Dos caras de la posición empresarial frente a la reglamentación de JEP

Dos caras de la posición empresarial frente a la reglamentación de JEP

¿Qué piensa el empresariado colombiano respecto a la columna vertebral del proceso de paz?

Santiago Castro y Bruce Mac Master

Santiago Castro (izq.), presidente de Asobancaria y del Consejo Gremial Nacional. Bruce Mac Master (der.), presidente de la Andi.

Foto:

Claudia Rubio - Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
28 de octubre 2017 , 11:10 p.m.

Consejo Gremial

Santiago Castro, presidente del Consejo Gremial Nacional y de la Asociación Bancaria, fija en la siguiente entrevista su posición sobre el estatuto que cursa en el Congreso y reglamenta la justicia especial para la paz (JEP).

¿Qué observación concreta tienen sobre el estatuto para la JEP?

Lo que estamos puntualizando es que la JEP se creó principalmente para los combatientes y de manera excepcional para los terceros responsables. Y creemos que no se puede utilizar como una patente de corso para poder involucrar a todas las personas que crearon, por ejemplo, organizaciones cívicas. Por eso estamos buscando que la JEP no sea utilizada para cacería de brujas.

¿La JEP puede juzgar a ganaderos y empresarios comprometidos?

Sí. Pero cuando vemos las amenazas de un dirigente de las Farc como Carlos Lozada, miembro del secretariado, que nos está anunciando que quiere llevar a toda la sociedad civil y especialmente al sector privado a la JEP, pues creo que quedan completamente fundadas nuestras preocupaciones. Mire el tuit que nos enviaron: “Si las Farc antes de hacer política deben pasar primero por la JEP, el Consejo Gremial debe cerrar sus negocios hasta que haga lo propio”.

¿Para usted qué significa eso?

Pues nos está amenazando y de manera atrevida está equiparando una organización criminal como las Farc con el empresariado. Por eso, industriales, comerciantes, ganaderos, agricultores no pueden terminar metidos por múltiples denuncias a la JEP porque se llega a un estado, que es el que las Farc quieren, donde todos somos delincuentes y todos hemos participado en excesos.

¿Está usted diciendo que la empresa se siente amenazada por la JEP?

La empresa privada se siente en peligro de que a través de denuncias de alguna organización ante la JEP se busque abrirles procesos a terceros, acusándolos de responsables del conflicto desde el sector privado. Estamos de acuerdo con el señor Fiscal y con el esfuerzo que están haciendo los ponentes y el Gobierno para blindar de todas las formas posibles a la JEP. Es eso lo que pedimos, para evitar el abuso.

La empresa privada se siente en peligro de que a través de denuncias de alguna organización ante la JEP se busque abrirles procesos a terceros, acusándolos de responsables del conflicto

¿La JEP, entonces, supone un peligro para el sector privado?

Sí. Hay que buscar que tenga todos los seguros para impedir que se abuse de ella. Además, el peligro económico que eso conlleva. Seguro muchas personas que van a llevar allá o a las que les abran procesos al final demostrarán su inocencia, pero lo van a hacer después de un proceso en el que quedan marcados, y el efecto de mala reputación se puede traducir en contra de sus negocios y sustento. Y pues ya estamos advertidos, nos lo dijeron de frente.

El Gobierno ha dicho que la JEP no va a ser una cacería de brujas y que solo investigará a empresarios que hayan financiado masacres...

Sí, y entendemos que eso es lo que quiere el Gobierno.

¿Entonces por qué afirma que la JEP es un peligro?

Solo el hecho de empezar a llamar a personas inocentes a la JEP y que puedan tener procesos abiertos en la justicia ordinaria les puede causar un daño económico y en su reputación. Es un peligro muy grande. Repito: la JEP debe ser para los combatientes y, de manera excepcional, para terceros responsables.

¿A qué adjudica que las Farc ataquen sus observaciones?

Es que ha despertado la ira de los señores de las Farc nuestra opinión de que ellos no pueden ejercer sus derechos políticos hasta que hayan tenido un fallo y estén en el proceso de reparación y en el cumplimiento de su pena; entre otras, porque si vemos las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ella hace una diferenciación entre lo que es la reparación y lo que es la pena: la reparación no los exime de una pena y esa pena puede ser reducida, pero tiene que ser real y efectiva. Entonces, decir que van a ejercer sus derechos políticos cuando en muchos casos ni siquiera han sido juzgados, es una burla para el país. Entendemos y acogemos la indignación nacional, que es nuestra indignación.

¿Es decir que exmiembros de las Farc no pueden ser candidatos?

Absolutamente inaceptable, cuando ni siquiera han pasado por la JEP.

La JEP, por razones de tiempo, no va a poder dictar un solo fallo antes de las elecciones de marzo…

Entonces, por un tema de calendario electoral tenemos que aguantarnos la impunidad y que uno de los elementos esenciales del acuerdo, que es la obligación de las Farc de someterse a una jurisdicción especial y que haya fallo y una pena, lo obviamos. ¿Desde cuándo es más importante un calendario electoral que cumplir con el proceso?

¿Qué piensa hacer el Consejo Gremial sobre tema?

Somos respetuosos de las instancias. La ponencia de la ley estatutaria para la JEP incorpora alguna de nuestras observaciones; otras, como la que acabo de mencionar, no. Queremos dejar entonces esta constancia histórica. Hemos hablado con el Ministro del Interior muy satisfactoriamente, eso lo tenemos que resaltar. Ojalá podamos seguir hablando sobre las observaciones que mencioné.

