Secciones
Síguenos en:
'Estos hechos de violencia deben frenarse cuanto antes': Temblores ONG
Paro nacional Suba 2

En esta zona de la capital se registraron los primeros desmanes de la jornada tras la llegada tanto de las autoridades como del Esmad.

Foto:

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

'Estos hechos de violencia deben frenarse cuanto antes': Temblores ONG

Entrevista con Alejandro Lanz, codirector de la ONG Temblores.

"A todas las personas manifestantes les hacemos un llamado a que vuelvan a sus casas o que busquen un lugar para refugiarse. No hay garantías para protestar”, este es el llamado que la ONG Temblores ha hecho en diversas oportunidades con ocasión de las manifestaciones por el Paro Nacional que comenzó el 28 de abril.

Durante el día gran parte de las manifestaciones en el país son multitudinarias y pacíficas. En la noche la violencia se desata. Personas víctimas de homicidio, civiles armados, CAI y estaciones de transporte público quemadas, almacenes saqueados, manifestantes desaparecidos, policías heridos... El panorama se ha repetido, de manera sistemática, durante la última semana, a lo largo y ancho del país.

Temblores ONG ha hecho un trabajo de documentación y registro de la violencia policial desde hace 4 años aproximadamente. A través de sus plataformas de denuncia de casos de violencia policial durante las movilizaciones sociales, han generado un registro diario de violaciones a los derechos humanos y arbitrariedades por parte de dicha institución en el marco del Paro Nacional.

La situación es tan crítica que la misma organización ha emitido comunicados pidiendo a las personas que se resguarden en las noches y no salgan a protestar después de las 6:00 p. m., porque no hay garantías para la vida.

Temblores entregará un reporte a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a propósito de la difícil situación que vive Colombia actualmente.

Hay que hacer un llamado a la disminución de la violencia.

¿Cuál es el balance de Temblores sobre la violencia policial y violaciones a los Derechos Humanos durante las manifestaciones por el Paro Nacional?

Durante 9 días consecutivos venimos registrando un incremento de las tácticas de violencia policial por parte de la fuerza pública contra la ciudadanía. Nos preocupa mucho que, en el último comunicado que emitimos, desde las 6:00 a. m. del 28 de abril a las 10:00 a. m. del 7 de mayo, hay alrededor de 1773 casos de violencia policial. Siendo esta una cifra con un alto nivel de subregistro porque no alcanzamos a registrar todo lo que está sucediendo en el país.

¿Dentro de ese registro cuáles son los hechos más graves?

Tenemos documentados 37 casos de víctimas de violencia homicida en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública, 28 víctimas de agresiones oculares —que es una práctica que se ha venido incrementando desde manera abismal desde del Paro del 21 de noviembre del 2019—, tenemos 11 víctimas de violencia sexual —a partir del sábado arrancamos a mirar que se estaba convirtiendo en una práctica utilizada por la fuerza pública— y 105 casos de disparos con arma de fuego, en dónde hay personas heridas.

Hay utilización de armas no convencionales para herir a los manifestantes, hay una gran cantidad de víctimas de violencia física con palos, cascos y todo tipo artefactos. Hay otra cantidad de lesiones, que estamos en el proceso de contabilizar, que no son en los ojos pero que son en la cabeza. Personas que han sido completamente deformadas en sus caras por los artefactos que está disparando la fuerza pública.

(Le puede interesar: Lucas Villa, el estudiante herido en Pereira que lucha por su vida)

También hay denuncias de cortes de luz en las zonas donde hay enfrentamientos...

Rechazamos claramente la violencia contra la fuerza pública y las acciones de vandalismo.

La situación es muy alarmante. Nos preocupan muchísimo esas prácticas de cortes de luz asociadas, además, a ráfagas de la fuerza pública contra personas en el espacio público movilizándose. Hemos visto también obstrucción al personal médico para brindar ayuda y atención inmediata a personas que están en riesgo en una movilización.

Además de los casos de violencia física, ustedes también hablan de casos de detenciones arbitrarias...

Todas esas caracterizaciones están acompañadas también de procesos arbitrarios, de detenciones arbitrarias, tenemos 936 registros de esta forma de violencia. También hemos registrado 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, en donde la manifestación estaba siendo pacífica. El hecho más grave de eso es una velatón en dónde estaban reunidos por un chico que había sido asesinado en Cali y en la misma velatón irrumpió la fuerza pública disparando contra la ciudadanía.

¿Según sus registros, cuales son las regiones más críticas en este momento?

La situación en Cali es crítica, es en donde más se presentan los reportes de violencia homicida. También en Madrid (Cundinamarca), Ibagué, Medellín, Cartagena, Palmira, en estos lugares también tenemos reportes de violencia homicida. Nos preocupa muchísimo que se hayan militarizado las ciudades, que se ve en la práctica una suspensión del Estado social de derecho.

¿A qué atribuir esta violencia por parte de algunos miembros de la fuerza pública?

