El 15 de septiembre un grupo de mujeres recorrió Bogotá para intervenir monumentos públicos como las estatuas de Bolívar, Santander, La Pola y Gaitán, entre otros, que lucieron el célebre pañuelo verde, símbolo de la despenalización del aborto.
En el cuello de los y las próceres, en letras blancas sobre fondo verde, se leyó la consigna: “Aborto libre y seguro”, en un acto simbólico del colectivo feminista Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ellas hablaron con transeúntes sobre el aborto para motivar a las mujeres a hacerse escuchar y hablar de sus derechos. Esto, como preparación del Día Internacional del Aborto Legal en América Latina y el Caribe, este 28 de septiembre.
Fueron intervenidos 15 monumentos de la ciudad: las célebres cariátides de Banderas; Sia, la Diosa del agua; el Bolívar de Tenerani, de la Plaza de Bolívar; La Pola, de la plazoleta de Los Andes. Y como estas, también las estatuas de Francisco de Paula Santander, Pedro Nel Ospina, Américo Vespucio, la Rebeca y Jorge Eliecer Gaitán, en la Perseverancia, entre otros.
“Quisimos tomarnos las calles y que la marea verde se tome las calles. Creemos que hay una posibilidad de conectar los personajes históricos con una lucha muy vigente”, expresó Juliana Martínez Londoño, Coordinadora de la Mesa por la Vida.
Explicó que escogieron a Policarpa Salavarrieta (la Pola) porque fue una mujer inconforme con la opresión, su sueño era un país libre y así lo defendió. De Bolívar, retomaron que siempre tuvo la libertad como norte, el mismo objetivo de las mujeres que integran la Mesa por la Vida, y en el caso de Gaitán, tuvieron presente la justicia social y el poder del pueblo. La Mesa reivindicó un derecho para todas las mujeres, sin distingo de clase social.
Mujeres de diferentes colectivos de las principales ciudades del país también se sumaron al ejercicio. “El arte es un lenguaje muy poderoso porque toca sensibilidades y este es un tema sensible en la medida en la que pasa por el cuerpo, por la salud y por la vida”, expresó Martínez Londoño.
Cortesía Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
El objetivo de la intervención era también reivindicar el derecho de las mujeres a la ciudad “porque como ciudadanas podemos habitar el espacio público y así poner en la agenda pública los temas que son de nuestro interés, en este caso un derecho fundamental”, según dijeron voceras del colectivo.
El movimiento retomó consignas del feminismo, cuando nació en Colombia a finales de la década de los 70 y se insistía en un aborto libre, seguro y gratuito: libre, porque se creía que era una decisión de las mujeres en su libertad; seguro, porque había mujeres que morían por practicarse abortos clandestinos en condiciones precarias y gratuito, porque siempre se reclamó que las mujeres de más bajos recursos no podían acceder al procedimiento.
Actualmente el servicio de aborto está incluido en el Plan de Beneficios en Salud, por lo cual toda persona afiliada al sistema de salud debería poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
No obstante, la Coordinadora de la Mesa dice que “sigue existiendo un asunto de tensión sobre la libertad y la seguridad porque del conjunto de abortos que se realizan en el país solo el 1% son realizados través del sistema de salud”.
"Aborto libre y seguro"
EL TIEMPO
¿Cómo están accediendo las mujeres a los servicios de aborto? Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2017 se produjeron aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. Para el caso de Colombia se estima que se realizan cerca de 400.000 abortos al año y solo 3.400 son realizados en condiciones legales.
Otro informe realizado por la Fundación Oriéntame, el mayor prestador de servicios de aborto legal en Bogotá, demuestra que realizó 11.106 abortos en 2018, de los cuales 9.743 fueron en la capital.
En Bogotá, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, entre el primero de enero de 2016 y el 30 de junio de 2019 se realizaron 31.644 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en las distintas instituciones. Solo en 2018 fueron 8.661.
Sin embargo, el número de casos que tiene registrados la fundación no concuerdan con los de la Secretaría, ¿por qué se da esto?
“Eso se explica por dificultades en el registro, entidades territoriales que no reportan los casos de IVE como es debido”, dijo la coordinadora de la Mesa.
Varios estudios señalan que la poca preocupación publica o el hecho de que los prestadores no lo registren de forma correcta tiene que ver con el estigma que rodea al aborto. No tener cifras afecta la producción de políticas públicas porque no se puede saber con certeza cuantos abortos se realizan, de qué edades son las mujeres o en qué edades gestacionales se encuentran.
Este medio se contactó con la Secretaría Distrital de Salud pero no recibió respuesta.
