El aborto inseguro es un problema de salud pública, de derechos humanos y de justicia social, según lo define Joaquín Guillermo Gómez Dávila, médico ginecobstetra y Ph.D en Salud Pública de la Universidad de Antioquia.
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El experto define que, de los 208 millones de embarazos estimados en el mundo por año, el 41 por ciento fueron no deseados, lo que los convierte en una fuente de aborto inseguro.
Laura Gil, ginecóloga de la Universidad Nacional y miembro del Comité de derechos humanos y salud de la mujer de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) informa que —según cifras recopiladas por dicha agremiación luego de revisión de estudios de muestra— en Colombia se realizan, cada año, 400.400 abortos a través de métodos no seguros y completa esta cifra diciendo que 39 de cada mil mujeres en edad fértil deciden abortar anualmente en el país.
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El problema es que la mayoría de estos procedimientos se realizan en la clandestinidad, lo que contrasta con las cifras de interrupción voluntaria del embarazo, que en el caso de Bogotá supera las 10.000 atenciones y que según la especialista serían solamente el 10 por ciento de los que se estiman en dicha ciudad.
Consecuentemente, Gómez Dávila, en un artículo de la Revista colombiana de obstetricia y ginecología, deja claro que entre el 20 y el 30 por ciento de las mujeres que se enfrentan a un aborto inseguro presentan infección de los órganos pélvicos y 8 millones alrededor del mundo sufren complicaciones que requieren tratamiento médico; de estas, 5 millones solamente tienen acceso al mismo, por lo que 47.000 mujeres fallecen cada año como consecuencia de complicaciones relacionadas de estos procedimientos.
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A lo anterior se suma —continúa Gómez Dávila— que el 98 por ciento de estas mujeres vive en países pobres y se concentran en aquellos con leyes restrictivas que las obligan a recurrir a prácticas no seguras y personal no calificado, lo que termina por imponer una mayor carga de enfermedad y muerte. En este contexto se estima que en América Latina la razón de letalidad por abortos es de 30 por cada cien mil nacidos vivos.
Desde el marco de la salud pública no existe ninguna justificación para que no se adopten todas las medidas necesarias para que la totalidad de los abortos sean seguro
En Colombia, si bien la Corte Constitucional lo despenalizó bajo 3 causales en el 2006 (violación, deformación incompatible con la vida del feto y riesgo para la madre), hasta ahora se imponen el aborto inseguro “como consecuencia de la poca información, las trabas administrativas, los retrasos en los procesos de atención, los maltratos y las violaciones a los derechos de las mujeres”.
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Derivados de los más de 400.000 abortos no seguros por año hay más de 93.000 complicaciones que se podrían evitar y que consumen recursos del sistema de salud, hoy se calcula que las complicaciones de la interrupción voluntaria del embarazo están entre las primeras cinco causas de muerte materna a nivel nacional.
En contraste, Gil asegura que la mortalidad por aborto realizado en condiciones seguras es infrecuente y que se puede calcular en uno en un millón de procedimientos, “mientras que la del aborto inseguro puede bordear 17 por cada cien mil”.
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Pero esta cifra no es independiente de la mortalidad materna, que en Colombia es de 75 por cien mil, en las que se incluyen todas las muertes relacionadas con el parto, lo que, según la ginecobstetra proporciona una idea clara de que cuando una mujer decide ser madre asume unos riesgos, incluido el de muerte, siendo esta una de las bases argumentativas de por qué una mujer puede exigir el derecho a no asumirlos si no es su deseo.
Aunque la tasa de complicaciones por abortos inseguros es en promedio del 30 por ciento, Gil asegura que esta puede llegar al 65 por ciento cuando se utilizan sustancias tóxicas, se presentan lesiones autoinflingidas por instrumentación del útero por parte del personal no experto. Algunas proyecciones dejan claro que si existiera una atención en salud, se podrían disminuir este tipo de desenlaces hasta en un 300 por ciento, de ahí que “desde el marco de la salud pública no existe ninguna justificación para que no se adopten todas las medidas necesarias para que la totalidad de los abortos sean seguros”, insiste Gil.
Los dos especialistas consultados por EL TIEMPO dejan claro que las mujeres en las regiones más apartadas del país y pertenecientes a minorías son las más desprotegidas en términos de acceso a servicios sanitarios que garanticen procedimientos seguros. Pero también en las grandes ciudades las cifras son reveladoras, porque a pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento incluido en las coberturas del sistema de salud, el 95,8 por ciento de ellas son brindadas por servicios privados y la gran mayoría pagados por las mismas mujeres, lo que incrementa las brechas en el acceso y las cargas económicas sobre ellas, que como se dijo pertenecen a los grupos más vulnerables.
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En síntesis, si en Colombia todas las mujeres pudieran tener acceso a un aborto seguro cuando lo desean, en los últimos 12 años se hubieran brindado alrededor de 4 millones de atenciones y se hubiera evitado la muerte de casi 600 mujeres por complicaciones de estos procedimientos inseguros o de la maternidad forzada, lo que también significa que se hubieran podido evitar la pérdida de más de 36.000 años de vida saludable por esta misma causa.
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Llama la atención que un país como Canadá, después de 34 años de haber eliminado el aborto como delito, no ha presentado un aumento en esta tasa y se ha observado en la edad gestacional que en promedio se solicitan los abortos, al punto que prácticamente ha desaparecido la mortalidad materna por esta causa.
En síntesis, el aborto exige una mirada desde la salud pública, el derecho y la justicia social.
CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ y DIANA PÉREZ
Unidad de Salud
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