Maratónicas jornadas se vivieron este fin de semana en la Casa de Nariño para aprovechar las últimas horas que tenía el presidente Juan Manuel Santos con las facultades especiales que le otorgó el Congreso para emitir decretos con fuerza de ley, encaminados a desarrollar algunos puntos del acuerdo de paz con las Farc.
Estas facultades, que se vencieron este lunes, se convirtieron en una importante herramienta del presidente Santos para acelerar el desarrollo de lo acordado en La Habana.
Las jornadas que el jefe de Estado tuvo este puente festivo para aprovechar las últimas horas de las facultades especiales incluyeron la firma de más de 15 decretos de este tipo, sumados a los 15 que ya había emitido.
Los decretos ley que promulgó Santos durante los seis meses en los que tuvo las facultades especiales fueron encaminados principalmente a aumentar la inversión del Estado en el sector rural y las zonas afectadas por el conflicto, a desarrollar toda la institucionalidad necesaria para poner en marcha el acuerdo de paz y a crear las bases para brindar justicia y verdad durante el posconflicto.
“Estas facultades las hemos usado con el máximo cuidado y la mayor responsabilidad para ceñirnos estrictamente al espíritu de la Ley”, dijo la noche del lunes el jefe de Estado.
Una de las normas más importantes que expidió el primer mandatario el fin de semana es la que formaliza la tenencia de la tierra, garantiza la propiedad privada y el acceso a este recurso para quienes la quieran trabajar y no la tengan.
Esta normativa crea el Fondo Nacional de Tierras, formado por terrenos baldíos, los que tuvieron proceso de extinción de dominio y los predios que se puedan comprar.
Otro de los decretos promulgados es el que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Con esto se busca priorizar recursos a los municipios más afectados por el conflicto.
“Establecimos también nuevas normas para que más docentes calificados lleguen a las zonas donde antes no podían llegar”, explicó Santos.
El otro componente de la implementación normativa del acuerdo, el llamado ‘fast track’, mecanismo mediante el cual se tramitan los proyectos para la paz en el Legislativo de forma mucho más ágil, finaliza este martes en su primera fase, pero fue prorrogado por seis meses más.
En este tiempo, el Congreso deberá discutir leyes importantes para el cumplimiento del acuerdo de paz, como la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la creación de las circunscripciones especiales y la reforma política.
La tarea de sacar adelante esas iniciativas no será fácil, sobre todo después del fallo de la Corte Constitucional que eliminó la posibilidad de que, durante el debate de los proyectos que se tramiten por ‘fast track’, el Gobierno trancara proposiciones que alteraran lo acordado.
Todas las propuestas de los legisladores deben debatirse y votarse, lo que podría hacer más lento el trámite de estos proyectos.
Si el Gobierno quiere pasar las reformas en el Congreso, tendría un obstáculo adicional: la campaña electoral en marcha.
El último año de su periodo, los congresistas se dedican a la campaña electoral. A partir del 20 de julio, luego del receso de mitad de año, los legisladores estarán más en sus regiones buscando votos para 2018 que pensando en sacar los proyectos, pero el Gobierno confía en sus mayorías. Es el recurso que le queda.
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