Esa corporación esperaba que se hiciera una depuración progresiva de los 2.253 aspirantes que se presentaron a la convocatoria, la cual se hizo pública en julio.
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Vista de la zona veredal Mariana Páez, en Buenavista, donde está concentrado el Bloque Oriental de las Farc.
Este martes se conocerá quienes juzgarán en JEP a criminales de guerra
Tras casi tres meses de un proceso de selección, el Comité de Escogencia anunciará este martes los nombres de los 51 magistrados que conformarán el Tribunal y las tres salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, considera que el proceso de selección ha sido en general transparente, pero lamenta que el Comité de Escogencia no haya hecho públicos los criterios para la elección de los 78 finalistas.
Esa corporación esperaba que se hiciera una depuración progresiva de los 2.253 aspirantes que se presentaron a la convocatoria, la cual se hizo pública en julio. “No nos hicieron caso en que las entrevistas fueran públicas, en directo y televisadas. Pero, por lo menos, las publicaron antes de la elección”, anota Borrero. Destaca que el comité abrió espacios para que los ciudadanos opinaran sobre los candidatos.
La elección de los magistrados (27 para el Tribunal y 24 para las salas) que juzgarán los hechos más atroces cometidos durante el conflicto está lista desde el sábado, día en el cual el Comité de Escogencia terminó de entrevistar a los 78 juristas.
Dejusticia, otra organización que le hizo seguimiento a este proceso, había pedido que los miembros del comité hicieran públicas eventuales inhabilidades por relaciones con algunos candidatos.
Sin embargo, solo Francisco Acuña, magistrado designado por la Corte Suprema, se declaró impedido para estudiar la candidatura de Alejandro Ramelli. Lo hizo porque la esposa de Ramelli, María Cristina Patiño, es magistrada auxiliar en su despacho.
Los otros miembros del Comité de Escogencia son Claudia Vacca, por las universidades públicas; Juan Méndez, designado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional; Diego García-Sayán, delegado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Álvaro Gil Robles, excomisionado de derechos humanos del Consejo de Europa.
