El proyecto de ley que crea las reglas para juzgar a quienes combatieron en la guerra comienza esta semana una carrera de obstáculos, los cuales constituyen uno de los retos más duros para el Gobierno en su agenda reciente en el Congreso.
Luego de una audiencia pública y dos sesiones en las que se escucharon las posiciones de diferentes sectores, las comisiones primeras de Senado y Cámara comenzarán este lunes el estudio de la iniciativa, la cual pasa por su primero de tres debates reglamentarios.
Pero ¿qué entraña este proyecto que ha generado observaciones y críticas incluso del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático?
El proyecto de ley que fija las reglas para la justicia especial de paz ha sido calificado por expertos como la “médula” de la implementación de la paz.
Se trata –ni más ni menos– de la forma como serán procesados los excombatientes señalados de masacres y delitos de lesa humanidad, los militares que hayan cometido delitos en el conflicto y los civiles que hayan tenido alguna participación en la guerra y voluntariamente quieran acudir a este nuevo sistema judicial. En otras palabras, a esta justicia seguramente tendrán que presentarse jefes de las Farc como Timochenko, Iván Márquez o Romaña, entre otros.
Por ello, la elaboración de este modelo se está haciendo con máxima milimetría, y de ella pocos quieren quedar por fuera.
El miércoles pasado, ante las comisiones primeras de Senado y Cámara, Martínez explicó –durante una hora y media– las 15 observaciones que presentó sobre la iniciativa.
Una de las principales preocupaciones del jefe del ente investigador es que quede muy bien establecido hasta dónde llegará la justicia para la paz y en dónde operará la justicia ordinaria. Por ello, una de sus frases predilectas en el debate del miércoles fue “buenos linderos hacen buenos vecinos”.
El Fiscal no quiere que quede en el aire el juzgamiento de exguerrilleros que le incumplan al sistema judicial y no digan la verdad. O que luego de ‘lavar’ sus culpas en la justicia para la paz, se vayan a integrar otras organizaciones armadas al margen de la ley.
Pero tal vez su principal punto de mira es el futuro de los excombatientes a los que se les descubra que escondieron bienes a través de testaferros, uno de los vacíos que, según Martínez, es necesario llenar en este proyecto de ley.
Aunque Cambio Radical había venido manifestando reparos a este nuevo sistema de justicia, el miércoles en la noche sorprendió a muchos con el anuncio de que “no votará” la iniciativa.
Sus razones: que, luego de un análisis “en detalle” de los alcances de la iniciativa, ese partido consideró que “la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia” y que no se deben entregar “todas estas competencias a una justicia de excepción”.
Lo que esto significará es que los nueve senadores y 16 representantes a la Cámara de Cambio Radical se perderán de todas las votaciones de las reglas de la justicia para la paz y no apoyarán ninguno de sus artículos. Incluidas las proposiciones que reflejan las observaciones que el Fiscal General pidió incorporar esta semana.
En cuanto a los uribistas, sus críticas –hasta el momento– han sido las mismas del pasado: que los militares no pueden ser “igualados” con los integrantes de las Farc y que esta jurisdicción es una “concesión” a la guerrilla.
Así las cosas, el Gobierno parece jugarse su carta más dura en el Congreso, y lo hace en momentos en que deberá lidiar con otros factores: la evidente reducción del apoyo de los partidos políticos y la campaña de varios congresistas para reelegirse, la cual está prendiendo motores.
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