Justicia Especial para la Paz, a un debate de estar en la Constitución

El Gobierno se alzó el miércoles con un nuevo triunfo, en la Comisión Primera del Senado, al sacar adelante el tratamiento diferenciado para los militares señalados de delitos atroces, contemplado en el proyecto que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La iniciativa cumplió su tercero de cuatro debates y busca estructurar la justicia para los excombatientes acusados de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra –guerrilleros y militares–, quienes serán investigados y juzgados tras el fin del conflicto con las Farc.

La tarea del Gobierno no fue fácil. Desde hace varios días, durante la elaboración de la ponencia que se debatió el miércoles, debió superar los cuestionamientos de varios sectores en torno al juzgamiento para los uniformados.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció el martes al final del debate que ya casi están los listados de los uniformados que están pendientes de resolución judicial y se acogerían a esta iniciativa, los cuales van en alrededor de 1.200. “Hemos tenido en esta ocasión en Colombia, a diferencia del resto de procesos de paz o de justicias transicionales, el cuidado de que los estándares internacionales estén presentes plenamente”, aseguró el funcionario.

Según lo aprobado, los procesos contra los militares tendrán un tratamiento diferenciado a los de los guerrilleros, y cuando se trate de establecer la responsabilidad de los superiores en las faltas de sus subordinados deberán cumplirse cuatro condiciones.

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La primera es que la conducta o conductas punibles “hayan sido cometidas dentro del área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando” y “que tengan relación con actividades bajo su responsabilidad”.

La segunda es que se demuestre que el superior tiene “la capacidad legal y material de emitir órdenes, de modificarlas o de hacerlas cumplir”. La tercera es que “tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área donde se cometieron los hechos punibles”.

Y la cuarta es que el superior “tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir la conducta o las conductas punibles de sus subordinados, siempre y cuando haya de su parte conocimiento actual o actualizable de su comisión”.

Uno de las novedades de los aprobado es que se incorporó al proyecto la inclusión de la Procuraduría en las investigaciones que desarrolle la JEP, pero solo para los agentes del Estado.

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La senadora por Alianza Verde, Claudia López, pidió que se incluyera expresamente en este proyecto de acto legislativo que el juzgamiento de los uniformados se haría conforme a normas internacionales como el Estatuto de Roma.

“Los están llevando (a los militares) como terneros al degolladero porque lo único que va a pasar con ese exabrupto es que nuestros militares –no los guerrilleros– quedarán expuestos a ser juzgados en la Corte Penal Internacional porque no se cumplen esos estándares en la legislación interna”, afirmó la congresista de los ‘verdes’.

Esto se traduce en que, según López, la Corte Penal Internacional podría abrir investigaciones contra los uniformados por considerar que en Colombia no fueron juzgados, algo que fue desvirtuado por varios senadores de la Comisión Primera.

Congresistas de ‘la U’ como Roosevelt Rodríguez y Manuel Enríquez Rosero citaron sentencias de la Corte Constitucional según las cuales aunque Colombia se acogió al Estatuto de Roma, su cumplimiento no está sujeto a que se cite en las normas internas.

Enríquez Rosero pidió que en el acta de la sesión de ayer quede la sentencia C-801 de 2009 del alto tribunal, en la que “dijo que el Estatuto de Roma está llamado a ser aplicado solo por la Corte Penal Internacional en los procesos que ella lleve cuando ejerza su competencia subsidiaria”.

Y citó también la C-578 de 2002, en la cual, según Enríquez Rosero, la Corte Constitucional dijo que “las disposiciones contenidas en el Estatuto de Romano no reemplazan las leyes nacionales”.

Luego de casi cinco horas de debate alrededor de este tema, la senadora de los ‘verdes’ se retiró del recinto y la célula legislativa avanzó en la votación del proyecto, que ahora pasará a su último debate en la plenaria del Senado.

Al final de la aprobación, el Gobierno avaló 13 de las casi 80 proposiciones que radicaron los senadores, las cuales modificaron, en su mayoría, aspectos de forma de la norma.

Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió el proyecto y aseguró que “la justicia especial para la paz garantiza la seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública”, algunos oficiales retirados consideran que lo aprobado permite diversas interpretaciones y podría ser riesgoso para los militares a la hora de su juzgamiento.

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