Consejo empresarial

Bruce Mac Master, presidente del Consejo Empresarial para la Paz (y de la Andi), fija la posición de este gremio sobre el estatuto que cursa en el Senado y reglamenta la justicia especial para la paz (JEP): “Desde hace por lo menos un año constituimos un grupo especial de estudio que lo denominamos el Consejo Empresarial para la Paz Sostenible, del que forman parte Andi, SAC, Confecámaras, Asociación Colombiana de Petróleo, la de minería, Camacol, en donde hemos venido trabajando para que la reglamentación de la JEP salga lo mejor posible. Hemos hecho observaciones y han sido atendidas, y hay que destacar diálogos particularmente fructíferos con el con el Ministro del Interior, con el Fiscal. Hemos hecho un listado grande de observaciones, las cuales fueron incluidas dentro de la ponencia”.

¿Las observaciones tienen que ver puntualmente sobre qué tema?

La preocupación del sector privado es asegurar que no haya una cacería de brujas, ni espíritu revanchista, ni que personas que fueron víctimas del conflicto sean consideradas victimarios.

La preocupación del sector privado es asegurar que no haya una cacería de brujas, ni espíritu revanchista

¿Ese es el caso específico, por ejemplo, de la financiación?

Exactamente. Sería equivocado interpretar que la gente extorsionada o coaccionada durante años –como sucedió en el campo colombiano–, la empresa colombiana, fueran consideradas victimarias o financiadores de las Farc, cuando realmente fueron víctimas de ellas. Hemos logrado aclarar el universo de quiénes son el tipo de ‘terceros’ que serían eventualmente llevados a la JEP.

Es decir, los empresarios en general no se sienten en peligro con la JEP...

Eso es justamente el esfuerzo que se ha hecho, y las puntualizaciones que se han logrado lo fueron precisamente en el sentido en que el sector privado y los ciudadanos comunes y corrientes no estén en peligro con la JEP.

¿Y cómo se logró eso?


Por varios caminos; uno, definiendo cuáles son verdaderamente los crímenes por los cuales van a ser eventualmente juzgadas las personas en la JEP, y esta ha sido clara en que los terceros que irán serán los que hayan cometido crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad o los crímenes que son violatorios del DIH.

¿Esos son los crímenes exclusivos por los cuales podrían ser juzgados?


Solamente. Y logramos también que quienes fueron extorsionadas durante años sean consideradas víctimas dentro del conflicto armado y no financiadores. Otro mecanismo: se mantiene el principio esencial del derecho según el cual la carga de la prueba de alguien que eventualmente sea vinculado a un proceso esté en cabeza del Estado.

Es decir...


La carga de la prueba de alguien que fue eventualmente denunciado ante la JEP estará siempre en el Estado, es decir que hay presunción de inocencia, como está en el ordenamiento jurídico colombiano. Si a uno le aparece una denuncia de cualquier estilo, pues le tienen que comprobar que sí fue activo y determinante en la comisión de alguno de los ocho crímenes internacionales.

Si a uno le aparece una denuncia de cualquier estilo, pues le tienen que comprobar que sí fue activo y determinante

Mejor dicho: que nunca nadie vaya injustificadamente ante la JEP...

Si las cosas salen en la ley estatutaria de la JEP que se discute en este momento, con la ponencia tal y como está, porque es muy importante que no se modifique, yo diría que tenemos suficientemente identificados cuáles son los terceros que eventualmente van a ir a la JEP; si uno logra identificar ese universo, todos debemos estar tranquilos.

¿Cómo no confundir al empresario extorsionado con el que financió?

Hay que ser muy cuidadosos. Yo estoy seguro de que el 99 por ciento de las personas que de alguna forma le dieron plata a la guerrilla o a los grupos paramilitares en un momento dado, lo hicieron porque fueron extorsionados o secuestrados; y ese es el sitio en donde tenemos que concentrarnos de no cometer un solo error. Le hicimos siete solicitudes al ministro del Interior para que fueran incluidas dentro de la ponencia y debemos reconocer que así lo hizo.

Yo creo que independientemente de la posiciones políticas la responsabilidad de todos los colombianos en este instante es coadyuvar para que la implementación de la JEP salga lo mejor posible

En la ley estatutaria que reglamente la JEP, ¿quiénes son realmente los terceros?

Los terceros son las personas que no fueron combatientes dentro del conflicto armado.

¿El sector gremial está unificado en torno a estas posiciones?

No obligatoriamente: en el grupo del Consejo Empresarial para la Paz Sostenible estamos unidos; en el Consejo Gremial ha habido permanentemente opiniones distintas. Yo creo que independientemente de la posiciones políticas la responsabilidad de todos los colombianos en este instante es coadyuvar para que la implementación de la JEP salga lo mejor posible.

¿La empresa privada está tranquila o no con esta ley estatutaria?

Hay mucha desinformación y durante esta semana han pasado muchas cosas; tarea nuestra es levantar las alarmas donde haya que hacerlo.

Para intervenir en política, ¿los exguerrilleros de las Farc deben haber sido antes juzgados o no?


Hay que hacer un respetuoso llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie lo antes posible, porque comienza ya el proceso electoral.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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