Vacunación por privados, las propuestas y los obstáculos

El dilema puede resumirse en un ejemplo cotidiano. En el banco hay una sola ventanilla abierta y la fila es larga. De repente, se abre otra ventanilla. Algunos salen corriendo hacia esta y quedan más adelante de lo que iban en la fila original. A su vez, los que iban en la fila original ahora tienen menos gente por delante.

En la práctica, la atención se aceleró y todos ganaron. Pero varios en la fila original quedan con el malestar de sentir que otros se les colaron.

La posibilidad de que las empresas privadas adquieran vacunas contra el covid-19 y las distribuyan entre sus empleados, o incluso las vendan, ha suscitado un debate que ha venido in crescendo en las últimas dos semanas, y en buen grado reproduce ese dilema de las ventanillas del banco, donde lo práctico no necesariamente comulga con los principios.

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La discusión realmente comenzó desde que el Gobierno presentó el Plan Nacional de Vacunación a finales del año pasado, y lo curioso es que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha recibido críticas tanto por decir que sí como por decir que no.

Primero fue por afirmarlo. En una ronda de entrevistas en medios de comunicación en diciembre de 2020 manifestó que no podía oponerse a esa iniciativa.

La indignación, particularmente en redes sociales, fue inmediata: según las voces más críticas, permitir la venta privada de vacunas se traduciría en una grave forma de inequidad, pues los que tuvieran el recurso económico podrían saltarse la fila inicialmente establecida.

En una entrevista publicada por el EL TIEMPO el 20 de diciembre, el jefe de la cartera de Salud endureció su pronunciamiento inicial: “La compra privada podrá llevarse a cabo cuando las vacunas obtengan su registro sanitario y la industria asuma las responsabilidades que le competen en condiciones normales”.

Sin embargo, esa condición no quedó expresada en los decretos posteriores. Puntualmente, el 109 de 2021, que adopta el plan de vacunación, estableció que el ministerio determinará en qué momento las “personas jurídicas públicas y privadas podrán importar, comercializar y aplicar las vacunas contra el covid-19, así como las condiciones que deberán cumplir para el efecto”.

La voz principal a favor de que no se le dé más espera a ese momento y la que más vehementemente ha pedido que se elabore desde ahora un marco regulatorio para ese propósito ha sido la de Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

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En diversos escenarios, el representante del empresariado ha manifestado que la vacunación es la piedra angular de la reactivación y ha expresado la voluntad de sus representados de apoyar al Gobierno en el esfuerzo que se viene realizando.

“Ampliar la vacunación es el instrumento más potente de reactivación anímica, de salud y empresarial, por lo que podemos imaginar formas para que el sector privado pueda fortalecer el programa de vacunación”, comenta Mac Master.

La iniciativa privada tiene varios frentes posibles. Uno de ellos es el planteado por grandes empresas que han manifestado su deseo de vacunar a todo su personal y, en algunos casos, a sus familias, el personal relacionado con sus cadenas logísticas y las poblaciones del entorno donde operan.

Otro frente interesado es el de las empresas que ofrecen planes voluntarios de salud (medicina prepagada o planes complementarios), que consideran que la vacunación puede ser una oferta de valor para sus afiliados.

Algunas clínicas privadas también han manifestado que, por medio de alianzas con sus similares en el exterior, podrían importar vacunas para su personal.

Y, por supuesto, el tema también ha interesado a operadores logísticos de tecnologías de salud, que ven con buenos ojos la posibilidad de que en algún momento sea posible, por ejemplo, adquirir una vacuna en una droguería.

Aunque reconoce este esfuerzo y considera acertados los criterios del Plan Nacional de Vacunación, el presidente de la Andi tiene una diferencia significativa con el ministro de Salud en un punto específico: Mac Master tiene la certeza de que en el mercado internacional sí hay una oferta suficiente de vacunas, cuya adquisición por parte de privados no pondría en riesgo el suministro de las vacunas ya negociadas por el Gobierno.

“Estamos ofreciendo apoyo –dice Mac Master–. No pretendemos reemplazar la labor del ministerio. Ellos seguirán haciendo el trabajo de acuerdo con su plan, y nosotros lo haremos con otras personas. Es muy importante la velocidad”.

Incluso, una de las propuestas planteadas para ablandar al Gobierno ha sido que por cada vacuna privada se entregue otra para que sea usada por el programa público. Esto significaría que cada vacuna puesta por el empresariado daría dos adicionales al plan gubernamental: la liberada y la nueva.

