Los medicamentos antivirales de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C serían los segundos en ser declarados de interés de público en el país, según una resolución del Ministerio de Salud que pide iniciar los estudios que respalden esa decisión.
En pocas palabras, la medida haría que estos medicamentos estén sometidos al régimen de control directo de precios del Gobierno, tal como ocurrió el año pasado con el producto para tratamiento de ciertos tipos de cáncer llamado Glivec, de la multinacional suiza Novartis y cuyo costo no podía exceder los 206 pesos el miligramo de la molécula tras ser declarado de interés público.
Pero, a diferencia de ese caso en el que la decisión tuvo en cuenta casi que exclusivamente criterios científicos, una declaratoria de interés público con los antivirales de la hepatitis C debe sortear un trámite más engorroso, luego del cambio del mecanismo para hacerlo y de incluirse en el comité técnico a delegados del Ministerio de Comercio y del Departamento Nacional de Planeación.
A pesar de eso, el Ministerio de Salud emprende esta empresa teniendo en cuenta, entre otros criterios, una solicitud de la fundación Ifarma, que procura por el acceso a medicamentos y los altos costos de antivirales para manejar la hepatitis C.
En su petición, Ifarma incluye los principios activos telaprevir, boceprevir, sofosbuvir, simeprevir, daclatasvir, faldaprevir, ledispasvir, dasavubir, ombitasvir, elbasvir, gazoprevir, paritaprevir “y todos aquellos que en el futuro sean producidos para tal tratamiento”.
En julio pasado, cuando el ministerio anunció un plan para la compra de estos mismos medicamentos de forma centralizada, como parte de una estrategia respaldada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para rebajar la carga a los sistemas de salud, el ministro Alejandro Gaviria fue claro al decir que si bien estos productos “han representado un hito importante en la salud pública, también han sido una amenaza para los sistemas de salud en todo el mundo”.
En esa oportunidad, Gaviria señaló que de no intervenir, los tratamientos para la hepatitis C le habrían costado al país unos 7,8 billones de pesos en los próximos 14 años. Y no es para menos, pues se calcula que para el 2030, unos 60.000 colombianos requerirán atención farmacológica, cuyo costo por persona –antes del plan de compras centralizada– era de más de 114 millones de pesos y ahora está en 25 millones en promedio.
Por lo pronto, tras la resolución del 20 de diciembre, el proceso se encuentra a la espera de los comentarios que puedan hacer los actores involucrados hasta la primera semana de enero.
Gustavo Morales, presidente de la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (Afidro, que agrupa a las más importantes empresas), le dijo a EL TIEMPO que “no es necesario hacer esa declaratoria, que afecta la vigencia de las patentes, por cuanto en los últimos meses, a través del mecanismo de compra centralizada, el Gobierno redujo el precio de esos productos significativamente”.
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