Van más de 80 lideresas asesinadas en siete años

Van más de 80 lideresas asesinadas en siete años

91 % de casos no tiene aún sentencia en firme. En imputación, juicio o ejecución de penas , el 9 %.

Líderes asesinadas

Un total de 19 mujeres líderes fueron asesinadas en Colombia durante el último año; la mayoría de esos crímenes permanecen impunes. Entre 2013 y 2019 hubo 1.339 agresiones a lideresas.

Foto:

Archivo particular

Por: Luisa Mercado y Javier Forero
26 de septiembre 2020 , 11:57 p. m.

El país se conmovió el 21 de junio del año pasado con el desgarrador llanto de un niño que pateaba al aire, mientras se agarraba la cabeza y golpeaba las paredes en medio de la rabia, del desconsuelo. Su madre acababa de ser asesinada ante sus ojos.

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La mujer, que dejó a cuatro menores huérfanos, era María del Pilar Hurtado, una líder comunitaria y de víctimas que apenas un año antes de su muerte había llegado a Tierralta, Córdoba, proveniente del Cauca, tras haber sido amenazada por denunciar las llamadas ‘casas de pique’.

Esta escena, con pequeñas diferencias, se ha repetido 84 veces en Colombia en los últimos siete años. Así lo documenta el informe ‘Defensoras, voces de vida y resistencia’, elaborado por el programa Somos Defensores, Sisma Mujer, Limpal y la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.

Según revela el documento, entre 2013 y 2019 hubo 1.339 agresiones contra mujeres líderes, y entre estas se cuentan 84 casos de homicidio, la mayoría de los cuales quedaron en la impunidad.

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Los casos en imputación, juicio o ejecución de penas, según el informe, son el 9 por ciento, “los de homicidios de defensoras de derechos humanos se encuentran en un 91 por ciento de impunidad”. Solo 4 casos tienen condena firme.

“Se ha encontrado que la Fiscalía ha centrado sus esfuerzos en los casos de asesinatos, pero no ha adoptado medidas suficientes para investigar las amenazas, los hechos de violencia sexual, los casos desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos” que muchas veces terminan en el homicidio, indica el documento.

Esto, a pesar de que se conocen los presuntos responsables de estas agresiones, entre los cuales se identifica en un 67 por ciento (902 casos) a grupos paramilitares; en un 25 por ciento (331) se desconoce el presunto autor. Y del resto se identifica como responsables a instituciones del Estado en un 4 por ciento (56 casos), disidencias de las Farc en un 3 por ciento (34 casos) y al Eln en un 1 por ciento (13 casos).

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Si bien los agentes del Estado no son los mayores perpetradores en estos casos, sí están encendidas las alertas. En un informe enviado esta semana por la Procuraduría al Congreso, la entidad reveló que actualmente tiene 18 procesos contra miembros de la Fuerza Pública por agresiones a líderes, de las cuales “14 se han iniciado por posible conducta de homicidio”.

Mayor vulnerabilidad

En la mayoría de los casos, como lo explicó durante la presentación de un informe sobre el tema la alta consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, las agresiones a líderes sociales coinciden con la convergencia de fenómenos criminales como el accionar de grupos armados organizados, narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y el despojo de tierras.

Sin embargo, en el caso de las mujeres líderes hay otros factores que las ponen en mayor vulnerabilidad. Diana Salcedo, directora de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), indicó que las mujeres líderes se ven expuestas a situaciones como violencia sexual o amenazas a su entorno familiar a raíz de que muchas tienen también el rol de madre, amenazas a su entorno comunitario, entre otras. “Los riesgos en el entorno familiar están enfocados, por ejemplo, en el reclutamiento forzado y la intimidación de verse obligadas a desplazarse”.

Igualmente, como lo afirmó la socióloga de la Universidad Nacional Daniela Gaitán, quien ha estudiado los liderazgos femeninos, esta violencia está “ligada a las profundas brechas de discriminación por razón del género”, las mujeres “se enfrentan a mayores grados de discriminación, incluso dentro de las comunidades”.

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A esto se suma el hecho de que en la sociedad predomina la vocería masculina, lo que acentúa el machismo.

Otro factor, según el informe, es el tipo de liderazgo que asumen las mujeres. El tipo de liderazgo con más agresiones fue el de las indígenas, con 118 casos, seguido por las lideresas comunitarias, con 75; las campesinas y de víctimas, con 68 cada una; las afrocolombianas, con 66; las comunales, que registraron 63 casos; las sindicales, con 24; las educativas y ambientales, cada una con 19 registros; las lideresas de mujeres, con 23 agresiones, y las lideresas LGBTI, con 19.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz reveló esta semana que, entre otras estrategias, el Gobierno ha venido trabajando en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que con corte al pasado 8 de septiembre ha sesionado en 36 oportunidades, con el fin de establecer estrategias y lineamientos para la prevención de las agresiones contra líderes.

En cuanto a las recomendaciones, el informe asegura que se requiere por parte de la Fiscalía un mecanismo de registro y seguimiento diferencial de la información relativa a las investigaciones sobre ataques a mujeres defensoras.

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Igualmente, como el contenido del informe revela que las agresiones se han incrementado en los últimos años y en el marco de la implementación del acuerdo de paz, se debe insistir en la responsabilidad del Estado en el cumplimiento del acuerdo.

También se destaca la necesidad de que en los análisis de riesgo que hace la Unidad Nacional de Protección para asignar esquemas de protección se tenga un enfoque de género.

Esto para evitar que Colombia se siga convirtiendo en un país de niños huérfanos y gritos desgarradores.

Estrategia del Gobierno para frenar ataques

El Gobierno tiene una estrategia que involucra dos pilares para las garantías del ejercicio del liderazgo social: Prevención y protección, que lidera el Ministerio del Interior y cuyos principales aliados son gobernadores, alcaldes, entes de control y organizaciones sociales, y Seguridad, que lidera el Ministerio de defensa y ejecutan las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

“La Consejería para los Derechos Humanos, por su parte, debe recoger la información y hacer recomendaciones al Gobierno. El Presidente lleva un control de la información. Debemos enviarle las cifras que reflejen lo ocurrido cada semana”, dijo la consejera Nancy Patricia Gutiérrez.

LUISA MERCADO Y JAVIER FORERO
Redacción Política

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