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Así es la reforma a la salud que quiere impulsar el Gobierno
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Así es la reforma a la salud que quiere impulsar el Gobierno

Integraría regímenes contributivo y subsidiado. 250 organizaciones pidieron que se archive proyecto.

Mensaje de urgencia envió el presidente Iván Duque a la Comisión Séptima del Senado para tramitar el proyecto de ley 010, que dicta disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud y la sostenibilidad de este sistema en el país. En esencia, se trata de apoyar un proyecto presentado por Cambio Radical, con el aval del Gobierno Nacional y la coalición legislativa, que tiene como objetivo realizar cambios en el sistema de salud y que antes de iniciar sus debates ya empieza a generar controversia.

En la propuesta, reunida en 13 capítulos y 68 artículos, se tocan aspectos fundamentales como darle valor territorial a la cobertura sanitaria de la población, con un enfoque familiar y comunitario, enfatizando en la promoción y la prevención, además, según sus proponentes, dignificar el ejercicio de los trabajadores de la salud y garantizar la disponibilidad de servicios en zonas marginadas.

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En ese contexto, se sugiere la puesta en marcha de un “Modelo de Atención Primaria en Salud” a través de redes de prestación de servicios, fundamentadas en médicos de familia y complementadas por equipos de medicina y atención móvil.

Entre los puntos principales de esta reforma está la desaparición de las EPS, que tomarían la forma de Aseguradoras en Salud (AS), a través de una transición en la que por una vez las actuales empresas podrán transformarse, fusionarse, extinguirse o liquidarse. Por su parte, los regímenes contributivo y subsidiado actuales se integrarán en un período de dos años en un único régimen con beneficios equivalentes para toda la población.

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También se incluye en el proyecto que cada colombiano estará adscrito a un prestador primario de servicios y a un médico con enfoque de familia y comunidad, con capacidad resolutiva que podrá ser elegido libremente.

Frente al reconocimiento de la salud para cada colombiano habrá una Unidad de Pago por Capitación (UPC) que será reconocida con base en el riesgo individual de los afiliados y que podrá incrementarse según resultados favorables de los indicadores de salud obtenidos por cada aseguradora.

Por el lado de la prestación de servicios, se favorecerán los giros directos para los hospitales y, de acuerdo con el proyecto, se fortalecerá la capacidad de los prestadores públicos.

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Un Plan Nacional cada cinco años y un Plan Básico de Promoción y Prevención cada dos años será la forma como se manejarán los asuntos de salud pública. El articulado precisa que el Gobierno y las entidades territoriales cubrirán acciones específicas, sin dejar de lado que deberán existir planes regionales de salud, cuyo cumplimiento será insumo fundamental para la habilitación de las Aseguradoras en Salud.

Como estrategia para frenar la tercerización de los trabajadores de la salud, se prohibirá la contratación a través de este método, y los perfiles profesionales de los médicos serán acordados de manera conjunta por los ministerios de Educación y Salud.

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El articulado también contiene puntos específicos sobre financiación, ordenamiento de las cuentas y proyecciones hacia la sostenibilidad del sistema, además de otras disposiciones.

Desde el momento de su radicación, un proyecto de esta magnitud, que impacta a los casi 50 millones de colombianos que viven en el país, ha merecido opiniones que van desde el apoyo pleno hasta la descalificación absoluta, pasando por conceptos que manifiestan que, aunque insuficiente, el proyecto podría mejorarse.

Por el lado de la prestación de servicios, se favorecerán los giros directos para los hospitales y, de acuerdo con el proyecto, se fortalecerá la capacidad de los prestadores públicos

Voces encontradas

Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, dice que esta iniciativa tiene aspectos destacados como la intención de crear áreas territoriales de salud, la depuración del aseguramiento y la apertura para subsidiar la oferta de los hospitales públicos, además de la libertad de elección de los usuarios en los niveles primarios y el avance hacia los giros directos universales y la creación de redes integrales y los fondos de garantías.

Sin embargo, considera que se debe mejorar el alcance de algunos componentes como el aseguramiento para garantizar el carácter público y específico de los recursos, la redefinición de algunas funciones del Banco de la Salud, además de precisar algunos artículos para evitar reglamentaciones posteriores.

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Gustavo Morales, presidente de Acemi (gremio que reúne a las principales EPS del contributivo), dice que el proyecto no responde a lo que la pandemia de covid-19 puso de presente sobre el sistema de salud y que se mueve en forma ambivalente entre la intención de fortalecer el aseguramiento a través de entidades no estatales que gestionan el riesgo, pero que a la par se enfrentan a reglas que restringen dicha posibilidad.

Además, plantea reparos frente a los grupos de recursos y la definición de las primas correspondientes, que en su concepto no responden a lo establecido en la Ley Estatutaria de Salud, sin dejar de lado que lo planteado no permite crear una verdadera industria del aseguramiento del país.

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En una carta enviada la semana pasada al Congreso y firmada por más de 250 organizaciones gremiales sociales y sindicales relacionadas con el sector sanitario se solicita el archivo de dicho proyecto por considerar que es contrario al bloque de constitucionalidad que garantiza el derecho fundamental a la salud.

En la misiva, suscrita entre otros por la Asociación Médica Sindical (Asmedas), la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, la Federación Médica Colombiana, decanos de facultades de medicina y los Médicos Unidos de Colombia, se considera que el articulado es una “profundización del negocio de la salud, por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros” y que, además, retoman normatividad vigente y fallida que no ha resuelto los problemas que han llevado al sector a la crisis por la que atraviesa.

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Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica de la Andi, dice que el proyecto de ley plantea reformas estructurales que son desarrollos pendientes de la Ley Estatutaria de Salud, pero manifiesta su inquietud por la implementación de una reforma de este nivel en momentos en que el covid-19 ocupará la atención de lo que queda a este gobierno, sin dejar de lado que hay temas urgentes como el del acuerdo de punto final, la política para el saneamiento financiero del sistema.

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