El presidente Juan Manuel Santos anunció que este fin de semana le meterá el acelerador a la expedición de decretos con fuerza de ley para dar vida jurídica a varios de los puntos del acuerdo de paz con las Farc.
La ‘maratónica’ jornada que tendrá el jefe de Estado este puente festivo incluye la firma de al menos 15 decretos de este tipo.
La prisa que hay en el Gobierno no solo se debe a que se necesita implementar lo acordado con las Farc lo más pronto posible, sino que las facultades especiales que tiene el Presidente para emitir decretos con fuerza de ley para desarrollar lo pactado en Cuba vencen el próximo martes 30 de mayo.
Entre las normas que expedirá Santos se encuentra un decreto ley que formaliza la tenencia de la tierra, garantiza la propiedad privada y el acceso a este recurso para quienes la quieran trabajar y no la tengan.
Esta normativa crea el Fondo Nacional de Tierras, formado por terrenos baldíos, los que tuvieron proceso de extinción de dominio y los predios que se puedan comprar.
Adicionalmente, define los beneficiarios de este fondo y crea un registro único para priorizar a quienes necesiten tierra, al tiempo que se establece un sistema único de acceso a la tierra, pues hoy existen 52.
Este decreto y una ley que será radicada la próxima semana en el Congreso, permitirá distribuir 3 millones de hectáreas para 800.000 familias que no han tenido acceso a la tierra y se formalizará la propiedad de 7 millones de hectáreas.
Santos fue enfático en afirmar que, en todo caso, siempre se respetará la propiedad privada, pues la garantía de esta fue uno los principios fundamentales con los que el Gobierno se sentó a dialogar con las Farc.
“No se le va a quitar la tierra a nadie”, dijo Santos este viernes, quien reiteró que ese decreto no modificará el tema de la expropiación, que quedará como está.
Otro de los decretos prioritarios para el Gobierno es el que crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (ver módulos).
Con esto se busca priorizar recursos a los municipios con mayor pobreza e históricamente más afectados por el conflicto.
Por esta misma vía se creará la Unidad Especial contra el Crimen Organizado, que busca la protección de los líderes sociales e integrantes de las Farc.
“Lo que van a permitir estas normas es que el Estado haga presencia donde nunca ha estado. Eso es lo que la paz nos va a traer, más desarrollo y más oportunidades”, manifestó Santos.
Mediante las facultades especiales que le otorgó el Congreso, las cuales no son prorrogables, el Presidente ha emitido al menos 15 decretos para implementar lo pactado en La Habana, algunos de los cuales han sido modificados por la Corte Constitucional.
También se ampliará por otros seis meses el llamado fast track, mecanismo mediante el cual se tramitan los proyectos para la paz en el Legislativo de forma mucho más ágil.
Beneficiados con norma sobre tierrasEn su articulado, el decreto ley establece que el acceso gratuito a la tierra solo beneficiará a los campesinos, trabajadores rurales y las asociaciones de productores rurales, que no tengan o les falte. Otros beneficiarios serían las cooperativas del sector solidario, comunidades guardabosques y familias que sustituyan cultivos ilícitos y víctimas del conflicto.
Ahora, el proceso de entrega de tierras deberá tener sus requisitos, pues no se trata de repartir por el mero hecho de hacerlo, sino con criterios de escogencia. Por ejemplo, los posibles beneficiarios no podrán tener un patrimonio de más de 250 salarios mínimos y no podrán ser propietarios de tierras o inmuebles.
Estarán excluidos quienes tengan deudas con la justicia, como sentencias condenatorias vigentes.
Para el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, estas normas de tierras beneficiarán a los 12 millones de habitantes rurales, no a los 7.000 guerrilleros de las Farc.
Otro decreto ley tiene que ver con la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Es llevar la paz a los territorios, según Santos.
Se implementarán en las zonas más afectadas por el conflicto. “Son para garantizar una mejoría sustancial”, dijo.
En concreto serán 16 planes que se pondrán en marcha en 170 municipios de 14 departamentos. “Son los municipios donde está más concentrada la pobreza, afectados por el conflicto, con alta presencia de cultivos ilícitos y con la menor presencia del Estado”, agregó el Presidente.Este programa tendrá 10 años para ejecutarse.
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