Con la decisión de admitir en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los excongresistas Álvaro Ashton y David Char –procesados por ‘parapolítica’–, esta justicia transicional marcó un precedente para que los terceros involucrados en el conflicto acudan a la JEP.
Cuatro meses atrás, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP les había negado a los dos congresistas la entrada a esta justicia de paz, pero, a través de la Sección de Apelaciones del Tribunal, dio a conocer que reversó esa determinación.
En tres decisiones adoptadas esta semana, entre las cuales se cuenta también la del exagente del DAS Martín Sierra D’Alemán –condenado por el secuestro, tortura y asesinato de Janeth Roldán Novoa, ocurrido en 1994–, la JEP explicó la importancia de que agentes del Estado, así como particulares relacionados con el conflicto, se sometan a esta justicia.
“El procesamiento de personas que desde el Estado y el sector privado contribuyeron a la prolongación del conflicto armado es necesario para esclarecer la verdad, superar el conflicto y dignificar a las víctimas”, dijo el magistrado y presidente de la Sección de Apelaciones del Tribunal, Eduardo Cifuentes.
Procesar a personas que desde el Estado y el sector privado contribuyeron a la prolongación del conflicto es necesario para llegar a la verdad
A Char, cuya condición de empresario también se analizó, se lo acusa de haber hecho aportes financieros y en armas de uso privativo de la Fuerza Pública al bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Y de igual forma a Ashton, quien es investigado por concierto para delinquir agravado y cohecho, en el marco de presuntas relaciones para favorecer a ese bloque paramilitar.
Los magistrados consideraron en primera instancia que los delitos por los cuales son investigados los dos congresistas no estaban relacionados con el conflicto armado y, en ese sentido, no eran de conocimiento de esa jurisdicción. A su juicio, la relación de Ashton y Char con los ‘paras’ era para favorecerse políticamente.
Sin embargo, la Sección de Apelaciones echó para atrás esa postura sobre la base de que las conductas de los dos excongresistas “sí podían entenderse cometidas por causa, con ocasión o en relación indirecta con el conflicto armado, debido a que contribuyeron al esfuerzo de guerra al favorecer los intereses políticos, ideológicos y económicos de las AUC”.
Ahora, Ashton, Char y el agente Sierra tendrán que acreditar que cumplirán con el régimen de condicionalidad, en el que está, entra otras obligaciones, la de comparecer. Una vez surtido este paso, podrán pedir los beneficios del sistema.
REDACCIÓN PAZ
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