En respuesta, Fernando Ruiz les ha pedido a los privados que quieren importar vacunas que demuestren que esas ofertas son reales y que detrás de la iniciativa hay un plan viable que no afecta los limitados recursos humanos y materiales del programa oficial de vacunación.

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El obstáculo que en este punto encuentran los privados es que, en este momento, el único autorizado para importar vacunas es el Gobierno.

Aunque el presidente de la Andi reconoce que las casas farmacéuticas no están vendiendo vacunas a empresas privadas, asegura que ese mercado está próximo a abrirse: “La información que tenemos, porque nos han buscado, es que debemos alistarnos. Así que debemos estar listos con el marco regulatorio. Las compañías que quieren comprar vacunas son muchísimas en el mundo. Colombia no puede esperar a que le coja la noche”.

Para los empresarios, la ruta más expedita para la reactivación económica consiste en alcanzar la inmunidad de rebaño a la mayor brevedad posible. Y no les falta razón en cuanto a que cualquier vacunado aporta a ese propósito. De eso se trata justamente la inmunidad colectiva: cualquier vacunado es un eslabón menos en la cadena de contagio y, por tanto, hasta cierto punto, protege a los otros.

Johnattan García Ruiz, investigador de Dejusticia y profesor de Derecho y Salud Global en las universidades de los Andes y el Rosario, ha sido una de las voces más críticas respecto a la participación de privados en las fases tempranas del Plan Nacional de Vacunación.

De acuerdo con el experto, hay dos objetivos concretos frente a la vacunación: “Que se dé lo más rápido posible y que todas las personas accedan a ella en igualdad de condiciones a partir de la priorización ya definida”.

El escenario más viable para lograr ese equilibrio implicaría que los privados esperaran hasta la etapa 5; es decir, cuando –después de haber vacunado a los mayores de 60, a las personas con comorbilidades y al personal que tiene ocupaciones de alto riesgo de contagio– llegue el turno de los 17,5 millones de colombianos entre 16 y 59 años libres de comorbilidades.

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García Ruiz sostiene que, si el sector privado va más rápido en esta etapa, se va a crear una situación de inequidad, “pero no tan grave”, entre quienes están en empresas capaces de vacunarlos pronto y quienes solo dependen de la acción del Estado.

“La vacunación por parte de privados tiene mucho potencial y sería muy valiosa, pero solo si se da desde la etapa 5 y si en su avance también contribuye a mejorar el acceso no solo de quienes pertenecen a sus organizaciones, sino a grupos vulnerables”, puntualiza el experto.

Para la próxima semana se auguran avances en este debate, pues diversas organizaciones de la salud han observado que, si se respetan algunas reglas de juego, el esfuerzo privado daría un impulso significativo a un plan gubernamental bien diseñado en el papel, pero no siempre viable en la realidad.

El desafío será demostrar que el pragmatismo no riñe con los principios del plan de vacunación oficial, y convencer a la población de que aquella fila paralela podría no ser completamente justa, pero pondría a unos y otros más cerca de la ventanilla; del fin de la epidemia, para decirlo sin metáforas.

Fernando Ruiz, ministro de Salud, habló de este tema con EL TIEMPO.

¿Cuál es la posición del Gobierno frente a la propuesta de los empresarios?

El Gobierno Nacional no se opone, de ninguna manera, a la participación privada en la vacunación. Por el contrario, la favorecemos. El Ministerio de Salud y Protección Social fue uno de los gestores de esa posibilidad, la cual quedó plasmada en el Decreto 109 de 2021. Creemos que la participación del sector privado es supremamente importante y seguramente va a impulsar la vacunación de los ciudadanos en el territorio nacional.

Lo que sí es claro es que la participación del sector privado tiene que estar integrada al Plan Nacional de Vacunación y, para ello, tenemos que avanzar conjuntamente en algunos temas: de cuántas vacunas estamos hablando, es decir, cuántas vacunas puede aplicar el sector privado, a quiénes se dirigiría y cómo se integran dichos objetivos a los del Plan Nacional de Vacunación.

Ministro, ¿hay o no hay vacunas suficientes en el mercado internacional?

Actualmente, las casas farmacéuticas solo les están vendiendo a gobiernos centrales, justamente porque no hay, actualmente, la suficiente producción de vacunas para venderles a países y privados en el mismo momento.

