Como nunca antes, desde que la Corte Constitucional consideró por primera vez que la salud es un derecho humano fundamental (en la sentencia T-760 del 2008), los colombianos hicieron uso de las tutelas para reclamar acceso a servicios médicos, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que fue conocido por EL TIEMPO.
El documento, de la serie ‘La tutela y el derecho a la salud’, compila los datos del año pasado y da cuenta de que en ese periodo se interpusieron en el país 151.213 peticiones ante los tribunales por este concepto. En total se presentaron 614.520 acciones, una cada 51 segundos. Las tutelas correspondientes a violaciones al derecho de salud representaron el 24 por ciento, una cada tres minutos y medio, algo así como 411 cada día del 2015.
Ese número confirma una tendencia de crecimiento de las tutelas de salud que los colombianos deben presentar cada año para garantizar sus derechos en el sistema. En el 2014, se registraron 118.281, y en el 2013, 115.147, según ediciones anteriores del informe.
La mayoría de estas son por las barreras de acceso. El 64 por ciento de las tutelas presentadas reclamaban derecho a servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS), un fenómeno que -llama la atención la Defensoría del Pueblo- sigue sin resolverse, principalmente, por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
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“Aunque hemos denunciado en nuestros últimos estudios la violación sistemática de los derechos de los usuarios en cuanto a la constante negativa de acceso a las tecnologías en salud incluidas en el POS, el porcentaje continúa alto, con el agravante de que algunas de las EPS que los niegan recobran estas al Fosyga”, dice el informe.
Para la Defensoría es “insólito” que en la actualidad los ciudadanos deban seguir interponiendo tutelas para acceder a servicios como oxígeno, citas médicas, exámenes e imágenes diagnósticas básicas.
Las barreras de acceso que ponen las EPS son mayores, dice el organismo, cuando se trata de diagnósticos por enfermedades crónicas y de alto costo como de salud mental, hipertensión arterial y cáncer.
Las EPS más 'entuteladas'El informe también evidencia las EPS que más recibieron tutelas de sus usuarios en el 2015. Por cantidad, lidera SaludCoop, con 18,690 acciones en contra, 51 por ciento más que en el 2014. Si se suman las de Cafesalud, que recibió sus pacientes en el proceso de liquidación, serían 25.889 los recursos interpuestos.
En el caso de las entidades en liquidación, no se han adoptado medidas para garantizar que sus afiliados continúen con sus tratamientos y tengan mejores oportunidades de acceso a los servicios de salud, lo que, en últimas, se traduce en más y más tutelas, señala la Defensoría.
Cuando se analizan las tutelas contras las EPS por cada 10.000 usuarios, SaludCoop es la quinta con más acciones en contra, por debajo del Grupo Comfama/Alianza Medellín/Savia Salud; Servicio Occidental de Salud (SOS), Nueva EPS y Coomeva, que encabeza este listado.
El análisis, realizado en su totalidad bajo la dirección del defensor Jorge Armando Otálora, también destaca que este recurso era más solicitado en el régimen contributivo "a pesar de que los afiliados al régimen subsidiado es superior". Una condición que según la Defensoría se explica, entre otras razones, en la creencia generalizada de que este servicio es gratuito para la gente sin recursos, por lo que no se le puede reclamar nada al Estado.
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Si bien en el 2015 Antioquia vuelve a aparecer como la región donde más se presentan tutelas para la salud, con 32.540, la Defensoría del Pueblo hace énfasis en la situación de La Guajira y el Chocó, dos de los departamentos con más problemas de índole social y de salud que, paradójicamente, fue donde menos se usó el recurso, con 7,5 y 10,26 por cada 100.000 habitantes, respectivamente.
De acuerdo con el documento, las razones para que estas poblaciones no recurran a las tutelas son el desconocimiento de este mecanismo constitucional y barreras de tipo cultural, geográficas y de acceso a la justicia.
Una región que tuvo un repunte de tutelas presentadas en el 2015 fue Norte de Santander, con 8.171 acciones, en parte, asegura el organismo, por el cierre de la frontera con Venezuela y los problemas de salud pública ocasionados por virus como el zika y el chikunguña.
Las recomendacionesLa principal conclusión de la Defensoría en el apartado de estas tutelas es que a los colombianos no se les está garantizando el goce efectivo al derecho a la salud. Por eso, según manifiesta la entidad, el problema no es la figura consagrada en la Constitución como tal, sino la permanente necesidad de utilizarla por parte de los usuarios ante las barreras de acceso que imponen las EPS.
“Las cifras indican la existencia de un claro desequilibrio entre la capacidad del Estado para inspeccionar, vigilar y controlar a los actores del sistema de seguridad social y la falta de atención que los usuarios evidencian en el contacto diario y directo con las entidades que deben sumistrárselos”, cita el informe.
En el campo de las recomendaciones, la Defensoría invita también al Ministerio de Salud a reglamentar cuanto antes la Ley Estatutaria de la Salud, la cual ve como “una oportunidad para eliminar las barreras de acceso, desplegar acciones positivas para los factores determinantes del sistema, implementar un modelo de atención centrado en el usuario y desarrollar el plan de beneficios por prestaciones implícitas”.
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