¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar el día en que amanezcan cerrados los hospitales de Colombia? Dicho así, de sopetón, parece imposible que semejante tragedia ocurra alguna vez. Pero lo más grave de todo es que, si las cosas siguen como van, ni siquiera está lejana esa catástrofe. Como lo están oyendo.
–Es que ya no aguantamos más –me dicen, con voz de desconsuelo, y en coro, los dos visitantes que acaban de llegar de Medellín–. Se nos está acabando el oxígeno porque no nos pagan.
Se les nota a leguas que están angustiados. Traen los maletines llenos de documentos. El uno es Mauricio Tamayo Palacio, director general de la Clínica CardioVID, y el otro, Luis Guillermo Saldarriaga, jefe administrativo del Hospital Pablo Tobón Uribe.
Son los voceros de la Alianza 14+1, que desde 1974, hace ya 43 años, congrega a hospitales y clínicas. Son, por encima de todo, un grupo de colegas y amigos. Se reúnen el primer miércoles de cada mes, hablan durante dos horas y media, almuerzan juntos, discuten, intercambian información y experiencias. No tienen un presidente, ni cuotas, ni votaciones ni nada de eso.
–Somos catorce clínicas y hospitales de Antioquia –me explican.
–¿Y el uno? –les pregunto–. ¿Quién es el uno?
–Ese uno que sumamos a nosotros –responden– es el paciente. Él es nuestra principal inquietud.
Las instituciones que integran la alianza tienen en Medellín más de 4.800 camas hospitalarias, que corresponden al 80 por ciento de las que hay en la ciudad. ¿Qué va a pasar con esos enfermos si se cierran los hospitales?
En Colombia existen en este momento alrededor de 1.800 hospitales y clínicas. En total, las entidades promotoras de salud (EPS) les deben 7,3 billones de pesos. Millones de millones, imagínese usted. Y eso que dichas cifras tienen casi un año de viejas: son de diciembre del 2016. ¡Cuánto será hoy!
De esos 1.800 centros hospitalarios, 149 operan en Antioquia. A ellos les adeudaban más de 2 billones al cierre de agosto pasado. En los últimos tres años esa deuda subió 61,3 por ciento. Lo que demuestra que, lejos de irse resolviendo, la situación es cada día más calamitosa.
–Eso ha acentuado la crisis social en nuestra región –me dicen los doctores Saldarriaga y Tamayo–. ¿Qué va a pasar con los 500.000 pacientes de urgencias que nuestra alianza atiende cada año? ¿Quién les va a pagar a más de mil proveedores que nos abastecen? Si esto sigue así, ¿qué va a pasar con nuestros 21.000 empleados? ¿Y quién va a atender a los enfermos?
Hay seis millones de antioqueños inscritos en el sistema de salud. Una gran parte de ellos –casi el 30 por ciento– son afiliados de una sola EPS que se llama Savia Salud. Es regional y opera bajo el régimen subsidiado, que es el de las gentes más pobres. Sus propietarios son la gobernación del departamento, la Alcaldía de Medellín y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama).
En este momento, Savia Salud les debe 512.000 millones de pesos a los integrantes de la alianza. La lista de los deudores es larga, y solo voy a entresacar a varios de ellos: Coomeva les debe 243.000 millones; la Dirección de Salud de Antioquia, 123.000 millones; Saludcoop, ya liquidada, les quedó debiendo 68.000 millones hace más de dos años; Cafesalud, la hermana de Salucoop, que también acaba de desaparecer, se quedó con 93.000 millones.
Y miren ahora lo más insólito, que sería cómico si no fuera trágico: Cafesalud fue vendida por el Estado colombiano, y sus compradores crearon una EPS nueva, llamada Medimás. Ellos dijeron, de forma tajante, que compraron la operación de Cafesalud, pero no sus deudas. De manera que no hay quien les pague a los hospitales. Como si fuera poco, la nueva Medimás, que apenas está empezando, ya le debe 3.200 millones a la Alianza 14+1. Es decir, no pagan la deuda vieja, pero tampoco la nueva. Los campesinos de mi tierra dirían que, como éramos pocos, parió la abuela.
Mientras vamos conversando, con el mar al frente, les pregunto a los doctores Tamayo y Saldarriaga por qué han dejado crecer tanto esas deudas.
–Porque al paciente hay que atenderlo –me contestan, con una sencillez apabullante–. Aunque las EPS no nos paguen. Y por eso se aprovechan de nosotros.
