La mala calidad del aire –ocasionada por los elevados niveles de material particulado proveniente de la combustión vehicular y los residuos de las industrias– y la del agua –derivada de la falta de infraestructura y de las barreras de acceso– causan, cada año, al menos 17.500 muertes, de acuerdo con un informe que acaba de publicar el Instituto Nacional de Salud (INS).
El documento técnico al que tuvo acceso EL TIEMPO cuantifica, por primera vez, los principales factores de riesgo ambiental en el país y sus efectos en la salud pública. Lleva por nombre ‘La carga de enfermedad ambiental en Colombia' (impacto de la contaminación sobre muertes prematuras y discapacidad) y fue elaborado por el Observatorio Nacional de Salud del INS con base en datos locales del 2016 recopilados de diversas fuentes como el Dane, los registros de prestación de servicios, el Ideam y encuestas nacionales de salud.
Y es que si bien algunas mediciones ya habían cuantificado la pérdida de años de vida saludable de la población por las causas ambientales, este documento apela a la metodología del Estudio Carga Global de la Enfermedad, cuya más reciente publicación data del 2016, y calcula el número de muertes atribuibles a un factor a partir del riesgo relativo y la frecuencia de exposición, según datos de la Agencia Internacional de Investigación Contra El Cáncer.
Los investigadores del INS identificaron, con base en la evidencia científica disponible, cuáles son los factores de riesgo ambiental que causan enfermedad y muerte. Dichos factores se dividieron en tres categorías: la mala calidad del agua, la del aire y la contaminación por combustibles sólidos y metales. Carlos Castañeda, director técnico Observatorio Nacional de Salud y uno de los autores principales del informe, explica que de las 223.000 muertes registradas en Colombia en el 2016, el 8 por ciento se atribuyen a factores de riesgo ambiental. Muertes que si bien son absolutamente prevenibles, coinciden con las cifras globales de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las causas de muerte derivadas de la exposición ambiental fueron siete, según el informe: la enfermedad isquémica del corazón, el accidente cerebro– vascular, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), las infecciones respiratorias agudas, el cáncer de pulmón, la enfermedad diarréica aguda (EDA) y la enfermedad renal crónica. Las cataratas y la discapacidad mental también suman a la carga de la enfermedad ambiental, pero no ocasionan muertes.
Las conclusiones del estudio permiten, a la vez, comparar el impacto de los factores de riesgo ambiental con otras causas de mortalidad. De esa manera, se puede establecer que hoy la contaminación ambiental, con 3,4 % de la carga de la enfermedad general, es la séptima causa de pérdida de años de vida saludable, por encima de otros factores como el colesterol elevado, el bajo peso al nacer, el daño renal y los hábitos alimenticios perjudiciales, aterriza Castañeda. Por encima siguen estando la hipertensión (7,8 %), la obesidad (6,9 %), el consumo de alcohol (5,5 %), la diabetes (5,2 %) y el tabaquismo (4,8 %).
En términos de productividad, el informe del INS también encontró que anualmente, el país pierde, en promedio, 545.000 millones de pesos; algo como el 0,068 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por las muertes prematuras en personas en edad productiva causadas por los factores de riesgo ambiental.
Otro hallazgo, quizás el más serio y que confirma la preocupación de salubristas y ambientalistas, es la alta mortalidad que genera respirar de manera constante material particulado (PM 2.5 y PM 10), aquel que producen los motores de combustión, especialmente con Diesel o ACPM, y las emisiones de las industrias y las fábricas. El mismo que por su diminuto tamaño ingresa por la vía aérea y llega a la sangre y afecta todos los órganos y causa diferentes enfermedades.
El material particulado, dice el informe, está asociado al 13,9 por ciento (7.230) de todos los fallecimientos por enfermedad isquémica del corazón (infartos), que es la primera causa de muerte en Colombia. Dichas partículas también son responsables del 17,6 % de todas las muertes que se presentan en el país por EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) (3.873, en el 2016). Al contar todas las causas, al material particulado se le atribuyen 11.152 muertes en un solo año, el 64 por ciento del total relacionado por el Instituto a factores ambientales. Lo que en otras palabras quiere decir que dos de cada tres muertes asociadas a la contaminación son culpa estos residuos suspendidos en el aire.
Carlos Castañeda, director del Observatorio Nacional de Salud, sostiene que todas estas muertes podrían prevenirse si a los esfuerzos de las autoridades de salud se suman otros sectores, responsables de temas como infraestructura y planeación. “Para mejorar la calidad del aire no solo basta con que la gente tome precauciones, son necesarios cambios profundos en los tipos de vehículos que tenemos y en los desechos industriales que producimos, así como el acceso total a aguas seguras y la eliminación de combustibles sólidos”, indica.
En eso coincide Martha Ospina, directora del INS, al exponer que “los efectos del ambiente en la salud son un claro ejemplo de eventos que solo pueden ser controlados con una verdadera agenda intersectorial permanente y no como un asunto solo de los servicios de salud”.
El informe incluye recomendaciones como aumentar y promover el uso de energías alternativas al combustible y de medios de transporte complementario, promover mecanismos para desestimular el uso de vehículos y la construcción de viviendas con adecuados sistemas de almacenamiento de agua y alcantarillado, y hábitos de higiene en casa.
Juan Pablo Uribe, ministro de Salud, le dijo a este diario que el informe elaborado por el INS es apenas una “ventana al complejo reto que generan para la salud pública los temas medio ambientales” y, por tanto, “le deben seguir más esfuerzos con foco territorial y poblacional que guíen el trabajo intersectorial para reducir los riesgos en salud y mejorar la equidad y el bienestar en nuestro país”.
Por su parte Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, advierte que es urgente revisar, sobre todo en las grandes ciudades, la contaminación por combustión de los vehículos, lo que exige medidas definitivas para reemplazarlos por los que usen energías limpias. “Esto no debe ser un debate político, sino una obligación sanitaria. Estamos hablando de derechos inviolables”, indica.
César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, sostiene que si bien las cifras no son reveladoras, deben convertirse en base para generar políticas serias a favor del medio ambiente.
“Los muertos son muchos, en razón a que se pueden prevenir, y pasarlos por alto sin definir acciones específicas además de ser una irresponsabilidad raya con lo doloso”, concluye.
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