La reforma rural integral, el primer punto de los seis que contempla el acuerdo de paz con las Farc, es el que más retrasos presenta. Solo se ha avanzado en él en un 13, 86 por ciento.
Este es el tema que más preocupa a 40 universidades públicas y privadas, según un estudio que hicieron para el Congreso de la República y que tiene como propósito servir de matriz para toda la institucionalidad responsable de poner en marcha lo pactado con las Farc en La Habana.
En un perspectiva de 15 años (2016-2031), en los cuales el Estado debe cumplir con cerca de 444 acciones que fijó el acuerdo de paz, después del punto de tierras, el otro más quedado es el punto que busca dar solución al problema de drogas ilícitas, que presenta apenas el 23,94 por ciento de avances.
Según el análisis hecho por las universidades, el punto de participación política tiene avances en un 42,43 por ciento.
Por encima del 40 por ciento en implementación también están los puntos sobre verificación, con el 42,52, y el del fin del conflicto, con el 48,45 por ciento de avances.
El capítulo del acuerdo de paz que presenta más avances es el de justicia transicional, con el 50,27 por ciento.
Si bien el punto de reforma rural integral implica la consecución de metas a más largo plazo, dentro del informe, denominado ‘De acompañamiento a la implementación del acuerdo final’, el retraso tiene que ver con falta de presupuesto y de concertación.
Laura Ligarreto, de la Organización de Estados Iberoamericanos, organismo que apoyó el estudio, dice que no hay planes para poner a marchar el tema de tierras.
“Estos planes, que contemplan acuerdos sobre electrificación, vías, vivienda, salud, educación y conectividad rural están a cargo de los ministerios, son muy importantes si queremos que los campesinos sean productivos y se queden en el campo”, anota.
La demora en la puesta en marcha de estos planes tiene que ver con la ausencia de un Conpes.
Ese documento, que fija capacidad presupuestal, tiene como base el plan marco de implementación que hasta el momento el Gobierno y la Farc no han podido concertar en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación.
Los investigadores encontraron apenas un borrador “sin aprobación de la exguerrilla y con un capítulo entero de salvedades”.
El informe resalta que el Fondo de Tierras, a pesar de haberse creado, solo cuenta con 200.000 hectáreas, a corte de mayo de este año, de las tres millones que se propone entregar a campesinos.
Así mismo, el Catastro Multipropósito, cuyo objetivo es servir como herramienta para mejorar el uso de la tierra, va en ceros. El proyecto de ley que lo contemplaba se archivó en el Congreso.
Otra retraso que afecta la reforma rural integral, y que tiene que ver con el problema del narcotráfico, son los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTS).
“De los 16 que deberían estar formulados hoy no hay ninguno. Deben ser implementados en zonas de cultivos ilícitos, sin estos, así se esté pagando la sustitución voluntaria de las siembras, la reducción de las hectáreas no será la que se esperaba”, enfatiza la investigadora Ligarreto.
Una de las dificultades para la consolidación de los PDTS es la concertación entre autoridades y comunidades indígenas y afros. A esto se le suma la presencia de grupos armados que presionan a los habitantes para que no se involucren en estos programas.
REDACCIÓN PAZ
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