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La salud, otra víctima del conflicto en Colombia
Guerrilleros afirman que solo seguirán testificando ante JEP

La orden del secretariado de las Farc es que los intergrantes con procesos pendientes no acudan a audiencias ni a juicios.

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Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

La salud, otra víctima del conflicto en Colombia

Atentados contra trabajadores del sector, entre los datos revelados por la Comisión de la Verdad.

José, auxiliar de enfermería en Granada, en Antioquia, vio cómo el hospital donde trabajaba fue usado como trinchera durante la toma que la guerrilla hizo a ese pueblo en diciembre del año 2000.

Desde allí, los subversivos disparaban contra paramilitares, mientras 70 trabajadores de la salud –y los pacientes– padecieron dos días de confinamiento, en medio del fuego cruzado.

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Después de eso, José fue sometido a un juicio por las Farc porque se opuso a que el hospital fuera usado para almacenar armas, razón por la cual fue estigmatizado y señalado de ser colaborador del bando contrario.

Hoy, José (quien dio su testimonio de manera anónima) dice que ya no se siente en capacidad de atender enfermos ni heridos, a pesar que le gustaría dedicarse de lleno a la profesión, en razón a los problemas mentales que enfrenta. Se encuentra en tratamiento médico.

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La de José es una de las historias presentadas el jueves pasado por la Comisión de la Verdad, en el encuentro ‘El impacto del conflicto armado en la salud’ y que tenía como acto central el reconocimiento de las partes por estos hechos.

En el mismo sentido se dio a conocer un trabajo de investigación que la Comisión adelanta desde 2018 y en el que se han podido registrar al menos 2.419 infracciones a la Misión Médica, la mayoría con actos violentos contra la vida como atentados, vulneración de derechos a trabajadores de la salud, utilización indebida de bienes y limitaciones a los servicios en zonas afectadas por el conflicto.

Asimismo, el comisionado Saúl Franco reveló que más de 826 personas vinculadas a la salud han sido asesinadas a lo largo del conflicto, de las cuales 84 son promotores rurales de salud, que han perdido la vida en cumplimiento de su trabajo.

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Pero aparte de los muertos, también se hizo referencia a situaciones que afectan la dignidad de los trabajadores sanitarios en el país, frente a lo cual se dieron a conocer registros de 480 amenazas, 444 secuestros, 97 desapariciones forzadas y 59 lesionados entre este personal, además de otras acciones como el desplazamiento y la intimidación aún no se contabilizan.

Hay que aclarar que en estos hechos están comprometidos todos los actores de la guerra, a tal punto que la guerrilla ha sido responsable del 34 por ciento de ellos; los paramilitares, del 20 por ciento; el 6 por ciento por la Fuerza Pública. En más del 40 por ciento de los casos no se ha identificado el responsable y mucho menos hay detenidos ni condenados por estos actos.

Durante el evento también se conoció que estas acciones continúan a la fecha, puesto que en los más de 200 días de pandemia se siguen contabilizando víctimas que impactan directamente en la salud.

Salud no es solo el sector

El comisionado Franco dice que si bien se identifican estas acciones directamente contra los trabajadores y la estructura sanitaria, el impacto del conflicto en la salud va más allá de eso y permea negativamente no solo en la vida, sino también en el bienestar y la felicidad de todos.

“Hay muchos años de vida saludable perdidos no solo por la letalidad, sino por la discapacidad en la que quedan miembros de todos los actores del conflicto y que a su vez afectan a sus familiares y al entorno en general”, dice Franco.

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Hoy Colombia contabiliza más de 9 millones de víctimas en el Registro Único de Víctimas y muchas de ellas con afectaciones físicas y mentales.

Por otro lado, solo el 39 por ciento de las víctimas han recibido atención en salud y la cobertura del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), del Ministerio de Salud no sobrepasa el 1,2 por ciento.

Como si fuera poco, se dieron a conocer otros hechos que impactan a la población en general como la cooptación de los dineros públicos de la salud, que han terminado por beneficiar a los actores armados en diferentes zonas del país y en algunos de ellos en alianza con mandatarios y legisladores que desviaban estos recursos para la compra de votos, sin contar con la imposición de directivos en hospitales, nombramientos indebidos en cargos administrativos y el otorgamiento de contratos para beneficiar a terceros, con el agravante de que las denuncias por estos hechos han desencadenado persecuciones de líderes sociales y sindicatos sanitarios.

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Como conclusiones de este primer paso, la Comisión de la Verdad deja claro que es necesario continuar con el esclarecimiento de estos hechos y pasar a una fase de reconocimiento por parte de todos los actores para garantizar elementos que permitan el desempeño de los trabajadores de este sector y el ejercicio pleno del derecho fundamental a la salud de la población en general.

‘Esclarecer es más fácil que reconocer’

Tres preguntas a Saúl Franco, comisionado de la Verdad, uno de los investigadores principales del impacto que ha tenido el conflicto armado sobre la salud en Colombia y vocero en el encuentro del pasado jueves, asegura que esta situación termina por afectar a toda la población en términos de bienestar.

¿Qué busca la Comisión con estos encuentros?

Visibilizar las infracciones contra los trabajadores de la salud, la infraestructura y los recursos públicos ocasionados por la violencia y por extensión en todos los actores y su entorno, además de ahondar en el impacto que la guerra, ha tenido sobre la población en términos de bienestar integral en el contexto de la salud como derecho fundamental.

¿Qué tan fácil es este proceso?

Esclarecer es más fácil que reconocer. A los actores del conflicto el reconocimiento les cuesta mucho y eso es fundamental para avanzar hacia el perdón. Es un proceso lento, pero tiene que avanzar para determinar responsabilidades sobre lo que se hizo y se dejó de hacer por cada uno de los implicados para garantizarles la dignidad y los derechos a las víctimas.

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¿Cuál sería la acción más pronta para sanar las heridas que han afectado la salud de los colombianos?

La Comisión considera que la verdad es un gran remedio. Saber qué pasó, por qué pasó y quiénes han sido responsables ayuda a sanar y cicatrizar las heridas, salir de la incertidumbre, del miedo y de la ignorancia. Por tanto, esclarecer la verdad de lo sucedido en esta larga confrontación armada es un paso urgente y necesario para este proceso. Pero, hay que decirlo con franqueza, no basta la verdad. Para que la curación sea completa se requiere también de la justicia, del reconocimiento de responsabilidades por los distintos actores, de su compromiso de no repetición, de la reparación tanto material como simbólica de las víctimas, y de procesos de reencuentro, perdón y convivencia.

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