Este martes, después de varios meses de trabajo y luego de tres semanas de haberse conocido el borrador, el Ministerio de Salud presentó el decreto 507, por medio del cual se establecen los requisitos para que el sector privado pueda importar, adquirir y aplicar vacunas contra el covid-19.
La norma, que era esperada, busca acelerar la vacunación, que el pasado 21 de abril completó 4 millones de dosis y según el presidente Iván Duque espera llegar a cinco millones el 5 de mayo.
La resolución que permite que las empresas participen en este proceso a partir de la etapa III (personas menores de 60 años con comorbilidades priorizadas), según algunas cabezas gremiales del sector privado, aún necesita ajustes para llevarla a la práctica.
María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), expresó que si bien la resolución da total libertad en cuanto a negociación y garantías frente a los riesgos, considera importante debatir el parágrafo referente a las responsabilidades en razón de que las vacunas aplicadas por los privados no estarán cobijadas por el régimen excepcional de indemnidad frente a los efectos adversos que estableció la Ley 2064 del 2020. Por eso afirma que se deben revisar estos límites para todas las partes involucradas.
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“En cuanto al modelo de compra de vacunas por el sector privado, es recomendable que estas se puedan adquirir por un gran aglutinador que adquiera un volumen importante y que, además, pueda tener la capacidad logística y operativa para su aplicación, en los términos que plantea la resolución para que sea complementario al PNV, y por eso es importante revisar la propuesta de Asocajas, en donde las cajas de compensación, que tienen la infraestructura, personal y experiencia, puedan hacerlo”, comenta Lacouture.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), recibe bien la medida, pero también coincidió en preguntas alrededor de temas como la indemnidad o cómo podrían entrar vacunas que ya tienen autorización de uso de emergencia o la fecha a partir de la cual se puede hacer. “Esperamos que estos temas se puedan ir resolviendo en la mesa de trabajo con el Gobierno”, afirmó.
Según Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, la resolución es un paso muy importante para que el sector privado continúe en la senda de complementar y fortalecer el Plan Nacional de Vacunación y asimismo ayudar al proceso de reactivación.
Un obstáculo de este proceso lo puso la propia Pfizer, que a través de su sede en Colombia informó que no venderá a privados vacunas contra covid-19. “Para asegurar la equidad en el acceso a su vacuna durante esta etapa de la emergencia global, las compañías están priorizando sus dosis disponibles para los acuerdos de suministro celebrados con los gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales como el mecanismo Covax”, dijo en un comunicado.
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En el documento de seis páginas se fijan los requisitos para los importadores, que deberán solicitar ante el Invima su inclusión en la respectiva Autorización Sanitaria para Uso en Emergencia (ASUE) dada a cada vacuna (no se podrán importar fármacos sin esa licencia); y garantizar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, trazabilidad y logística. Por ahora, Pfizer, AstraZeneca y Janssen tienen ASUE para sus fármacos.
Quienes deseen comprar y aplicar las dosis tendrán que hacerlo en puntos habilitados por las autoridades sanitarias locales, pero en una red diferente a la usada por el Plan Nacional de Vacunación.
Las dosis administradas deben ser para todas las personas vinculadas laboralmente y que habiten en el país bajo los criterios de priorización que consideren siempre y cuando se cumplan los lineamientos (contraindicaciones, precauciones, advertencias, reacciones adversas y otros) del Ministerio de Salud y el Invima para cada vacuna.
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Un tema sensible es el de la farmacovigilancia. La resolución establece que quienes reciban la vacuna y presenten eventos adversos en medio del proceso de los privados deberán ser atendidos por su respectiva EPS y el caso será reportado a los sistemas de vigilancia nacionales.
Los privados interesados tendrán que asumir todos los costos de este proceso y registrar a los beneficiarios en la plataforma PAIWEB 2.0. Las negociaciones podrán empezar desde ya, pero la aplicación de las dosis solo empezará en medio de la etapa III de la vacunación nacional (personas menores de 60 años con comorbilidades) una vez el Ministerio de Salud lo autorice.
En ese sentido, el ministro Fernando Ruiz afirmó que este proceso se cobijará bajo la farmacovigilancia alineada a la ruta de inmunización y a las personas que hagan uso de estas.
“Esta es una corresponsabilidad entre ambos sectores, el público y el privado, ya que la cadena de farmacovigilancia es una sola y es única. Ante cualquier presentación de efectos adversos, esta deberá hacerse desde el esquema contemplado en el sistema de salud, que se ha acompañado por los entes territoriales, secretarías de salud, Invima e Instituto Nacional de Salud, así como se ha desarrollado en el Plan Nacional de Vacunación”, definió.
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