Como en todo escenario de negociación hay gente que ofrece de todo, pero cuando se les pide la certificación de las cantidades que puede ofrecer, muchos no vuelven, la gran mayoría no vuelve. Esa situación la hemos tenido en la negociación de ventiladores, insumos de laboratorio e incluso hasta en elementos de protección personal. Es necesario conocer cuántas vacunas podría gestionar el sector privado para estimar el apalancamiento que podría obtener el plan de vacunación.

Si está seguro de que la oferta es limitada, ¿qué pierde el Gobierno si permite que los privados hagan el intento? Al fin y al cabo, si no encuentran, le dan la razón a usted, pero si sí encuentran, ganamos todos.

Yo no le veo ningún problema a vacunar con el apoyo del sector privado, lo que si es necesario es tener claridad sobre cómo esa participación se integra con el plan de vacunación. En ese sentido, los temas son, entre otros, cómo se va manejar la vacuna; cómo se va a garantizar la cadena de frío, la logística; con que infraestructura y personal se va aplicar, con qué procedimientos y con cuáles insumos. Lo que no tendría sentido es poner a competir a públicos y privados por los mismos recursos y a precios diferentes, no puede haber depredación entre público y privado, es una pandemia, todos debemos remar para el mismo lado.

El ministerio se basa en la evidencia cuando establece que las personas mayores y las que poseen comorbilidades tienen mayor riesgo, pero en este debate, ¿dónde quedan los beneficios de alcanzar rápidamente la inmunidad de rebaño?

Tampoco en esto debe haber objetivos contradictorios. El riesgo de morir para una persona mayor de 80 años es 600 veces mayor que el de un adulto joven entre los 18 y 25 años. En un momento que estamos bajando el contagio, concentrarnos en esa población reduce la mortalidad de manera sustancial. El sistema de salud está obligado a proteger a la población de mayor riesgo, por eso se ha estructurado un plan que permita ir progresando de la reducción del riesgo de muerte a la reducción del contagio generando inmunidad de rebaño. Entre más pronto avancemos con los mayores, nos podremos enfocar en las poblaciones de menor riesgo. Por ello, la participación privada sería recomendable una vez hayamos cubierto los mayores de 60 años.

Estoy seguro de que con los representantes del sector privado vamos a encontrar el camino más equitativo y eficiente, pero siempre bajo la visión de las prioridades de país y la equidad entre los grupos sociales, donde prevenir la mortalidad es un compromiso para el ministerio.

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La proyección sobre disponibilidad es incierta, tanto que las cantidades esperadas han tenido que corregirse. ¿No es esa una demostración clara de que hay que buscar nuevas alternativas?

Si las fuentes de vacunas fueran diferentes, eso sería completamente cierto, pero esa no es la realidad. He preguntado a los principales productores y casi sin excepción nos han afirmado que por el momento solo están negociando con países y mecanismos multilaterales como Covax. En unos meses, la disponibilidad se incrementará en la medida en que entren al mercado más vacunas y se aumente la producción.

Si hay vacunas aprobadas por el Estado, ¿por qué no aplican las mismas responsabilidades para privados y Gobierno en caso de eventos adversos que generen indemnizaciones?

Ese es uno de los temas que es necesario discutir en la mesa de conversación planteada. Quién asume la responsabilidad por la provisión, manejo, aplicación y efectos adversos de las vacunas aplicadas por privados. Los acuerdos firmados hasta ahora por el Gobierno cubren solamente las vacunas adquiridas por el Gobierno Nacional, esa fue una de las consideraciones importantes que se tuvieron en la limitación de las compras por parte de los entes territoriales.

Yo firmemente creo que cualquier inquietud en este tema se soluciona conversando en el ámbito de la mayor confianza. Este gobierno es firme creyente en las bondades de la participación privada en las acciones e intervenciones del sistema de salud. Eso debe ser bilateral y el sector privado también debe creer en las capacidades del Gobierno Nacional. Durante el año pasado crecimos 165 veces la capacidad diagnóstica para covid-19, duplicamos la capacidad de atención de 5.346 a 12.029 unidades de cuidado intensivo, multiplicamos por 10 la capacidad de atención en telemedicina, pagamos casi 1 billón de pesos en salarios atrasados de hospitales públicos y en bonificaciones a talento humano en salud, giramos 2,1 billones a EPS e IPS por saneamiento de deudas atrasadas no POS, se legalizó giro previo de 2018-2019 por 5 billones de pesos y pudimos desarrollar e implantar cientos de protocolos de bioseguridad que protegieron a millones de personas. Creo que merecemos un poco de confianza. Todo eso ha sido posible con el apoyo decidido del sector privado. El Plan de Vacunación para convid-19 no puede ser la excepción.

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