Estas serían las bases definitivas para acceder al aborto legal

Estas serían las bases definitivas para acceder al aborto legal

Minsalud publicó borrador de resolución que fija parámetros, conceptos y rutas de atención.

Aborto

El 45 por ciento de los abortos que se practican en el mundo se consideran inseguros.

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Médicos Sin Fronteras

Por: Unidad de Salud de EL TIEMPO
25 de octubre 2019 , 12:17 a.m.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) está despenalizada en Colombia para tres casos específicos desde hace 13 años.

Sin embargo, la Corte Constitucional conminó al Ministerio de Salud el 24 de abril pasado, a través de la sentencia 096, a expedir una resolución de unificación de la jurisprudencia en esta materia en un plazo de seis meses, que se cumple este jueves.

En ese sentido, hace pocos días el Ministerio emitió un borrador de resolución, cumpliendo la orden de la Corte, que aclara conceptos, define competencias y establece rutas claras de atención para las mujeres que quieran acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en un contexto de integralidad, oportunidad, suficiencia y seguridad para las solicitantes dentro del sistema de seguridad social.

Entre otras, el borrador establece que no puede haber injerencia del personal de salud en la decisión, que se deben seguir protocolos para establecer si se cumple cualquiera de las tres causales permitidas, que no se pueden exigir requisitos adicionales a los exigidos, que se deben capacitar a los profesionales en temas de género e IVE y que a este derecho se puede acceder en cualquier edad gestacional.

Por otra parte, unifica los elementos en torno a la objeción de conciencia y deja en claro que los profesionales de la medicina pueden eximirse de practicar la interrupción del embarazo por esta razón "si y solo si se garantiza la prestación de este servicio en condiciones de calidad y de seguridad para la salud y la vida de la persona gestante que lo solicite, sin imponerle cargas adicionales o exigirle actuaciones que signifiquen obstaculizar su proceso".

En ese sentido, se indica que la objeción de conciencia puede ser presentada únicamente por el personal que realiza directamente la intervención y nunca por el personal que realiza funciones administrativas, ni de quien lleve a cabo las actividades preparatorias de la intervención o tenga a su cargo actividades posteriores.

Y el borrador de resolución define igualmente sanciones para quienes interpongan barreras de acceso a este derecho. 

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Vale aclarar que en la resolución se tienen en cuenta los parámetros que protegen la intimidad, la privacidad y la no discriminación de la solicitante además de que se establece un sistema de información efectivo para involucrar a las autoridades en caso de ser requerida algún tipo de investigación.

Esta resolución se encuentra publicada a la espera de comentarios de los interesados, para lo cual solicita a la Corte un plazo de dos meses adicionales para que quede en firme.

Puede consultarla aquí.

El contenido

Aunque esta resolución no añade nada nuevo a lo que ha dicho la Corte y solamente unifica conceptos que habían salido en diferentes sentencias, sirve para dejar en claro todo lo relacionado con este derecho.

Estos son algunos de sus principales puntos:

Se deben garantizar y prestar con calidad, y con los enfoques de género e interseccional los servicios relacionados con la IVE a las personas en cualquiera de las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006 (salud de la madre, malformación del feto incompatible con la vida o embarazo producto de abuso), de acuerdo con su capacidad técnica y los servicios de salud que tengan habilitados donde puedan llevarse a cabo los procedimientos.

Se deben garantizar que la prestación del servicio para la IVE se haga con privacidad, privilegiando la intimidad, seguridad y tranquilidad de la persona, y con el fin de evitar cualquier injerencia en su decisión por parte de personal médico, asistencial, administrativo, humanitario, misional o de cualquier tercero.

Se deben adoptar protocolos de diagnóstico oportuno que permitan determinar si la persona en gestación se encuentra en los supuestos despenalizados mediante la Sentencia C-355 de 2006.

Se debe contar con profesionales de la salud y con personal asistencial y administrativo sensibilizado en enfoque de género, capacitado y entrenado en la prestación de servicios relacionados con la IVE.

Se deben organizar adecuadamente sus servicios garantizando la disponibilidad permanente de profesionales que lleven a cabo los procedimientos para la IVE.
Se deben tomar las medidas conducentes a evitar que el personal médico, asistencial y/o administrativo exija documentos o requisitos adicionales a los establecidos en la Sentencia C-355 de 2006 para la práctica del procedimiento para la IVE.

Se debe garantizar el funcionamiento de un sistema de referencia y contrarreferencia que permita contar con un número adecuado de prestadores de servicios de salud habilitados para prestar los servicios donde se puedan llevar a cabo los procedimientos para la IVE en cualquier edad gestacional.

Abstenerse de generar barreras que den lugar a la dilación de la prestación del servicio de IVE e incidan injustificadamente en el incremento de la edad gestacional.
Se debe informar a las autoridades competentes como la Policía Nacional cuando se ejecuten actos por parte de terceros que pretendan alterar o perturbar la prestación de los servicios relacionados con la IVE o busquen limitar el acceso de las personas o personal de salud a sus instalaciones.

Se debe entregar y publicar periódica y activamente información sobre la existencia, alcance y requisitos del derecho constitucional a la IVE en las causales despenalizadas y el derecho de sus usuarias de acceder a estos servicios.

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