Marcas indelebles en el cuerpo y en el alma son las que deja la pólvora, de por vida, en todos aquellos a quienes afecta. Esto, además del dolor eterno que produce entender que, por pequeña que sea la lesión, hubiera podido evitarse.

Cuesta trabajo entender que un elemento peligroso se ligue de manera tan ligera a la alegría y la celebración. Todo porque al confrontar el número de casos que se repiten año tras año, con muy poca mengua, tristemente se infiere que las fiestas de fin de año y el sufrimiento de víctimas quemadas parecen ir de la mano.

Aunque sería torpe desconocer los esfuerzos de las autoridades, reflejados en normas que prohíben la fabricación, la distribución y el uso de la pólvora, lo cierto es que aún parece distante ese cambio cultural para erradicar de las tradiciones el ruido, las luces, los colores y el olor que acompañan a la pólvora en su peligrosa puesta en escena.

Y no es una tradición cualquiera, porque parece afianzarse en algunas regiones y hasta transmitirse, como siguiendo un patrón genético entre familias, que solo muta cuando alguno de sus miembros desafortunadamente pierde algún pedazo de su cuerpo, cuando no la incapacidad de funcionar o, incluso, de estar vivo.

Es claro que no existe una pólvora segura y que produce daños por la combinación de tres elementos: la onda expansiva, la quemadura y el trauma directo. También, que los procesos de curación, además de dolorosos, son prolongados en medio de la angustia y los pronósticos inciertos.

De ahí que resulta difícil explicar por qué solo el año pasado 612 personas, de las cuales cerca de la mitad niños, resultaron quemados en medio de normas, advertencias y un sinnúmero de campañas.

Al tenor de esta evidencia, la prudencia exige una reflexión seria. Y esto debe empezar por reconocer que aún existe laxitud hacia los fabricantes de estos productos, que obtienen licencias con las cuales desbordan cualquier tipo de restricción y ponen comercialmente la pólvora en la mano de la gente, muchas veces frente a las mismas autoridades. Es lógico interpretar que si no hay venta, nadie compra.

Por otro lado, está la aplicación de las anunciadas sanciones, a quienes la usen y mucho más a los padres irresponsables que ponen el futuro de sus hijos por debajo de un mero capricho. El ICBF, las autoridades de policía y, en general la comunidad no pueden seguir volteando la mirada ante las luces y los truenos que fácilmente se ubican. Aquí es necesario actuar. El país no puede seguir convirtiendo en estadística y en boletines de prensa la cifra de quemados cada diciembre.

Hay normas suficientes. ¿Qué será lo que falta?

CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ
Asesor médico de EL TIEMPO

* Concepto y redacción editorial: Unidad de Contenidos Especiales de EL TIEMPO. Con el patrocinio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).