Hay que hacer una lectura de contexto y es que justo antes de la convocatoria al Paro Nacional del 28 de abril, el 27 de abril tuvimos un episodio que fue la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en donde decretó una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones.

Esta decisión, unas horas antes de que arrancaran las movilizaciones en el país, generó dos cosas: la primera es que la gente salió con mucha rabia contra el Estado colombiano, contra las instituciones colombianas porque una orden judicial estaba diciéndole a los manifestantes que no podían salir a marchar. Y por otro lado, hemos analizado que esta decisión constituyó un elemento determinante para que la fuerza pública estuviera legitimada a violentar a quienes salieron a movilizarse en las calles y eso es un detonante muy grave que ha generado esta ola de violencia en estos Paros que estamos viviendo en el país.

(Le recomendamos leer: ¡Ojo! Estas son las noticias falsas que no debe creer sobre el paro)

¿Qué sucede con las instituciones estatales encargadas de garantizar los derechos humanos durante las marchas?

Esa es una de las grandes preocupaciones porque tiene que ver con la falta de independencia de los poderes del Estado colombiano. Instituciones que han sido cooptadas por el Ejecutivo como la Procuraduría y la Defensoría, completamente dependientes de este poder. Es sorprendente que la Defensoría apenas haya sacado información el 3 de mayo sobre los homicidios, cuando eso debió suceder desde el primer día del Paro.

¿Por qué, según ustedes, la violencia policial se alimenta de la impunidad del sistema de administración de justicia?

En nuestro análisis jurídico creemos que uno de los incentivos que perpetúan la violencia son la falta de una independencia judicial que garantice la justicia y el debido proceso a las personas implicadas. La Justicia Penal Militar, que son tribunales de guerra entrenados para juzgar militares en contextos de confrontación guerrerista, no son para juzgar asuntos de aspecto policial.

La policía en Colombia es una policía de carácter civil que está para garantizar los derechos humanos de la ciudadanía. Y en ese sentido nosotros vemos con mucha preocupación que los casos de violencia policial sean automáticamente redirigidos a la Justicia Penal Militar. Creemos que para poder generar un cambio profundo y para poder dar luces a todo lo que está sucediendo, hay que hacer una pequeña reforma en la arquitectura del Estado colombiano en donde los casos de la Policía sean juzgados por una justicia independiente ordinaria.

En el congreso hay en trámite una reforma policial que restringiría el uso de maniobras como el estrangulamiento, la escopeta calibre 12 o pistolas tipo taser. Además de estas propuestas y de que los casos sean juzgados por una justicia independiente ordinaria, ¿qué otro tipo de acciones proponen para frenar la violencia policial?

Hay que hacer un llamado a la disminución de la violencia.

La justicia es uno de los pasos importantes que hay que dar, pero también hay que hacer otras reformas estructurales sobre cómo funciona la Policía en Colombia. En nuestro informe Bolillo, Dios y Patria proponemos algunas cosas que no son de forma, sino que son prohibiciones porque hemos documentado cómo sistemáticamente el Esmad, por ejemplo, incumple los protocolos internacionales de disparos parabólicos y de metraje. Lo vimos claramente en el 2019 con el asesinato de Dilan Cruz. Entonces hay que hacer una profunda revisión de estas armas que aparentemente son de letalidad reducida, pero están generando muertes en el campo de las protestas sociales.

(Puede leer: Corredor humanitario en Juanchito para abastecimiento de Cali)

Creemos también que la utilización de armas de fuego no pueden acompañar a quienes se movilizan en el espacio público. Es importante que el Estado piense en unos gestores de convivencia, integrados por actores interinstitucionales de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las administraciones municipales, para mediar conflictos. También que hay un problema y es que como institución pública, la Policía debe garantizar la publicidad de sus procedimientos y muchas veces estos procedimientos no son públicos. Son procedimientos que quedan resguardados al interior de las paredes de los CAI y no se cuentan con testigos que puedan dar cuenta de que es un procedimiento que sucedió de manera legal y no hubo arbitrariedad o violencia.

¿Cuál cree que es la pregunta o reflexión que estos hechos nos dejan como sociedad?

Hay que hacer un llamado muy grande a una concertación nacional para entender las voces de quienes están saliendo con tanta furia a las calles. Rechazamos claramente la violencia contra la fuerza pública y las acciones de vandalismo. Pero si es importante hacer énfasis en que cuando los delitos de violencia homicida, física y sexual son cometidos por el mismo Estado, ahí sí está roto el Estado social de derecho. Hay que hacer un llamado a la disminución de la violencia. Es importante poder hacer un consenso, con unos mínimos establecidos, en donde se reconozca que que estos hechos de violencia se han salido de las características de lo que es un Estado social de derecho y que deben frenarse cuanto antes. Se debe garantizar el derecho social a la protesta en un país que es firmante, además, de tratados internacionales. Nosotros le apostamos a un diálogo nacional.

María Isabel Moreno Muñoz
Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo

POLÍTICA@PoliticaET

Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.