Han acudido a medio mundo para informar de lo que está pasando y del peligro en que se hallan clínicas y hospitales. Se han reunido con el Presidente de la República, el Ministro de Salud, el Superintendente Nacional de Salud –que acaba de ser suspendido del cargo por la Procuraduría General–, el Ministro de Hacienda, la Contraloría y la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, los congresistas, el Gobernador y los diputados de Antioquia, los concejales y secretarios de Salud de Medellín, el alcalde, las juntas comunales, los vecinos de las barriadas, las universidades, los periodistas. Solo les falta pedirle una cita a don Perico de los Palotes.
–Estamos viviendo una verdadera tragedia –agregan los doctores–. Somos víctimas de la cultura del no pago. Y los incumplidos no sufren ninguna consecuencia. Nosotros –clínicas, hospitales, médicos– debemos cumplir con todas las exigencias legales que nos hace el Estado, pero las EPS no.
En Colombia abundan las leyes, decretos y resoluciones que definen los plazos que tienen las EPS para pagar a los prestadores de salud, como clínicas y hospitales (me parece que nuestro sistema de salud tiene más leyes que pacientes). Pero nadie cumple esas normas y, lo que es peor, nadie las hace cumplir. Ya se sabe que aquí la ley es letra muerta.
¿Y el Estado? Está bien, gracias, y le manda saludos.
El Gobierno se declara sorprendido, según me comentan los doctores, porque algunos balances de contabilidad muestran utilidades en la operación de clínicas y hospitales.
–Son utilidades de papel, que aparecen en los libros, pero no en la caja. Y resulta que los hospitales se quiebran por la caja, no por el balance.
La corrupción que agobia a este país es tan monstruosa que ha llegado ya, inclusive, a las empresas de salud. Y eso que, según dicen, la salud es sagrada. Les voy a poner un ejemplo insólito que me contaron no solo los doctores de Medellín, sino de otras regiones del país.
Algunas EPS no mandan a su afiliado con orden escrita a una clínica determinada, porque le deben mucha plata, sino que hacen lo siguiente: cogen al enfermo, le conectan una aguja hipodérmica en la mano, le agregan algodón y esparadrapo, lo suben a una ambulancia y lo dejan en la esquina. Le muestran el lugar donde queda la clínica. “Vaya caminando hasta allá”, le dicen.
Lo hacen porque saben que nuestros hospitales nunca se negarán a atender a un enfermo, aunque no tengamos a quién cobrarle –concluyen los doctores.
Claro: ‘el vivo vive del bobo’. Ese es el lema de la corrupción colombiana. Eso es lo que nos tiene así como estamos.
Mi obligación, como periodista, consiste en escuchar a todas las partes implicadas en una noticia. Por eso, después de oír a los dos doctores, hablo con los voceros de las EPS.
–Lo que pasa –me dicen ellos– es que en Antioquia la atención a un paciente cuesta entre 18 y 23 por ciento más que en el resto del país.
–Falso –responden en Medellín–. Nuestros hospitales y clínicas se rigen, como los de todo el país, por las tarifas nacionales que impone el Estado. Además, la crisis de los hospitales por la falta de pago no es solo de Antioquia. ¿O acaso no está ocurriendo lo mismo en el Valle, en los Santanderes, en el Caribe, en el Pacífico, en el Eje Cafetero, en los Llanos, en todo el país?
(En este momento me pregunto para mis adentros por qué diablos en el resto del país las clínicas y los hospitales no se han organizado en grupo, como en Antioquia.)
A renglón seguido, la Alianza 14+1 me manda por escrito esta pregunta: “Si no recibimos lo que nos deben, si no tenemos flujo de caja, si se nos copó la capacidad de endeudamiento, si estamos tan atrasados en los pagos a bancos y proveedores, si no tenemos ni para pagar la nómina de nuestro personal, si no hay con qué, ¿de qué nos sirve tener un balance con utilidades de papel?”.
En los últimos años han desaparecido varias de esas empresas promotoras de salud que iban al garete: Caprecom, que les quedó debiendo 53.000 millones a los miembros de la alianza antioqueña, al igual que otras como Saludcoop y Cafesalud.
–Desaparecen las EPS –agregan los doctores Tamayo y Saldarriaga–. Lo que no desaparece es el enfermo.
Tienen toda la razón. La víctima final, como siempre, es el paciente. Lo que el pueblo llama, sabiamente, “el paganini”. ¿Cuántos servicios hospitalarios se han cerrado recientemente en el país? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Los servicios de urgencias, por ejemplo, anochecen pero no amanecen. Reina el caos.
Si esto sigue así, ¿qué va a pasar el día en que los hospitales no puedan pagar una cama más? ¿O comprar una jeringa nueva? ¿O cancelar la compra de algodón? ¿O el día en que las clínicas se queden sin luz porque no han pagado el recibo? ¿O el día en que haya una huelga nacional de médicos y enfermeras que reclaman el pago de sus salarios?
Dios nos coja confesados. Y sanos.
JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO
