La dolorosa historia del cáncer del asbesto entre los colombianos

Dos mujeres lo lograron con su tenacidad. Mujeres tenían que ser.

Pero es mejor que empecemos esta historia por el comienzo. Contándoles, por ejemplo, que asbesto es el nombre genérico de unos minerales flexibles, resistentes a las altas temperaturas y que, por eso mismo, son muy apetecidos por los productores de fibras y los fabricantes de láminas para tejados, baldosas, derivados del papel, aislantes, tanques para agua, tubería, frenos de automóviles, pintura.

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Como no hay dicha completa, cuando apenas comenzaba el siglo veinte, por allá en 1905, los médicos ingleses demostraron que el asbesto, también conocido como amianto, produce cáncer en los pulmones. Hasta el diccionario de la Real Academia Española, que poco se ocupa de asuntos científicos porque ese no es su tema, advierte en su definición que el asbesto tiene “efectos nocivos para la salud”.

Tuvo que pasar un siglo más hasta que, a comienzos del nuevo milenio, cuando estaba despuntando el año 2000, las naciones del mundo entero comenzaran a proscribir su explotación minera y su uso en las fábricas. Hasta ahora lo han prohibido la Unión Europea completa y 56 países más.

Entre las excepciones del resto del mundo está Colombia, que repetidas veces se ha negado a hacerlo. A eso se debe el aumento en nuestro país de la dolencia llamada asbestosis, cuya definición más sencilla y concreta me la dio el médico Martín Carvajal: “Es una enfermedad pulmonar provocada por la inhalación de asbesto, lo cual se asocia, en un alto porcentaje, con el cáncer pulmonar”.

Y aquí es donde hace su aparición la primera de nuestras dos mujeres.

La senadora Nadia Blel se pasó estos últimos años investigando el tema detenidamente. Asesorada por especialistas de América y Europa, preparó un proyecto de ley para prohibir el uso del asbesto. Su texto es tan cuidadoso que, para evitar sobresaltos y quebrantos económicos a las empresas o a sus trabajadores, les concedía un plazo de transición de cinco años para desmontar la explotación y el uso.

Al mismo tiempo, durante un año se dedicó a promover debates, a explicar el proyecto a sus colegas del Congreso Nacional y a pedirles que lo apoyaran. Tres días antes de la votación, su aprobación parecía asegurada. Eso fue hace dos meses. Pero, a la hora de la verdad, la derrotaron sorpresivamente en la comisión séptima del Senado.

—Se movieron muchos intereses que están en juego –me dice ahora la senadora Blel–. Intrigas, maniobras, tejemanejes. Faltó voluntad no solo de parte del Congreso sino del propio Gobierno, como en el caso de los ministerios de Salud y Trabajo.

Los primeros en sacarle el cuerpo, aunque se habían comprometido, fueron los senadores de aquellos departamentos donde están ubicadas las fábricas de tejas y tubería de asbesto. Funcionarios de esas empresas andaban por los pasillos del Congreso haciendo gestiones. Eso es lo que se llama lobby en el lenguaje de los intrigantes.

La senadora Blel se queda mirando a la distancia. Mueve la cabeza con desconsuelo y de repente musita:

“Demasiados intereses. Como si no supieran que el interés supremo es la vida”.

Cuando estaba en el ajetreo de preparar su proyecto de ley, la senadora Blel acudió al Ministerio del Trabajo en busca de información para enterarse de los problemas y muertes que el asbesto ha ocasionado a mineros, obreros y empleados.

—Las leyes establecen que el Ministerio debe tener inspectores especializados en esos temas –explica la congresista–, pero me confesaron que ni siquiera los han capacitado para hacer su trabajo. No hay ningún control sobre eso.
Y entonces aparece la segunda de nuestras dos mujeres.

La senadora le pidió ayuda a Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para asuntos relacionados con el trabajo y la seguridad social. Hicieron un frente común. Mientras la senadora luchaba en el Congreso, la procuradora Ojeda, para llenarse de requisitos y obtener toda la información confiable, ofició a las compañías que venden seguros de salud (las EPS) pidiéndoles información sobre sus pacientes con asbestosis. Escribió a ministerios, mandó circulares, movió a medio mundo.

A las EPS les requirió información actualizada sobre enfermos con neumoconiosis, que es como se llama la variedad del cáncer pulmonar provocado por la inhalación del asbesto. Uno se pone a temblar de espanto a medida que va leyendo sus informes.

He aquí, a manera de ejemplo, y para que se hagan ustedes una idea, el breve resumen de unos pocos reportes:

* Positiva, S. A., compañía de seguros. Reporta 19 casos actuales de cáncer, siete de ellos por asbestosis.

