La octava fue la vencida. Por primera vez desde que se comenzó a hablar de los riesgos para la salud que conlleva el uso del asbesto, y tras siete proyectos de ley hundidos, el Congreso aprobó en Senado y Cámara la iniciativa para prohibirlo en el país.
Este martes, la Cámara de Representantes en sesión plenaria prohibió la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquiera de las variedades del asbesto y de los productos elaborados con dicho mineral en el territorio nacional.
El asbesto, que según Greenpeace en solo tejas habría cubierto más de tres veces la superficie de Colombia y en tuberías le habría dado la vuelta al país 23 veces, a partir del momento en que se firme la ley y de acuerdo con plazos por establecer, no se podrá utilizar en las industrias de la construcción y la automotriz, entre otras, que hace décadas lo emplean como materia prima.
Como la evidencia científica lo ha demostrado, el asbesto es carcinógeno porque al quedar suspendidas en el aire sus fibras entran a las vías respiratorias y causan una enfermedad llamada asbestosis que, en la mayoría de los casos, desemboca en mesotelioma, un mortal cáncer de pulmón, y otras alteraciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 125 millones de personas están expuestas a esta fibra, y más de 110.000 mueren al año a causa de alguna enfermedad respiratoria producida por el asbesto. En Colombia, aunque no hay datos exactos, se estima que mueren más de 300 personas al año por estas causas.
Si bien voceros de Ascolfibras le dijeron a este diario que desde hace año y medio la gran industria dejó de usar el amianto, como también se le conoce, en cualquiera de sus productos terminados porque han migrado a materiales sin este riesgo, manifestaron estar a la espera de los plazos que se definan hacia el futuro.
A pesar de ser un paso histórico, los textos aprobados en Senado y Cámara aún guardan diferencias clave de cara a la implementación de cualquier medida, que deberán ser resueltas en la conciliación antes de pasar a sanción presidencial. En el de Senado, por ejemplo, el plazo para la transición a otros materiales es de 5 años, mientras que en el de Cámara es de año y medio (enero de 2021).
Esto implica que las industrias, específicamente las que no han hecho el cambio, como la automotriz y la textil, deben buscar otros materiales para reemplazar el asbesto en un sus procesos y/o productos.
El otro punto en discordia en el texto es que en el de la primera corporación se permite la explotación del mineral para la exportación, algo que prohíben tajantemente los representantes, según uno de los ponentes en Cámara, Henry Correal.
En el país solo se explota una mina ubicada en Campamento (Antioquia), que según esta empresa que emplea a 250 personas, produce 1.000 toneladas al mes.
Otro punto clave es qué debe pasar a futuro con las estructuras de asbesto instaladas. Mientras el proyecto de Cámara establece un plazo para el desmonte y previa reglamentación, el texto de Senado no contempla este aspecto.
De todas formas, en caso de que el proyecto de ley salga adelante, su implementación debe responder a varias preguntas. El representante Correal es enfático en decir que el proyecto es claro en que se deben reglamentar con juicio todos los procesos de sustitución y desmonte del asbesto en estructuras ya instaladas. En otras palabras, hasta el momento en que se sancione la ley, el asbesto instalado es un producto legal y autorizado, y cualquier tipo de sanción actuará hacia adelante.
El congresista explicó que el proyecto aprobado en la Cámara da un plazo de 5 años al Gobierno para fijar esta política bajo la premisa de que el desmonte no se haga de manera autónoma, sin control alguno. “Esto no puede generar pánico ni convertirse en un negocio especulativo, desordenado y abusivo”, afirma.
A juicio de expertos como Juan Pablo Ramos, del departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, “lo peor que se podría hacer es salir en forma masiva y descontrolada a sustituir todo el asbesto que está en el país, pues sin los protocolos correctos se puede generar un problema más grave”.
Lo peor que se podría hacer es salir en forma masiva y descontrolada a sustituir todo el asbesto que está en el país
Dionne Alexandra Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, coincide en que este proceso “requiere de personal especializado, capacidades técnicas y aplicación de normas de bioseguridad muy estrictas para la remoción de productos que contienen asbesto, como tejas de viviendas, tanques de agua, entre otros, ya que las fibras microscópicas del asbesto pueden esparcirse en el ambiente y aumentar el riesgo de exposición”, agrega.
Hernando Nieto, médico salubrista, considera que es muy importante que el país defina claramente la disposición final de los escombros para que no sean un componente que a largo plazo genere concentraciones de este mineral dañinas para comunidades enteras.
El proyecto también plantea la construcción de una política de adaptación laboral, que quedará en manos del Ministerio de Trabajo para los trabajadores de las minas e industria del asbesto, en virtud del cual se dicten medidas que les garanticen ser reubicados en un trabajo que no genere las afectaciones a la salud.
Esto en razón a que, de ser conciliado el proyecto, la única mina que se explota en el país, la de Campamento, tendría que cancelar operaciones, dejando al 30 por ciento de esa población sin su actividad económica principal.
A esa misma política de adaptación laboral se pueden sumar todos los trabajadores que desde sectores artesanales acuden al asbesto como materia prima, como aquellos que trabajan con bandas de frenos.
En paralelo al proyecto de ley, varias regiones han avanzado para la eliminación del asbesto. En el Concejo de Bogotá, por ejemplo, se discute un proyecto de acuerdo que ordena que en los pliegos de condiciones o en los términos de referencia de cualquier tipo de contratación de las entidades públicas se indique de manera expresa la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto o sus derivados.
Por su parte, la gobernación de Boyacá firmó en mayo un decreto que prohíbe utilizarlo en la contratación pública. Lo propio habían hecho Tibasosa, Samacá, Villa de Leyva y Chivatá, en Boyacá; El Colegio, en Cundinamarca, y Lorica, en Córdoba.
Cabe recordar que en marzo, un juez de Bogotá le ordenó al Gobierno que, en un plazo de cinco años, sustituya el asbesto por otras materias primas.
Ante la aprobación del proyecto que prohíbe el asbesto, Jorge Hernán Estrada, presidente del gremio Ascolfibras, que reúne a las empresas más grandes con uso de este producto para aplicaciones industriales (Eternit de Colombia, Toptec S. A. e Incolbest S.A.) expresó: “Ascolfibras acatará y respetará en su integridad la ley aprobada, una vez entre en vigencia”. Esto, pese a que “puede tener un impacto difícil de medir en estos momentos, especialmente sobre los empleos indirectos”. Estrada recordó que “las compañías que fabrican materiales de construcción ya hicieron la transición a las nuevas tecnologías desde hace más de año y medio”.
No obstante, reconoció que en la industria automotriz, particularmente la de productos como bandas y pastillas para frenos, el panorama es distinto, pues “la demanda de sistemas de freno con estos materiales se da por la alta calidad del frenado y su impacto en seguridad vial”. Aún así, “las compañías de este sector tienen la capacidad de hacer la transición tecnológica para eliminar el uso de crisotilo en sus procesos productivos”, recalcó Estrada.
Ascolfibras enfatizó en que la eliminación del uso de asbesto en materiales de construcción se dio “de manera voluntaria por las empresas, respondiendo a tendencias del mercado y necesidades de los consumidores”. Además, el gremio subrayó que “las autoridades nacionales han expresado que los productos instalados que contienen crisotilo no generan ningún riesgo para la salud de quienes habitan en esas edificaciones, siempre y cuando se utilicen acorde con las recomendaciones técnicas de los fabricantes”.
CARLOS F. FERNÁNDEZ Y RONNY SUÁREZ
REDACCIÓN SALUD@SaludET