¿Qué pasará con las víctimas del conflicto en los próximos 10 años?

¿Qué pasará con las víctimas del conflicto en los próximos 10 años?

Estas serían las condiciones que tendrían tras la prórroga de la ley que las protege.

Firma de acuerdo de paz en Cartagena

El proceso con las Farc y la prórroga de la ley de víctimas son dos esfuerzos en la búsqueda de la paz en Colombia.

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Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Por: Política
24 de noviembre 2020 , 01:38 a. m.

Las víctimas del conflicto armado en Colombia, uno de los ejes principales del acuerdo de paz alcanzado con las Farc, podrán seguir siendo reparadas por el Estado por los próximos diez años. Tal es la conclusión principal de la aprobación de la prórroga de la Ley 1448 de 2011, a la que solo le falta la sanción presidencial para entrar en vigencia, y que fue avalada esta semana en la plenaria del Senado.

La extensión de la ley de víctimas es una de las herramientas claves de reparación para los afectados por el conflicto armado y cumple con una ruta que deben recorrer quienes consideren que han sufrido por acciones de los grupos armados ilegales. En principio, la ley de víctimas fue aprobada en el primer año de mandato del expresidente Juan Manuel Santos, en 2011.

Entonces se pensó en instrumentos de justicia transicional –como la ley de víctimas– que sirvieran para acabar las hostilidades con los actores armados, para lo cual hubo un reconocimiento de la existencia del conflicto armado.

La firma del acuerdo de paz en 2016 y el fin del conflicto con las Farc hizo que la reparación tuviera que ampliarse y por eso se tuvo que prorrogar la vigencia de la ley de víctimas, la cual, según lo aprobado en el Senado, tendrá vigencia hasta el 10 de junio del año 2031.

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Para el senador Roy Barreras, impulsor la iniciativa, la extensión de esta norma es “un claro reconocimiento con las 9’041.303 víctimas de las guerrillas, de los paramilitares y de los agentes del Estado”, al igual que con “los familiares de cerca de 200.000 desaparecidos”.

Según los autores de la iniciativa, de este universo, 7’300.537 “cumplen con los requisitos para acceder a las medidas de reparación” y las demás personas, 1’740.766, son fallecidas o víctimas de desaparición forzada. “Al ritmo que vamos se necesitarían 47 años para que las víctimas sean reparadas, independientemente de su victimario”, dijo Barreras. Y agregó que “la Corte en su exhorto no limita el número de víctimas, no excluye a ninguna víctima y reitera el criterio de no regresividad”.

La extensión de esta norma, que incluye la prórroga de tres decretos ley que complementan la reparación en materia étnica, significa que seguirán aplicándose los mismos beneficios a las víctimas y la misma ruta de reparación que se ha dado hasta el momento.

Esto significa la existencia de las dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica, las cuales se componen de cinco medidas básicas: rehabilitación, indemnización, satisfacción, restitución (de tierras, de viviendas, fuentes de ingreso, empleo, de acceso a crédito) y garantías de no repetición.

En cuanto a la indemnización, según la Unidad de Víctimas se trata de una medida de reparación “que entrega el Estado colombiano como compensación económica por los hechos victimizantes” y que “busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida” de los afectados.

Para ello, hay unos valores específicos según el hecho victimizante. Es decir que se indemniza un valor si se trata de un homicidio, otro si es una desaparición forzada y otro si se trata de secuestro, lesiones o reclutamiento de menores.

La restitución

En medio de la reparación a las víctimas, la restitución y la reubicación son de los elementos más importantes y se aplican, en especial, a los que sufrieron desplazamiento forzado.

En tal sentido, el modelo que aplica la Unidad de Víctimas “busca contribuir a la estabilización socioeconómica del hogar, el mejoramiento y consolidación de su proyecto de vida, la superación de la situación de vulnerabilidad y la reconstrucción del tejido social de su comunidad”.

Para ello hay tres escenarios: el retorno, la reubicación y la integración local o reubicación en sitio de recepción. Este último “es el proceso mediante el cual la persona o el hogar víctima de desplazamiento forzado decide asentarse definitivamente en el lugar de residencia actual”.

El director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, afirmó que con esta prórroga “se les da tranquilidad a esos nueve millones de víctimas del conflicto”, y resaltó que entre los propósitos está“no ser regresivos en los derechos adquiridos” por los afectados por el conflicto.

La Unidad de Víctimas, el Departamento de Planeación y el Ministerio de Hacienda trabajan en un Conpes que financie la ampliación por 10 años de la ley de víctimas, cuyo costo se está tratando de establecer.

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