A días de haberse ido del país y en medio de la tensión regulatoria para las aplicaciones de movilidad compartida, Uber reveló una carta con su intención de demandar al Gobierno colombiano por incumplimiento al tratado de libre comercio (TLC). Entre los argumentos, los abogados dieron una estimación preliminar de daños por 250 millones de dólares. Sin embargo, ¿cuánto dinero se movía en Uber en el país?
Uber salió de Colombia a la media noche del 31 de enero para dar cumplimiento a un fallo judicial del mes de diciembre, que es una decisión de primera instancia por parte de la SIC a raíz de una demanda por competencia desleal adelantada por el grupo Taxis Libres y su operador Cotech.
Aunque Uber ha dicho que prefiere soluciones por vías del diálogo y están en curso algunas acciones populares como tutelas de socios-conductores, la carta que se conoció esta semana y que iba dirigida al presidente, Iván Duque, agrega presión en el ambiente.
(Lea aquí las vías que plantea Uber para su regreso a Colombia)
Para la aplicación estadounidense existe una desigualdad de condiciones en el mercado. El fallo de la SIC, que llevó a la empresa a retirarse, no tiene efectos en los otros actores, lo que se traduce en que sus competidores pueden operar con normalidad y crecer en el mercado a costa de la salida del servicio, que fue pionero en el país hace 6 años.
Cabe aclarar que el proceso ante la SIC únicamente era contra Uber, pues inició en 2016 y aplicaciones como Beat o Didi llegaron años después al mercado.
Aunque hay claridad en que los 250 millones de dólares estimados en daños no son necesariamente una pretensión económica en una eventual demanda —que aún no ocurre y que primero pasa por pasos conciliatorios—, ese valor asciende a unos 842.000 millones de pesos (con tasa de cambio del dólar a 3.368).
La pregunta es si el negocio de Uber en el país efectivamente devenga dichos ingresos y las pretensiones están aterrizadas.
Según datos de la Supersociedades, Uber Colombia (razón social registrada en el país) no figura en el listado de las 1.000 empresas más grandes de Colombia, donde se ubican compañías como Ecopetrol, el Grupo Éxito, Terpel y EPS Sura, entre otras.
Basados en los reportes de Uber del año pasado, desde julio de 2018 y hasta octubre de 2019, la plataforma hizo un recaudo de 70.000 millones de pesos por concepto de IVA. Esta cantidad corresponde al impuesto de 19 por ciento sobre lo que se cobra a los usuarios de la aplicación por el uso de la aplicación.
Teniendo en cuenta esa cifra, se calcula que Uber haya recibido unos ingresos sin descuentos de IVA por 368.000 millones de pesos en esos 16 meses, lo que significaría que los usuarios pagaron unos 27.000 millones de pesos mensuales en Uber.
Con ello, el negocio a nivel nacional, solo en ingresos, estaría en alrededor de unos 8,6 millones de dólares mensuales (calculados con tasa promedio de cambio a 3.185 pesos en ese periodo). Para un estimado de 103 millones de dólares anuales.
EL TIEMPO preguntó a Uber si la estimación preliminar de 250 millones de dólares correspondía a alguna posible pretensión económica y a cuánto tiempo se proyectaron dichas ganancias en el país para estimar el daño, pero la empresa remitió a su comunicado, insistió en que se trata de estimaciones y no dio detalles sobre los planes en una futura demanda.
Tradicionalmente, en procesos legales en el marco del TLC el monto de las pretensiones lo definen los demandantes y si bien el monto suele conocerse desde el momento en que se notifica la intención de demanda, no es obligatorio establecer el valor de las pretensiones sino hasta cuando haya una demanda instalada ante un tribunal de arbitraje.
En el caso de Uber, eso no ha sucedido aún, pues solo se ha conocido que le envió al Gobierno colombiano una carta con la intención de demanda, y en una comunicación posterior mencionó que sus perjuicios habían sido de 250 millones de dólares, lo cual no es igual a las pretensiones que más adelante puedan establecer.
En los procesos, desde que sucede la notificación de la intención de demanda, existe un periodo prearbitral de 6 meses en el que las partes pueden reunirse para intentar resolver la controversia fuera del tribunal. Esa sería la etapa más precisa del proceso. En caso de que no logren resolver diferencias o llegar a acuerdos, la demanda sería instaurada ante un tribunal de arbitraje internacional.
Por el momento, Colombia enfrenta 12 demandas de arbitraje internacional por supuestas violaciones a acuerdos comerciales como el tratado de libre comercio con México en una demanda de América Móvil o el tratado de libre comercio con Canadá en demanda de Eco Oro Minerals Corp. por el páramo de Santurbán.
Además, figuran las siguientes disputas:
- Tratado de libre comercio con Estados Unidos, y tratados bilaterales de inversión con India y Suiza, por una demanda de Astrid Carrioza/Granahorrar.
- Tratado de libre comercio con Estados Unidos por demanda de los hermanos Carrioza.
- Tratado de libre comercio con Canadá por demanda de Red Eagle Exploration Ltd.
- Tratado de libre comercio con Canadá por demanda de Galway Gold Inc.
- Tratado de libre comercio con Canadá por demanda de Gran Colombia Gold Corp.
- Tratado de libre comercio con Estados Unidos por demanda de Ángel Samuel Seda y otros por el proyecto Meritage.
- Tratado de inversión bilateral con Suiza por una demanda de Glencore y Prodeco.
- Tratado bilateral de promoción y protección de inversiones con España por una demanda de Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy.
- Tratado bilateral de inversión con España por una demanda de Telefónica.
- Tratado de libre comercio con Estados Unidos (TPA) por una demanda de Amec Foster Wheeler USA Corporation (U. S.), Process Consultants Inc. (U. S.), Joint Venture Foster Wheeler USA Corporation and Process Consultants Inc. (U. S.).
Uber llegó a Colombia en octubre de 2013 y durante su periodo activo logró reunir más de 88.000 socios-conductores y 2 millones de usuarios en su plataforma. En ese periodo, la compañía realizó 300 millones de viajes en el país.
En diciembre, antes de conocerse el fallo de la SIC, Uber anunció el retiro de una inversión por 40 millones de dólares que tenía prevista en un plazo de 5 años en Colombia para la generación de un centro de excelencia en el país que proyectaba más de 600 nuevos empleos directos.
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