Transcurridos 150 días de la firma de la paz con las Farc, los hechos han perfilado de manera nítida tres de los grandes desafíos que enfrenta la implementación de los acuerdos con esta guerrilla: la seguridad, los cultivos ilícitos y la coyuntura política.
Solo para empezar por lo más reciente, el asesinato en Tumaco del primer excombatiente de las Farc, Luis Alberto Ortiz, atribuido al cabecilla del ‘clan del Golfo’ en ese puerto del Pacífico, prueba que, no obstante el plan de seguridad para los exguerrilleros, el reto de protegerlos es mayúsculo.
Sobre todo cuando es evidente que las bandas criminales, el Eln y disidentes de las propias Farc están dando la pelea por los territorios que dejó esta guerrilla y donde pretenden mantener la producción de droga y la minería ilegal. Eso es lo que está ocurriendo en varias regiones del país.
Por ahora, la mayoría de los integrantes de las Farc están seguros en los 26 puntos donde están concentrados para el desarme progresivo. De acuerdo con información oficial, algo más de 10.000 miembros de la Fuerza Pública resguardan la periferia de esas zonas.
Pero otra cosa será cuando las llamadas zonas veredales para el tránsito a la vida civil dejen de existir como puntos aislados, y estas y los exguerrilleros se integren a la vida ciudadana en pleno.
Precisamente, el integrante de las Farc asesinado estaba visitando a su familia tras abandonar una cárcel de Cali por el beneficio del indulto.
El otro punto de la paz con las Farc claramente desafiado hoy por la realidad en el terreno es la sustitución de los cultivos ilícitos.
Las protestas de cocaleros, la retención temporal que hicieron de 11 policías que erradicaban cultivos ilegales y el asesinato de un agente –todo esto, también en Tumaco– demostraron que, ante la presión de otros grupos armados por mantener sus rentas, el apoyo de las Farc a la sustitución de los plantíos ilegales no basta para ganar la guerra contra la producción de cocaína.
El Gobierno le apuesta a una estrategia mixta: la erradicación forzosa de cultivos grandes y la firma de acuerdos de sustitución voluntaria con pequeños productores.
El consejero presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo, defiende esta estrategia y dice que “pese a las dificultades, nunca había habido una oportunidad para combatir los cultivos de coca con la voluntad de los campesinos como la que ha generado el proceso de paz con las Farc”.
Ya, según el Gobierno, hay acuerdos de sustitución con alcance sobre 80.000 familias, y la meta es que así se acaben 50.000 de las 188.000 hectáreas de hoja de coca que tiene el país. Los plantíos de las familias que no se acojan a este programa serán erradicados por la Policía y el Ejército.
Las Farc creen que la erradicación forzosa solo repetirá el ciclo perverso de la violencia y que el Gobierno debe estructurar una estrategia integral contra la producción cocalera que contemple, incluso, facilidades para el sometimiento a la justicia de bandas criminales que hoy controlan el negocio de la coca, como el ‘clan del Golfo’.
“Debe ser así porque si les erradican en Nariño, se van al norte del Chocó o al nudo de Paramillo, y esto será un ciclo eterno y perverso que nos va a mantener en guerra”, afirma el jefe guerrillero Pastor Alape.
Eso sí, admite que habrá sitios en los que probablemente la única alternativa sea la erradicación, pero considera que esto debe determinarse tras un análisis conjunto de todas las agencias del Estado y las comunidades.
Precisamente, habla de que hoy día hay descoordinación de las instituciones, y pone como ejemplos a Puerto Asís, en Putumayo, y Briceño, en Antioquia, donde los campesinos firmaron acuerdos de sustitución voluntaria y luego llegaron los erradicadores.
A los problemas que enfrenta en los territorios la implementación de los acuerdos de paz se suma un gran desafío político: las elecciones presidenciales del 2018.
La advertencia de los detractores de la negociación de La Habana de que modificarán partes sustanciales del Acuerdo Final si llegan al poder convierte la futura elección en una suerte de referendo a favor o en contra de la puesta en marcha de los acuerdos de paz.
Por eso, para el Gobierno es prioritario que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comience a funcionar y los integrantes de las Farc comprometidos con delitos graves acudan a ella de inmediato. Así se contrarrestaría la propaganda que están haciendo los opositores a los acuerdos sobre una supuesta impunidad.
A Mesetas (en el Meta), según le contó Alape a EL TIEMPO, comenzarán a ir pronto los guerrilleros que deben presentarse ante la JEP. Allí, mientras llega el momento de ir antes los magistrados, estarán bajo la protección de una unidad especial de la Policía y del Inpec.
Lo cierto hoy es que el asesinato del primer guerrillero, la pelea de la bandas criminales y del Eln en zonas como Nariño y Chocó para controlar antiguos territorios de las Farc y la campañas políticas que se basan en el desprestigio del Acuerdo Final de La Habana son alertas claras sobre los peligros para la paz con las Farc, cuyo beneficio inmediato y poco valorado ha sido la disminución, a niveles históricos, de la violencia en Colombia.
13 de Abril: cocaleros retienen a policías
Comunidades cocaleras de Tumaco, en Nariño, protagonizaron fuertes protestas contra la erradicación de los cultivos ilícitos que adelanta la Policía Antinarcóticos en esa zona. La tensión máxima se dio cuando cerca de 1.000 campesinos retuvieron a 11 policías, liberados un día después.
16 de abril: Banda mata a guerrillero
Luis Alberto Ortiz Cabezas, excombatiente de las Farc que había salido de una cárcel de Cali tras recibir el beneficio del indulto, fue asesinado por alias Renol, miembro de la banda criminal ‘clan del Golfo’. El guerrillero fue atacado cuando visitaba a su familia en Tumaco. Llevaba solo 15 días en libertad.
Carta de Uribe y reparos en el Congreso
Esta semana se conoció una carta del senador Álvaro Uribe al Congreso de EE. UU. en la que sugiere que las Farc crearon su propia justicia. Además, Mauricio Lizcano, presidente del Congreso y quien ha apoyado el acuerdo de paz, dijo que el ‘fast track’ no es la vía para la reforma electoral que se deriva de este.
MARISOL GÓMEZ GIRALDO
Editora de EL TIEMPO
En Twitter: MarisolGmezG
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