La falta de recursos económicos y de seguridad en las 23 zonas veredales de concentración con las Farc fueron los dos principales temores que expresaron los personeros del país reunidos en Bogotá.
Cerca de 250 personeros fueron convocados por Fenalper, la Federación Nacional de Personerías; el Ministerio del Interior y la Unidad de Víctimas para examinar cómo sería la implementación de los acuerdos de paz en las regiones. El Gobierno se comprometió a implementar acciones para fortalecer las personerías teniendo en cuenta que son las que tienen contacto directo con las víctimas.
El personero de San José del Guaviare, Andrés Pacheco, aseguró que la comunidad de la zona está en zozobra y requiere de una mayor presencia del Estado.
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En ese departamento en el que hay dos puntos de concentración, están ubicados los frentes Primero y Séptimo cuyos comandantes entraron en disidencia y fueron expulsados por la guerrilla. A esas zonas de concentración, según afirma Pacheco, no ha llegado ningún guerrillero.
“Por el lado de San Miguel están los frentes Primero y Séptimo que siguen extorsionado e imponiendo normas a los habitantes de la región y por el lado de Miralindo están las bandas. La población civil quedó en medio de esos dos bandos”, indicó Pacheco.
Añadió que se requiere mayor presencia de Policía e Infantería de Marina, además de planes sociales para apoyar a la comunidad.
Anny Castillo Vivas, personera de Tumaco (Nariño), en donde se estableció la zona veredal La Playa, en el sector La Variante, señaló que el 32 por ciento de la población está en condiciones de pobreza extrema.
Castillo advirtió que hay un incremento en los homicidios, este año se han registrado 135 asesinatos. Treinta más que en el 2015. “La situación es preocupante, pensamos que una vez firmado el acuerdo de paz, la situación de orden público y de seguridad iba a mejorar pero hay un incremento en homicidios”, dijo.
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También denunció que continúan las amenazas a líderes sociales y comunitarios y que en desarrollo de operaciones militares y en combates con grupos ilegales se han registrado tres desplazamientos forzados de 75 familias y 281 personas que tuvieron que dejar sus veredas y refugiarse en la cabecera municipal.
Las extorsiones, dijo la personera, continúan dependiendo de la capacidad económica de las víctimas. Van desde 20.000 hasta los 37 millones de pesos y son vulnerables tanto el vendedor de minutos hasta los comerciantes. En Tumaco hacen presencia otros grupos armados como el Eln, las Autodefensas Gaitanistas y un grupo conocido como ‘Nuevo Orden’. “Los grupos se van mutando pero van tras los mismos negocios del narcotráfico que por estar cerca de la frontera con Ecuador genera mayor interés”, dijo Castillo.
En Arauca, afirma el personero Juan Carlos Villate, una de las preocupaciones es que sigue el accionar del Eln. “Ellos siguen asesinando, en la vereda El Botalón (Tame) hay alta presencia de guerrilla. Se registraron en el último mes 5 homicidios y esto hace que la comunidad sienta inseguridad”, dijo. Villate hizo un llamado al Eln para que haga un cese de hostilidades.
“Con la transición de las Farc, ahora la pregunta es qué va a pasar y quién va a controlar los territorios. El reto será el hacer justicia porque quienes controlaban todo eran las Farc”, añadió Villate. En Arauca, las Farc estarán concentradas en la vereda Filipinas.
Los personeros señalaron que hay intranquilidad en las comunidades sobre qué pasará después de los 180 días cuando se termine la vigencia de esas zonas.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, afirmó que se debe contrarrestar a los grupos delincuenciales que, con la salida de las Farc, quieran quedarse en la zona. “Se debe garantizar un mejoramiento sustancial en el tema de derechos humanos en las regiones afectadas por el conflicto para asegurar que ese vacío dejado por las Farc sea llenado por la institucionalidad y no por nuevos grupos armados ilegales”, dijo.
JUSTICIA
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