Por otro lado un informe de Médicos sin Fronteras, organización médica y humanitaria internacional dedicada a atender pacientes víctimas de desastres naturales, dijo que el 88% de las pacientes reportaron haber enfrentado al menos un obstáculo para acceder a la IVE.
Algunas mujeres reportaron haber sufrido maltrato al acercarse a los servicios de salud para pedir ayuda ante un embarazo no deseado. Según el informe de MSF, el 47% de las mujeres desconocían que podían acceder a una interrupción libre y segura; el 5% habrían sufrido rechazo social y el 1% se habrían visto afectadas por factores socioeconómicos.
Además, las mujeres son más vulnerables si tienen un bajo nivel educativo o si residen en zonas rurales. Esta situación no solo implica largos desplazamientos, sino gastos adicionales difíciles de asumir.
Según el Instituto Guttmacher, de los 400.000 abortos que se realizan en el país cada año, solo el 10% son llevados a cabo en instituciones sanitarias con garantías de calidad. El aborto no seguro es el causante del 10% de las muertes maternas y casi 130.000 complicaciones anuales.
EL TIEMPO
En 2018 se logró obtener la sentencia de unificación 096 del 2018. Esta sentencia es importante porque es la primera vez que la Corte en pleno, es decir los nueve magistrados revisan un caso de IVE. Los anteriores habían sido fallados en sala de tres.
La sentencia de unificación ratifica la IVE como un derecho que hace parte de los derechos sexuales y reproductivos, así mismo, reconoce la importancia de los alcances de la causal salud y malformación fetal. Señala que las violaciones que se cometen se pueden considerar violencia contra las mujeres y que el derecho a la información es clave para la ejecución del derecho a la intimidad. La Corte Constitucional argumenta que las medidas cautelares son válidas para proteger este derecho.
Según Londoño, lo anterior es un avance en la medida en que, si hay más garantía jurídica, hay mayor posibilidad de hacer exigibilidad de derechos. Se refiere también a que la sociedad colombiana se ha transformado, no es la misma que cuando se expidió la sentencia C-355 de 2006, que reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, establece las tres causales por las que está permitido y plantea un ejercicio de ponderación entre el derecho a la vida y el bien jurídico de la misma.
La coordinadora se refirió que existe un mayor reconocimiento al derecho al aborto apoyada en los datos de la encuesta de percepción que hizo la Mesa en el 2017, en el que el 64% de las personas no estaban de acuerdo con que una mujer fuera a la cárcel por haber interrumpido el embarazo. “Eso nos habla de un cambio de mentalidad, de una sociedad más moderna y eso también nos impulsó para decir que era el momento de tomarnos la calle con este tema”.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres ha experimentado un repunte de consultas de mujeres migrantes venezolanas desde 2018.
En 2019 la institución acompañó el caso de una mujer venezolana, de 24 años, en una ciudad cercana a Bogotá. Tenía permiso especial de permanencia que es lo que, según el Ministerio de Salud y la Corte, es necesario para atenciones de urgencias y todas las atenciones asociadas al embarazo se consideran de urgencia.
“Ella se desplazó a Bogotá para ser atendida y cuando llegó a la ciudad le dicen que el PEP no es suficiente y le deben hacer una encuesta del Sisben. Sin embargo, la encuesta toma tiempo y el embarazo sigue avanzando”.
La mujer fue subsidiada por una IPS privada, accedió al procedimiento y durante la noche no le dieron medicamentos para el dolor. “Al día siguiente la trabajadora social le empezó a hacer preguntas para hacerla sentir mal”.
Bolívar
EL TIEMPO
En el 2006, la Corte Constitucional despenalizó el aborto y, desde entonces, según la normativa colombiana, las EPS y las IPS, de carácter público o privado, laico o confesional, están obligadas a prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo a las mujeres incluidas en cualquiera de las causales establecidas.
Una mujer que esté embarazada y acuda a consulta le deben dar las tres opciones: Acudir a control prenatal, interrumpir el embarazo o si desea continuarlo para darlo en adopción.
Si la EPS o IPS negara el procedimiento existen varios canales: El propio de la EPS para quejas, acudir a Superintendencia de Salud y presentar la queja, ir a Defensoría del Pueblo o personería de su municipio y también acudir a la Mesa.
La Mesa por la Vida recomienda hacer las solicitudes por escrito para que se puedan contar los cinco días de los que habla la corte y responder la solicitud.
Es importante aclarar que la valoración del riesgo que está dispuesta a correr la persona es algo que hace la mujer y no el medico que la atiende en consulta. Solo ella es quien considera y decide.
MARIANA GÓMEZ GUTIÉRREZ
EQUIPO MULTIMEDIA @g2_Mari
