El sistema de salud se convierte por extensión en el responsable de garantizar la interrupción voluntaria de los embarazos (IVE) en los términos definidos por la Corte.
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De hecho, de acuerdo con la salubrista Elizabeth Beltrán, se deben reforzar las rutas y redes de servicios que permitan de forma ágil la solicitud de la realización de los procedimientos acordes con las condiciones de la madre, sus riesgos, el tiempo de gestación y el personal adecuado, en un marco que, además de la seguridad, provea las reservas, el amparo de la historia clínica y evite potenciales cuestionamientos y victimización de las solicitantes.
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Beltrán insiste en que estos procedimientos no son nuevos para el sistema de salud en razón a que se realizan desde la promulgación de la sentencia C-355 de 2006, que despenalizó la IVE para los casos de violación, malformación del feto incompatible con la vida y riesgo grave para la madre.
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Sin embargo, al modificarse los parámetros para poder acceder a estos procedimientos de manera voluntaria, sin que medien factores distintos que la voluntad de la mujer, siempre y cuando la gestación esté por debajo de las 24 semanas (por encima de este plazo se mantienen las causales anteriores), se asume que la demanda puede ser un poco mayor en estas primeras etapas.
Por supuesto, en este contexto, la despenalización del aborto se convierte para las EPS en un nuevo reto que consiste principalmente –de acuerdo con Beltrán– en definir unos procesos de atención que no generen barreras ni discriminación en las mujeres, en entidades que brinden los servicios en las mejores condiciones de calidad y que, idealmente, incluya todos los elementos de soporte integral, no solamente clínicos, sino también emocionales y sociales.
Quizás uno de los centros más seguros en los que una persona puede llevar a cabo este procedimiento es Profamilia. La ruta de de atención para este proceso incluye tres servicios:
Asesoría psicológica: profesionales en psicología ofrecen asesoría personalizada. En ella se exponen las diferentes alternativas del procedimiento dependiendo de las semanas de gestación, así como los factores de riesgo asociados a la intervención.
Medicina general: si luego de la asesoría, la mujer decide continuar con el proceso de aborto seguro, será remitida con un profesional en medicina para realizar el procedimiento más adecuado.
Control post-aborto: como parte del programa de atención integral en aborto seguro, cada paciente podrá tener de manera opcional un control post-aborto, entre cinco y quince días después del procedimiento. Este incluye asesoría en la elección de un método anticonceptivo para dar continuidad segura a sus respectivas vidas sexuales.
Recuerda:
Durante este procedimiento no se exige documentación adicional a la reglamentaria, no se realizan juntas médicas para determinar la veracidad del caso y los servicios garantizan que todo el proceso se hará en el menor tiempo posible, sin demoras injustificadas, con un trato humanizado y de calidad.
Las mujeres que requieran información y asesoría en servicios de aborto seguro pueden comunicarse a la línea nacional gratuita 300 912 4560, Bogotá (601) 443 4000, Cali (602) 386 0001, Medellín (604) 283 6688, Barranquilla (605) 319 7928 o a través de WhatsApp (+57 318 735 1722).
Otra opción es acudir directamente a la clínica Profamilia más cercana y tomar un turno para "Consulta de Embarazo No Deseado / Aborto", o solicitar una consulta a través de la página web.
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Además, Profamilia pone al alcance de las mujeres y personas con capacidad de gestar, una plataforma llamada 'Mia' que le ayudará a tener acceso a un servicio de salud integral para el aborto seguro a través de telemedicina. Esta herramienta funcionará hasta la semana 10 de gestación y tendrá cobertura en toda Colombia.
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