El Ministerio de Salud estableció, mediante la resolución 914 de 2020, el valor de referencia que las EPS deben pagar a las IPS por servicios en unidades de cuidados intensivos (UCI) para la atención de pacientes con covid-19 cuando no exista acuerdo entre las dos partes.
Según explicó María Andrea Godoy Casadiego, viceministra de Protección Social, esto se hizo a modo de regulación transitoria y excepcional, dado que en algunas regiones ya se presenta un aumento significativo de la ocupación de unidades de cuidado intensivo intermedio y de UCI adulto, pediátrico y neonatal a consecuencia de la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.
En esencia, la resolución fija unos valores de servicios para cuando no haya un acuerdo de voluntades entre asegurador y prestador.
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Y de esa forma estableció un valor día de $ 1’715.690 para atención en unidad de cuidados intermedios para adultos, $ 2’373.400 para UCI de adultos, $ 1’778.992 para unidad intermedio pediátrica, $ 2'160.780 para UCI pediátrica y $ 2'702.027 para UCI neonatal.
Estos valores tendrán descuentos cercanos al 10 por ciento para estancias de 10 días y más.
El Ministerio de Salud estableció el valor de referencia que las EPS deben pagar a las IPS por servicios en UCI para la atención de pacientes con covid-19 cuando no exista acuerdo entre las dos partes
También se ordena que una vez se confirme que el usuario requiere los servicios UCI la EPS deberá anticipar el 50 por ciento del valor, ya sea el pactado con la IPS o lo contenido en las tarifas de la resolución.
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La resolución no cayó bien dentro del gremio de hospitales y clínicas, quienes acusan que a sus ya disminuidas finanzas por la cesación de muchos servicios en medio de la pandemia deben enfrentar ahora tarifas impuestas que están muy por debajo de lo que hoy cuestan las atenciones.
Un directivo de un hospital le explicó a este diario, cifras en mano, que la tarifa diaria de UCI planteada por la resolución, de $2'373.000, no sería suficiente para cubrir el costo de este tipo de atención, porque, según lo observado en las últimas semanas, el valor diario promedio oscila entre $ 3’400.000 y $ 4’300.000.
Julio César Castellanos, director del Hospital Universitario San Ignacio, cuestionó duramente la resolución. “No se entiende cómo el Ministerio de Salud, que no ha logrado dar la liquidez adecuada a los hospitales, que no generó un pago por la disponibilidad y ampliación de capacidad, que en vez de señalar culpables de unas supuestas malas prácticas lanza una sombra de duda sobre el quehacer de todos, ahora expide una resolución a todas luces desenfocada y mal orientada”, aseveró.
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Castellanos argumenta que esta medida, además de fijar tarifas inferiores a los costos de operación, supedita la clasificación de la atención al resultado de una prueba de laboratorio (PCR), cuando los pacientes críticos se atienden en razón a su condición clínica, y “premia a las malas EPS”.
Las buenas EPS nos seguirán pagando a nuestra tarifa y a las que no tienen contrato, que generalmente no pagan a entidades de alta calidad, les hace más barata la atención forzada por urgencias
Otros temas delicados que menciona es que no está claro de dónde salió la información que usó el Ministerio para armar la resolución; que con esta medida se deterioran aún más las finanzas “del que hace todo el esfuerzo por mejorar continuamente”; y que va iniciar acciones “para corregir este grave error”, como una solicitud de la revocatoria directa al Ministerio y una demanda “tan pronto abran los juzgados”.
Más vocesEn ese sentido, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, el gremio hospitalario privado del país, le solicita al Ministerio de Salud un replanteamiento completo de la resolución, pues “la mayoría de sus componentes deben ser modificados”.
“El concepto de precio máximo en lugar de establecer un referente va a generar múltiples tarifas bajo ese techo; es decir, incrementará innecesariamente trámites y conflictos entre EPS e IPS. El establecer descuentos sobre el valor inicial a los 7, 10 y 15 días desconoce que en esta patología no se disminuye la intensidad de la intervención en ningún momento y mucho menos en pacientes complicados que requieran larga estancia”, agrega.
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Carlos Sefair, director de la Clínica Méderi, comenta por su parte que con esta resolución se regula el ingreso, “pero nunca se ha regulado el gasto”. “¿Quién controla que lo incluido en las canastas tenga un aumento hasta del 1000 %? ¿Será que las IPS son las únicas que tienen que obedecer a leyes de mercado de oferta y demanda?”, cuestiona.
Y, finalmente, Olga Lucía Zuluaga, directora ejecutiva de Acesi, gremio que integra a los hospitales públicos, asevera que generar tarifas de referencia muy por debajo de lo que se venía facturando a las EPS cuando no existían contratos “no solo va en contra de la estabilidad financiera de los hospitales, sino que no compensa estar con la capacidad instalada en espera del pico máximo de pandemia. Nos preocupa que los recursos están quedando en más EPS”.
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