Aunque hace más de 10 años, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud tomar medidas para reducir el número de tutelas en las que los colombianos piden servicios de salud, esta meta que impuso el alto tribunal no se logra.
El año pasado, 207.734 colombianos acudieron a la tutela para amparar su derecho a la salud, una cifra que para el defensor del Pueblo, Carlos Negret, es como si toda la población de Tunja se hubiera quedado sin la atención que requiere.
El informe ‘La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social’, que presentó la Defensoría del Pueblo ayer, evidencia que una de cada tres tutelas que se presentaron en Colombia en el 2018 fue por esta causa, y que al compararse con el 2017 aumentaron 5 %, mientras que el global de tutelas cayó 1,2 %.
Y, aunque el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo en el mismo evento que la tutela no se puede considerar la puerta de entrada al sistema de salud, pues solo representa el 0,3 % de los servicios que se prestan, para otros, como Negret, esta herramienta que sigue usándose cada vez más demuestra que hay fallas profundas en la garantía del derecho de la salud de los colombianos. Entre otros puntos, Negret señaló que un alto porcentaje de las tutelas falladas a favor de los usuarios son desacatadas en contra del bienestar y la vida de las personas.
Prueba de ello es que la exigencia de tratamientos integrales para enfermedades catastróficas como el cáncer, que están cubiertos en su totalidad por el sistema de salud, fueron los recursos más solicitados a través de las tutelas, según el informe.
Al comparar con cifras del 2017, las tutelas para acceder a tratamientos integrales pasaron de 89.818 a 110.600 en el 2018. Asimismo, las citas con especialistas pasaron de 53.325 a 61.692. Mientras que las tutelas para obtener medicamentos bajaron de 91.629 a 73.018. La mayoría de acciones se presentan contra las EPS, y, proporcionalmente, las de mayor número de reclamaciones fueron Savia Salud (123 por cada 10.000 afiliados), Coomeva (105), Ecoopsos (93) y Medimás (60).
Juan Gonzalo López, presidente de la junta directiva de Acemi, gremio que reúne a las principales EPS del régimen contributivo, señala que el informe profundiza en problemas que afectan la prestación de servicios como la insuficiencia de recursos del sector, la falta de personal especializado, la incapacidad de resolución de las redes de prestadores e, incluso, las brechas de acceso en las regiones.
“Se requiere ir más allá de las responsabilidades y buscar soluciones que llenen estos vacíos”, dice López, quien defiende el mecanismo de la tutela y dice que muchas aseguradoras sí están haciendo las cosas bien.
Sin embargo, Néstor Álvarez, vocero de pacientes de alto costo, manifiesta que este informe confirma que los usuarios en el país están desamparados y no existen entes de vigilancia efectivos. “Se reflejan vacíos en el manejo de recursos, en la operación y la racionalidad del sistema en general”, concluye.
REDACCIÓN SALUD
