Tras el fracaso de las conversaciones entre el Gobierno y los líderes del ‘No’ para un gran ‘acuerdo nacional por la paz’, el camino que quedó abierto es que, por un lado el presidente Juan Manuel Santos seguirá con su decisión de implementar lo pactado con la guerrilla, y por el otro sus opositores se lanzarán a una campaña político-electoral en busca del poder en 2018 para hacer los ajustes desde el poder.
El senador y precandidato presidencial uribista, Iván Duque, le dijo esta mañana a EL TIEMPO que el Gobierno "perdió la oportunidad" de hacer un gran acuerdo nacional por la paz y consideró un “desafío” que el presidente Santos pretenda “refrendar” el nuevo documento por la vía del Congreso.
¿Quedó rota la posibilidad de un acuerdo nacional por la paz que tanto el Gobierno como los uribistas planteaban incialmente?
Esperamos que no. Se han hecho muchas solicitudes para buscar un camino que una a los colombianos. Nosotros insistimos en que si bien hubo cosas del ‘No’ que se acogieron, en temas sustanciales no se hicieron modificaciones. Sigue existiendo la elegibilidad política sin siquiera presentarse a la justicia, que es un vacío muy grande del artículo 36 del acuerdo de justicia. Se sigue abriendo la interpretación para incorporar el acuerdo al bloque de constitucionalidad por la vía del acuerdo especial del DIH, contemplado en el punto 6. Tampoco hay una coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la justicia especial. Y hay vacíos estructurales en lo que tiene que ver con la reparación efectiva y material de las víctimas.
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Después de la decisión de anoche del Gobierno de avanzar en el proceso de firma e implementación sin el concurso del uribismo, ¿la posibilidad del acuerdo está definitivamente hundida?
El Gobierno desaprovechó una oportunidad que le dio el destino para construir con grandeza el acuerdo nacional por la paz. La decisión del Gobierno de anunciar un nuevo acuerdo sin dar a conocer los textos a los distintos voceros del ‘No’ como se habían comprometido algunos de los negociadores, destruyó mucha confianza. Generó muchísimos sinsabores. Pero, adicionalmente creo, que si el Gobierno pretende imponer estos acuerdos sin un consenso nacional, y lo piensa hacer en el Congreso con sus mayorías parlamentarias que fueron derrotadas el 2 de octubre, inclusive intentando valerse de los fallos de las cortes para revivir el proceso legislativo abreviado para reformar la Constitución en horno ‘microondas’, estaría el Gobierno desafiando la voluntad popular mayoritaria expresada el 2 de octubre.
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¿Lo que ocurrió es que nunca hubo confianza de ninguna de las partes para avanzar en ese camino del acuerdo nacional?
Se hicieron avances importantes. Los voceros del no presentaron sus puntos de vista. Se hicieron discusiones bastante exhaustivas, pero hay temas que se trataron con mera sutileza, otros en los cuales no se hizo ninguna modificación de fondo y frente a los temas sustanciales, a los que más motivaron el voto popular por el ‘No’, yo diría que las reformas fueron prácticamente ninguna.
(Lea acá el documento completo del nuevo acuerdo entre el Gobierno y Farc).
El presidente Santos, al revelar el nuevo acuerdo, dijo que hubo ajustes con base en las recomendaciones de ustedes, en 56 de los 57 ejes de cambio. ¿Eso no fue suficiente para ustedes?
Esta no puede ser una discusión porcentual, no se trata de un mercado persa de solicitudes. Se trata de haber escuchado observaciones nuestras que ameritaban clarificaciones por los propios vacíos que tenían los acuerdos, luego no se trata de una concesión. Lo que había que hacer era revisar textos que estaban llenos de vacíos. Pero, en lo sustancial, donde los voceros del ‘No’ estuvieron dispuestos a aceptar que se pasara de la prohibición expresa y absoluta de la elegibilidad para autores de delitos de lesa humanidad, como dice la Constitución, a inclusive considerar la recuperación de los derechos políticos, una vez se hubiera cumplido la pena. Pero las Farc presionaron tanto al Gobierno para que ese tema no fuera ni siquiera discutido. Es decir, la elegibilidad política de los cabecillas de esa organización estará lista a partir de 2018. Ese es un tema que afecta mucho la credibilidad de los colombianos en el proceso. Pero, además, es muy grave que siga existiendo la puerta para la conexidad entre el narcotráfico y el delito político, porque si bien se trataron hacer ajustes de lenguaje, esa puerta continúa abierta.
Y también es muy peligroso dejar abierto el espacio para una interpretación sobre si los acuerdos son o no parte del bloque de constitucionalidad. La prueba de ello es que cuando se dijo que no estaba en el bloque, la reacción de los asesores de las Farc fue clara al asegurar que por la vía del acuerdo especial podrían tener esa gabela.
¿Qué le hemos pedido al Gobierno? Una última oportunidad para hacer una revisión, pero si el Gobierno ya asume que ese es un acuerdo definitivo y va a dejar los aspectos sustanciales sin modificación, creo que el Gobierno está deshaciendo la voluntad popular.
¿Ustedes creen que el Gobierno perdió espacio con las Farc para ir por unos ajustes de fondo en los temas que ustedes piden?
Creo que sí, porque el Gobierno siempre dijo que había hecho el mejor acuerdo con las Farc. Después del triunfo del ‘No’ donde se presentaron todas estas inquietudes razonadas y razonables que mejoraban el acuerdo para mejorar el Estado de Derecho frente a la criminalidad, el Gobierno ya tenía poco margen de maniobra para convencer a quienes ellos mismos les habían dicho que era el mejor acuerdo posible. Y por otro lado, al Gobierno le faltó contundencia para defender el mandato popular del 2 de octubre. El Gobierno, en líneas generales, debilitó su capacidad de negociación con las Farc.
¿Se puede interpretar que después de este fracaso el Gobierno sigue adelante con el desarrollo del nuevo acuerdo de paz y ustedes, los uribistas, se van para la calle, para la campaña, con sus críticas y reparos?
Creo que el Gobierno no debía insistir en ese desafío. Y que si el Gobierno quiere dar por sentado que ese nuevo acuerdo es un acuerdo definitivo, el único camino que le queda es hacer una refrendación popular, bien sobre la totalidad o sobre los temas en los que tenemos las diferencias de fondo. Mal haría el Gobierno en burlar lo que ocurrió el 2 de octubre y no acudir a un mecanismo de refrendación popular. Hacerle conejo a la decisión popular va a fracturar la democracia colombiana.
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