Con una oferta que al final resultó siendo el doble del precio base establecido por una firma evaluadora, el consorcio Prestasalud, conformado por ocho grupos de empresas que representan a 192 hospitales y centros de atención (IPS) del país, selló la compra de Cafesalud y de la red de Esimed, los principales activos de Saludcoop en liquidación.
Ángela María Echeverri, agente liquidadora, dio a conocer el miércoles, un día antes de lo presupuestado, el resultado de la evaluación de las dos ofertas recibidas la semana pasada por la EPS que asegura a cerca de 6 millones de colombianos.
Prestasalud ofertó un billón de pesos por las acciones del régimen contributivo, 200.000 millones por las del subsidiado y 250.000 millones por las de la IPS Esimed. En total,
Consideramos que como prestadores estamos haciendo una inversión de credibilidad en un sistema de salud que siempre ha tenido desequilibrios en contra de nosotros
Los precios base establecidos por los evaluadores, que se mantuvieron en secreto durante el proceso y fueron conocidos por EL TIEMPO, eran de 430.000 millones por el contributivo, 120.000 millones por el subsidiado y 200.000 millones por Esimed. En total, 750.000 millones de pesos por la EPS más grande del país.
Sin embargo, Jorge Gómez Cusnir, médico vocero de Prestasalud, aseguró que pagar el doble por Cafesalud no es, ni mucho menos, un mal negocio ni tampoco una equivocación en el cálculo. “Es una oferta perfectamente calculada y responsable con el sector, así que nos sentimos muy satisfechos. Consideramos que como prestadores estamos haciendo una inversión de credibilidad en un sistema de salud que siempre ha tenido desequilibrios en contra de nosotros”, afirmó.
Echeverri dijo estar satisfecha con la venta de los activos de Saludcoop. “A partir de hoy esperamos que esa red de más 180 clínicas que ganaron estén disponibles para atender a los afiliados a Cafesalud", indicó.
La Superintendencia de Salud vigilará que se cumplan las recomendaciones de la Procuraduría
Sin embargo, la condición de acreedores y prestadores de los nuevos dueños, ha sido cuestionada incluso por el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, que en una carta conocida el miércoles manifestó su inquietud por la no experiencia de las empresas que integran el consorcio en el campo del aseguramiento en salud.
“El proponente que ha presentado la única oferta integral es un consorcio que está conformado en su gran mayoría por instituciones prestadoras de salud y otro tipo de entidades, pero carece de entes que directamente cuenten con experiencia en materia de aseguramiento de salud”, escribió Carrillo a Ángela María Echeverri.
Echeverri le respondió a EL TIEMPO sobre ese cuestionamiento del jefe del Ministerio Público que acata las observaciones como válidas, pero que, por ahora, considera que no representan problema para la prestación de servicio. “La Superintendencia de Salud vigilará que se cumplan las recomendaciones de la Procuraduría”, apuntó.
Frente al tema, Gómez Cusnir aseguró que si bien no hay una experiencia directa, su propuesta se basa en la gestión de riesgo que homologa el aseguramiento y recuerda que algunas empresas del consorcio ejercen este papel a través de sus modelos de contratación. “Hay que recordar que el componente operativo y el talento humano de Cafesalud que se ha dedicado al aseguramiento se mantendrá ejerciendo el mismo papel”, señaló.
Estos no han sido los únicos cuestionamientos en el proceso que comenzó el 30 de diciembre pasado y que estuvo salpicado de inquietudes. Por ejemplo, fue motivo de polémica el hecho de que algunos miembros del consorcio estén involucrados en procesos legales o con familiares relacionados con delitos.
En esa materia, el superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, indicó que en los filtros de revisión de idoneidad se revisaron todas las listas de riesgo, incluidas 115 personas naturales y las personas jurídicas y no se encontraron inhabilidades.
Por otro lado, a última hora del miércoles se supo que la Red de Veedurías demandará ante los órganos de control la venta de Cafesalud. En palabras de Pablo Bustos, su presidente, por omitir requisitos de la contratación pública como la pluralidad de oferentes, la libre concurrencia y la experiencia mínima.
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