la 'app' de mototaxismo

El debate por la legalidad de Picap, la 'app' de mototaxismo

El emprendimiento colombiano defiende su idea a pesar de críticas sobre la seguridad.

Lanzamiento de Picap

Frente al cuestionamiento sobre el riesgo, el fundador de Picap Camilo Rodríguez asegura que las estadísticas de su plataforma ofrecen un panorama distinto.

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Jaime Moreno

Por: Linda Patiño - Redacción Tecnósfera 
02 de septiembre 2019 , 04:22 p.m.

Mientras que el gobierno lleva años debatiendo sobre la cuestionada legalidad de servicios como Cabify, Uber, DiDi o Beat, Picap, que se enfoca en motos, se ha expandido desde su creación a ciudades como Medellín, Cali, Bucaramanga, y más recientemente a Guadalajara, Lima y Ciudad de México. Al momento, ha sido descargada más de un millón de veces.

La aplicación ofrece un servicio de transporte compartido, conectando a pasajeros con conductores de motocicletas para realizar desplazamientos por una tarifa previamente establecida.

Según los creadores del servicio, en 2015 la aplicación empezó con 3.000 viajes diarios. Meses después, con campañas de mercadeo pasaron a 7.000, luego a 10.000 y 15.000.

Actualmente, desde mayo de 2018, se realizan entre 40.000 y 50.000 viajes diarios en Picap. Tienen 80.000 motos registradas, de las cuales, según cuentan unas 20.000 trabajan dedicadas. 

Sin embargo, los servicios de movilidad compartida en Colombia siguen siendo motivo de polémica. A inicios de marzo, el Ministerio de Transporte interpuso una demanda contra la aplicación móvil Picap, que surgió en Bogotá en 2015.

Mientras ellos están discutiendo y siguen buscando enmarcarnos como un servicio ilegal, nosotros buscamos formas de igualarnos a lo que se considera legal

El MinTransporte presentó el recurso ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la aplicación, argumentando que se trata de la prestación ilegal del servicio público de transporte de pasajeros.

Entre las razones el ministerio público argumenta que existen riesgos "inminentes" para los usuarios y pocas medidas de aseguramiento de los vehículos comprometidos.

Pero el debate no para ahí.

En una entrevista que concedió a EL TIEMPO a finales de febrero, el CEO de Picap, Camilo Rodríguez, aseguró que buscan ser reconocidos como un 'servicio privado'.

"Recientemente empezamos a implementar unos seguros, de pólizas de responsabilidad civil extracontractual, para toda la flota de motos, que cubre tanto al conductor como al pasajero en caso de accidente. Antes de esta decisión teníamos cobertura con el Soat", explicó Rodríguez, quien afirmó que las pólizas adicionales van a cubrir hasta 160 millones.

"Con esto buscamos, en la medida que el Estado y el mercado nos lo permita, generar unas garantías o cobertura similar a la que puede brindar el mismo transporte público", expresó el ejecutivo.

Pero Picap no es un servicio público como tal. El debate sobre la legalidad tiene varios ángulos.

Tampoco es posible garantizar, debido a la ilegalidad de este tipo de transporte, la idoneidad de los conductores para realizar este tipo de actividades

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó a EL TIEMPO que Picap no se encuentra autorizada para prestar servicio de transporte público y declaró que "quienes prestan este servicio están incurriendo en la infracción estipulada en el Código Nacional de Tránsito, catalogada como D.12: Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito".

Según la institución, dicha infracción implica una inmovilización del vehículo y multas. En una primera vez, el vehículo será detenido por cinco días; por segunda vez, veinte días; y por tercera vez. La multa es de 828.100 pesos.

Según el creador de Picap, han buscado aproximarse a los organismo de control de transporte, tanto a la Secretaría como al Ministerio. "Su intención ha sido enmarcar a Picap dentro de una figura de transporte público, en lo que estamos completamente en desacuerdo" apuntó Rodríguez.​

El empresario detalló que espera que se consolide un marco regulatorio en el que se le de prioridad al bienestar de los usuarios y los conductores. "Uber en México, por ejemplo, es considerada una plataforma de transporte privado, que enmarca solicitudes de servicio a través de una aplicación. No es salir a la calle y estirar la mano como si funciona un taxi o un bus", ejemplifica Rodríguez.

"Queremos que se genere la regulación que se deba generar para el bienestar de los colombianos, de los pasajeros y conductores. Por eso, paralelamente, mientras ellos están discutiendo y siguen buscando enmarcarnos como un servicio ilegal, nosotros buscamos formas de igualarnos a lo que se considera legal", añadió. 

Además de las reglas actuales de tránsito, las mismas que riñen con servicios como los de Uber, Cabify y Beat, por otro lado, están las preocupaciones por la alta accidentalidad de las motos y el desconocimiento frente a los protocolos de seguridad que podrían proteger a los usuarios.

Para la Secretaría "este tipo de vehículos no tiene un seguro que cubra las consecuencias de sufrir un incidente vial como lesiones, fallecimiento o daños a bienes de terceros víctimas del accidente o, en algunos casos, indemnización por las partes robadas del carro asegurado".

Según indican: "Tampoco es posible garantizar, debido a la ilegalidad de este tipo de transporte, la idoneidad de los conductores para realizar este tipo de actividades". 

Hemos hecho 4 millones de viajes en el tiempo que llevamos operando en Colombia. De esa cifra, solo hemos tenido 4 accidentes graves y 8 leves (...) Es un porcentaje de accidentalidad muy bajo (...)

Al respecto, Camilo Rodríguez aseguró que no cualquiera puede ser un 'motero Picap' y que el transporte bajo esta modalidad no es tan inseguro como muchos creen. 

"Los conductores habilitados no son unos novatos. Las personas que conducen con Picap tienen una experiencia en vías de al menos 3 años después de haber sacado su pase", explicó el CEO de Picap.

"Hasta la fecha, la mayoría de nuestros conductores han estado capacitados y conducen muy bien. Esto, unido a nuestras estadísticas, demuestran que el transporte bajo esta modalidad no es tan inseguro como muchos creen", agregó el empresario.

El proceso de selección, según dice la empresa, requiere que los motociclistas envíen documentos como Soat, licencia de conducción, tarjeta de propiedad y revisión tecnomecánica vigente. Después de un proceso de máximo 48 horas hábiles para validación de documentación y verificación de antecedentes judiciales y multas de tránsito, los conductores quedan activados para recibir servicios. Solo, advierte el emprendedor, " si cumplen con todo, pueden recibir servicios". 

Sin embargo, frente al cuestionamiento sobre el riesgo, el emprendedor asegura que  las estadísticas de su plataforma ofrecen un panorama distinto.

 "Hemos hecho 4 millones de viajes en el tiempo que llevamos operando en Colombia. De esa cifra, solo hemos tenido 4 accidentes que se pueden considerar como graves (como fracturas) y 8 accidentes leves (como raspones o golpes que no requieren procedimientos quirúrgicos). Es un porcentaje de accidentalidad muy bajo que no concuerda con las estadísticas que maneja el Estado y su 'veto' a casi todos los moteros", indicó Rodríguez.

Por otra parte, dijo que la mayoría de las motos que tienen alto grado de siniestralidad son las de alto cilindraje. "Las motos que hacen parte de Picap son de bajo cilindraje porque son conductores con un nivel adquisitivo que no es tan alto y compran vehículos que estén a su alcance y les permitan generar ingresos", aseguró el ejecutivo.

La Secretaría Distrital de Movilidad, en conjunto con la Policía de Tránsito, según datos al 31 de enero de 2019, realiza en promedio unos 38 comparendos por día a vehículos que prestan servicios de transporte ilegal por la infracción D.12.

"En 2018 se realizaron 5.152 operativos contra el transporte ilegal en Bogotá, frente a 2.773 realizados en 2017. Estos arrojaron un total de 15.748 comparendos impuestos durante el año frente a los 11.293 que se impusieron por esta causa en 2017", expresó la entidad.

LINDA PATIÑO 
REDACCIÓN TECNOLOGÍA
En Twitter: @LinndaPC

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