Diversos actores del sector de la salud, incluidas decenas de gremios de profesionales de este campo en Colombia, rechazaron fuertemente uno de los apartados del decreto 538 del 2020, que anunció ayer el Gobierno para atender el avance de la pandemia derivada del nuevo coronavirus.

En concreto, a través de cartas dirigidas al presidente Iván Duque y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, gremios y sindicatos mostraron su inconformismo por el artículo 9 que obliga a todo el talento humano en salud en ejercicio o en formación a estar preparado y disponible ante un llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar la atención de pacientes.

Este llamado obligatorio exceptúa a mujeres en estado de embarazo, padres o madres cabeza de familia con hijos menores de edad, cuidadores de adultos mayores o de personas en condición de discapacidad, padres o madres de un mismo núcleo familiar cuando ambos ostentan profesión del área de la salud y tengan hijos menores de edad, a quienes tengan 70 años o más, o padezcan padecer una enfermedad crónica o condición que represente un alto riesgo para el contagio del nuevo coronavirus.

El rechazo de los médicos y profesionales de la salud se fundamenta en las carencias de elementos de protección y la falta de estabilidad laboral o de contratos dignos en medio de un ejercicio que los expone directamente al virus, tal como han denunciado insistentemente en las últimas semanas.

De hecho, una reciente encuesta realizada por la Federación y el Colegio Médico Colombiano reveló que en términos generales, los profesionales de primera línea de atención manifestaron en un 87,7 por ciento que carecen de máscaras N95 y solo uno de cada 10 puede disponer de escudos faciales, lo mismo que trajes de seguridad en la misma proporción. La encuesta fue hecha en diez entes territoriales que involucraron no solo a médicos, sino a casi mil profesionales de todas las áreas.

Igualmente, algunas fuentes han calculado que más de 150 trabajadores de la salud han muerto en todo el mundo por la covid-19, según estimaciones al 4 de abril. 66 de ellos en Italia. Y este fin de semana ya se produjeron las primeras muertes de médicos en Colombia por esta enfermedad: el médico de urgencias Carlos Nieto y el anestesiólogo William Gutiérrez.

Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, afirmó que si bien está claro que todo el personal sanitario es consciente de que su trabajo conlleva riesgos que se asumen como parte integral de las profesiones, “eso no significa que lo hagamos sin tomar las máximas medidas de protección que lo minimicen”.

Isaza argumenta que al no incluir en el artículo 9 del decreto 538 la garantía de la bioprotección inmediata para todos los trabajadores de este gremio “se desconocen dos derechos fundamentales constitucionales e irrenunciables como son a la vida y a la salud”.

Y en ese sentido, Isaza solicita con urgencia que el Ministerio de Salud presente “de manera detallada, y con distribución territorial, el plan de dotación hospitalaria público y privado para hacer frente a la pandemia considerando requerimiento de recurso humano adicional y modalidad de contratación, que debe ser mediante plantas temporales, sin intermediación laboral, de acuerdo con las necesidades que arrojen las proyecciones epidemiológicas”.

Rodrigo Córdoba, fiscal de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, aseguró que el decreto es impreciso porque no define líneas de acción ni niveles de intervención. “A pesar de que los profesionales tenemos el deber ético de trabajar en favor de nuestros pacientes, temas como la obligatoriedad, la potencialidad de sanciones y lo grueso de los anuncios generan descontento. Este tipo de medidas merecen más consultas, más diálogo y concertación, dadas las desventajas por la que atraviesan la mayoría de los profesionales de este sector”, recalcó

Más dura fue la llamada Coalición por el Talento Humano en Salud, conformada por 35 agremiaciones, asociaciones, sociedades, colegios y sindicatos, en una misiva al presidente Duque. 

“Los equipos de protección personal no pueden ser decretos vacíos que no se aplican, ni tampoco promesas de diferentes instituciones del sistema que no dan cuenta de la protección personal. A pocas horas de la muerte de dos médicos y un conductor de ambulancia en el marco de la pandemia, el Gobierno hace pública una norma inconsulta y autoritaria, mientras se niega a negociar sobre las condiciones laborales, así como ignora los comunicados que desde hace varios días las agremiaciones del sector salud hemos venido realizando”, escribieron.

“El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la nación no garantiza al personal de salud los elementos de protección personal”, agregaron.

Y remataron: “Al país no le va a servir una larga lista de personal de salud muerto y sin poder detener la pandemia. Lo invitamos a escucharnos y no seguir como hasta el momento haciendo caso omiso a las peticiones de los diferentes gremios: garantías de contratación laboral, asignación de salarios dignos con ajuste y pago de los salarios adeudados a los trabajadores de la salud en todo el territorio nacional”.

Desde ya, varias agremiaciones de profesionales de la salud están convocando a un plantón nacional el próximo miércoles a las 7 de la mañana. “Desde cada clínica y hospital del país. En memoria de los doctores Nieto y Gutiérrez, por todos los trabajadores de la salud, por todos nuestros muertos ni un minuto de silencio”, dicen en la convocatoria.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, explicó que el decreto 538 incluye otras medidas para el sector, más allá de las cuestionadas por los profesionales de la salud.

Entre ellas, un reconocimiento económico adicional al talento humano, aumento de los servicios de telesalud (a distancia), flexibilización de los trámites para habilitaciones de nuevos espacios hospitalarios, creación de una canasta de servicio para la covid-19 cubierta por la Adres y reconocimiento de esta como una enfermedad laboral directa.

El ministro señaló que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) son quienes deben proteger la salud de sus trabajadores y, en ese sentido, dio un plazo de tres días (hasta el miércoles) para que presenten los planes de dotación de elementos de protección personal para los profesionales de la salud, sin importar su tipo de contratación.

“Hoy recibí un informe por parte de las ARL, donde se confirmó la compra por $40 mil millones en elementos de protección personal, que serán usados por los profesionales de la salud”, dijo el ministro, quien pidió la pronta entrega de esta dotación a nivel nacional: “Todavía no están distribuidos estos elementos de protección en todas las IPS del país, por lo tanto el llamado que hacemos con el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez, es a que se haga los más rápido posible”.

“Quiero enfatizar que en este momento de la epidemia todavía no tenemos el nivel de demanda de elementos de protección personal que vamos a tener en un futuro, por esa razón no hay ninguna justificación para que los trabajadores del sector salud no estén adecuadamente protegidos desde los propios recursos de las IPS a nivel nacional”, concluyó el ministro.

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