En un documento radicado este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio pidió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca un documento en el que solicita el levantamiento de la medida cautelar y autorización de la enajenación de Cafesalud a Prestasalud.
La Superindustria argumenta que no encontró violaciones de la libre competencia económica en el proceso de venta de la EPS más grande d vel país, por el solo hecho de tener una oferta integral.
“La Superindustria presentó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la prueba de que Prestasalud sí cumplió con la obligación de solicitar la autorización previa de la autoridad de competencia para llevar a cabo la compra de Cafesalud”, cita el documento.
Prestasalud sí cumplió con la obligación de solicitar la autorización previa de la autoridad de competencia
La entidad argumenta que el solo hecho de existir una única oferta integral no desconoce la libre competencia si durante el proceso de venta se garantizó la posibilidad real de que varios oferentes pudieran participar. De acuerdo con el organismo, en el proceso de venta de Cafesalud se “observó que sí se habría garantizado la pluralidad de oferentes” por las siguientes razones: Se presentaron inicialmente 23 potenciales interesados que enviaron documentos de acreditación. De los 23, nueve fueron aceptados como interesados acreditados. En la etapa final, la EPS Sanitas presentó una oferta –exclusivamente por el régimen contributivo- de 270 mil millones de pesos; mientras que Prestasalud ofertó 1,45 billlones de pesos por el régimen contributivo, el régimen subsidiado y Esimed.
Por su parte, el Ministerio de Salud presentó este miércoles un recurso de reposición a la magistrada Claudia Elizabeth Lozzi Moreno, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como respuesta al auto que el pasado 9 de junio ordenó suspender la venta de Cafesalud.
El Ministerio de Salud cuestionó a los accionantes de la medida cautelar que derivó en la suspensión de la venta de la EPS Cafesalud y aseguró que con afirmaciones “temerarias” se “induce al error” al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el pasado 9 de junio ordenó la suspensión de la transacción.