* Mapfre Colombia, A. R. L. Registra 10 casos de cáncer, entre ellos los de siete mineros.

* Sura A. R. L. Informa a la procuradora de seis casos recientes de cáncer pulmonar, de los cuales hay cuatro por“inhalación de fibra de asbesto”, textualmente escrito.

—Hasta ahora hemos logrado comprobar 450 casos de cáncer por asbesto en diferentes regiones de Colombia –revela la procuradora Ojeda–. Y quién sabe cuántos más habrá que ni siquiera quedan registrados.

Como si fuera poco, surge otro problema: varias de esas ARL (administradoras de riesgos laborales) se niegan a afiliar empresas con actividades de alto riesgo. En consecuencia, y como siempre, el paganini termina siendo el trabajador, que, además de expuesto, queda desprotegido.

La señora Ojeda Visbal me explica que, según mandato de las leyes colombianas, quienes trabajan con asbesto deben tener una pensión especial por la exposición al riesgo y la reducción de su vida.

—Pero los empleadores no pagan ese aporte adicional, que es del 10 por ciento, y, en consecuencia, Colpensiones se lo niega al trabajador. Y él, encima de que está enfermo, tiene que ponerse a demandar en defensa de su derecho. Conocemos varios casos en los que, cuando por fin aprobaron la pensión completa, ya era demasiado tarde…

Según Global Union, una asociación sindical suiza que representa a más de 20 millones de trabajadores en el mundo, “cada año mueren, en promedio, 320 colombianos por el cáncer de asbesto”.

Se han verificado además estremecedoras tragedias humanas, con nombres y direcciones, de familias enteras que han desaparecido por esa causa con el paso de los años. En algunas de ellas, el padre trabajaba en fábricas de láminas o de tanques, la madre le lavaba la ropa en casa, los hijos se sentaban en sus piernas. Todos han ido muriendo por la misma razón.

Como ya lo dije, hace tres meses, en junio pasado, el proyecto que prohibía la minería y uso del asbesto fue sepultado por la comisión 7 del Senado, dándole un entierro de tercera categoría.

En aquel momento varios senadores votaron en contra y pidieron que, más bien, se designen comisiones oficiales para investigar las verdaderas consecuencias del asbesto. “Como si toda esa experiencia internacional no sirviera para nada –comenta la senadora Blel–, al igual que las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo”.

Detalle curioso: esa fue la misma excusa que dieron en su momento algunos parlamentarios franceses para no aprobar una ley similar. Lo que consiguieron fue retrasar la prohibición por veinte años más.

La senadora se pone de pie y hace, con energía, esta pregunta:

—¿Por qué ninguno de esos senadores colombianos pidió que se creara una comisión similar cuando se iba a prohibir el uso del mercurio o del glifosato?

A pesar de todas esas adversidades, la senadora no se dio por vencida: apenas un mes más tarde, el 20 de julio, cuando se iniciaba el nuevo período de sesiones, volvió a presentar su proyecto de ley, pero esta vez ante la comisión 7 de la Cámara de Representantes, y no en el Senado.

De inmediato se puso en marcha la aceitada maquinaria del bloqueo: en ambas cámaras empezaron a inscribirse otros proyectos para dilatar la discusión, para alargar el tema y para impedir la prohibición. En esas estamos en este momento.

Como yo tengo la obligación de decir la verdad completa, debo informarles a ustedes que en Colombia ya hay varias empresas productoras de tejas, láminas, tanques y similares que han resuelto no usar más asbesto, reemplazándolo por diferentes materiales. Otras se están preparando para hacerlo.

Debo decir además que, hasta ahora, Medellín es la única ciudad del país que prohíbe a sus contratistas el uso de asbesto en las obras públicas.

Hasta hace unos años se llamaban ‘láminas de asbesto’, simplemente, y como tales aparecían en los avisos de televisión, radio y prensa. Pero ahora, para sacarle el cuerpo a la mala palabra, sus fabricantes las promueven con el aparatoso nombre de ‘láminas de fibrocemento’, con el cual figuran hasta en las páginas publicitarias de internet. Así, con palabritas de buena crianza, guardan las apariencias.

Vean esto, para que se queden con la boca abierta: esas mismas láminas para techos, cuando las exportan desde Colombia a varios países del mundo, no contienen asbesto, porque allá está prohibido. Pero las que hacen para el consumo interno sí lo contienen.

—Yo voy a seguir insistiendo –concluye la senadora Blel– porque mi único propósito fue y sigue siendo la vida.

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO