Las comunidades afrodescendientes de Colombia, agrupadas en 271 consejos comunitarios, llevan 25 años pidiendo la titulación de las tierras que han ocupado ancestralmente, pero siguen sin resultados.
El acuerdo de paz con las Farc, y en particular el punto que se refiere al enfoque étnico, revivió la esperanza de una titulación pronta porque, entre otras cosas, estableció que esa exguerrilla debía dejar terrenos que había ocupado en los consejos comunitarios.
Pero un año después de la firma de los acuerdos de La Habana, hay preocupación entre las comunidades afrodescendientes frente a la eventualidad de que territorios que han ocupado ancestralmente y que hoy no tienen títulos terminen siendo declarados como baldíos y sean reasignados dentro del plan de distribución de tierras, que también hace parte del acuerdo de paz con las Farc.
Precisamente, un estudio del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos (Otec), de la Universidad Javeriana, que registra la existencia de consejos comunitarios en 103 municipios de 18 departamentos del país, indica que las entidades del Estado encargadas de tramitar las solicitudes de titulación colectiva de los afros ni siquiera cuentan con un registro completo de los casos.
Tras la liquidación del Incoder, la titulación quedó a cargo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Y Nasly Blandón, responsable del tema en esa institución, confirma que este año solo un consejo comunitario, el de San Antonio y El Castillo, en el Valle del Cauca, ha obtenido titulación.
La meta, admite la misma funcionaria, era dejar lista la titulación de 29 consejos comunitarios. Según dice, la ANT está trabajando para que en lo que resta del 2017 queden resueltas 10 solicitudes que están en revisión jurídica. “Recibimos un rezago de más de 200 solicitudes”, agrega Blandón.
La obligación del Estado de formalizar los territorios ocupados por afrodescendientes quedó establecida en la Ley 70 de 1993.
Según el estudio de la Javeriana, el 39 por ciento de las peticiones de titulación que hicieron en la última década los 271 consejos comunitarios están engavetadas por falta de documentación. Por ejemplo, carecen de la identificación del representante legal de la comunidad respectiva. Sobre otro 29 por ciento de las solicitudes no hay información sobre por qué siguen estancadas.
Solo en el 13 por ciento de los casos se han iniciado los trámites, bien sea con notificaciones o visitas para corroborar la presencia de pueblos negros, raizales o palenqueros en los territorios.
El observatorio de asuntos étnicos de la Javeriana señala también que el 25 por ciento de 148 consejos comunitarios en proceso de titulación colectiva está afectado por proyectos agroindustriales, como el monocultivo de caña. Otro 23 por ciento, por proyectos de hidrocarburos; el 6 por ciento, por ductos; y el 7 por ciento, por infraestructura.
En este sentido, los representantes de las comunidades afro se quejan de que les han dado “escasa” participación en la elaboración de los planes de desarrollo con enfoque territorial en los municipios priorizados para el posconflicto.
“Se ha dicho que el acuerdo de paz contempla la centralidad de las víctimas, como lo han sido los pueblos afro, pero las víctimas estamos en un rincón en este tema de los PDTS”, dice Ricardo Romero, líder de Valledupar.
En 36 de las 170 poblaciones priorizadas para el posconflicto hay 188 consejos comunitarios que reclaman la titulación colectiva de sus territorios.
Víctor Hugo Mena, representante de una asociación que agrupa 40 consejos comunitarios del norte del Cauca y líder del consejo comunitario Pandao, ratifica la preocupación de las organizaciones afro frente a la posibilidad de que el Estado designe sus territorios ancestrales como baldíos.
Sobre este punto, el líder afro del Putumayo Florel Ángulo, quien representa a 30 consejos comunitarios, afirma que el hecho de que algunos de los territorios no hayan tenido explotación “no significa que no estén ocupados. Para los afros son territorios destinados a la protección del medioambiente”, enfatiza Ángulo.
En eso lo respalda Astolfo Aramburo, integrante del Proceso de Comunidades Negras y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano.
“Es necesaria una discusión nacional frente a los baldíos de los que el Estado pretende disponer para los puntos de reforma y desarrollo rural del acuerdo de paz. Si bien se busca reformar la estructura del campo en Colombia, esto no se puede dar a merced del despojo de la propiedad colectiva de los pueblos étnicos”, anota Aramburo.
Finalmente, la directora del Observatorio de la Javeriana, Johana Herrera, cree que “el reconocimiento de los territorios colectivos de los afrodescendientes es clave para la conservación de ecosistemas vitales” y para “lograr una paz estable y duradera”.
REDACCIÓN PAZ
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