Los mismos 16 mil hombres de la Fuerza Pública que hoy brindan protección a las zonas donde las Farc empezaron a concentrarse para su desmovilización y desarme definitivos son, también, la primera barrera que interpondrá el Estado para contener una de las mayores amenazas del posconflicto: que otros grupos ilegales ocupen los territorios en los que por décadas fue fuerte la guerrilla de ‘Manuel Marulanda’.
El riesgo, como lo demostró el surgimiento hace una década de las bandas criminales en antiguas zonas de paramilitares, está latente. El control sobre al menos 100 mil hectáreas de coca, miles de laboratorios y rutas del narcotráfico es un millonario botín del que por años se lucraron las Farc y que ahora, con su desaparición, será un poderoso incentivo para otros ilegales. (Lea también: La 'carabinero' que se prepara para la construcción de la paz en el Meta)
A esto se suma la explosión de la minería ilegal del oro en muchas regiones en las que la presencia del Estado sigue siendo precaria y donde la guerrilla imponía sus condiciones.
Un informe de EL TIEMPO de comienzos de septiembre alertó sobre los movimientos del Eln y de las bandas, especialmente del llamado ‘clan Úsuga’ hacia zonas en las que hasta hace pocos meses el grupo armado ilegal imperante eran las Farc.
Así, en Nariño (el departamento con más coca), Cauca, Norte de Santander, Chocó y el eje Meta-Guaviare han aparecido nuevas caras intentando apropiarse de las viejas prácticas criminales: extorsión, control sobre la cadena del narcotráfico y sobre los grupos delincuenciales que operan en las regiones.
“Estamos encima de ese problema, porque sabemos que ese era uno de los grandes retos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en su momento, en referencia a la amenaza de la expansión de los otros actores armados o el eventual surgimiento de nuevos grupos conformados por disidencias de la misma guerrilla. (Además: Víctima y carcelero de las Farc son ahora entrañables amigos)
En Tumaco (Nariño), que es el municipio colombiano con más narcocultivos (al menos 17 mil hectáreas), se ha registrado casi una decena de asesinatos selectivos en las últimas semanas. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, relacionó esos crímenes con el desplazamiento de las Farc hacia las zonas de concentración y el surgimiento de una especie de ‘guerra’ por el territorio de otros ilegales con presencia en esa conflictiva zona.
La Fiscalía tiene identificadas tres organizaciones criminales que están pujando por cultivos, laboratorios y rutas que hasta ahora venía controlando la columna móvil ‘Daniel Aldana’ de las Farc. ‘La Empresa’, ‘La Nueva Gente’ y ‘Gente del Orden’ son bandas criminales locales que son funcionales a los Úsuga, que tiene una fuerte presencia en el departamento y que en este momento, según informes de inteligencia, produce al menos dos toneladas de cocaína al mes en las costas nariñenses.
Por todo esto, afirma el analista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), es fundamental que el Estado asegure “una vigorosa presencia de la justicia y la Fuerza Pública para que no haya reciclaje de armas ni de hombres de las Farc en otras formas de criminalidad”.
Restrepo dice que es clave que las autoridades incrementen la presión sobre todas las formas de criminalidad, pero afirma que si la estrategia es consistente se minimizarán los riesgos para el posconflicto.
“Hay un temor exagerado: si la Fuerza Pública ejerce su control, no es fácil que emerjan otros grupos en donde antes había presencia de las Farc”, anota.
El hecho es que en las regiones están prendidas varias alarmas. En algunos municipios del Cauca en los que además de coca se cultiva marihuana y amapola han aparecido supuestos emisarios de ‘los Úsuga’ que han realizado reuniones forzadas con las comunidades. En una campaña similar están algunos frentes del Eln, que también han intensificado presencia hacia el sur, en límites con Nariño.
En el Bajo Cauca Antioqueño, donde confluyen coca y minería de aluvión, las bandas intentan expandir su dominio sobre esas actividades ilícitas. También hay denuncias del cobro de extorsiones por el Eln en pueblos donde las ‘vacunas’ eran de las Farc.
Un frente clave, señalan los analistas, será el control en aquellos departamentos de frontera. Una lección aprendida es Arauca, donde hace 15 años el Eln estaba en retirada debido a la arremetida del frente X de las Farc y donde ahora es, otra vez, imperante el poder ‘eleno’, que ejerce a sangre y fuego, desde el lado venezolano de la frontera, alias ‘Pablito’. “Hay que golpear esas estructuras en Arauca y en otras zonas estratégicas donde el Eln tuvo presencia histórica y donde ahora intentará volver a posicionarse, como en el Catatumbo”, dice un oficial de inteligencia.
En todo caso, el Estado cuenta con un arma clave: los bombardeos. Con base en los protocolos internacionales adoptados por Colombia, cuatro estructuras delictivas, por su poderío en hombres y armas, pueden ser blanco del arma más letal con la que cuenta el Estado: las bombas inteligentes que en la última década forzaron a las Farc a sentarse en la mesa de negociación. Esos blancos legítimos son los mismos grupos que están moviéndose hacia las zonas de desmovilización: el Eln, el ‘clan Úsuga’, ‘los Pelusos’ y ‘los Puntilleros’.
La relación entre cultivos ilícitos y guerra es simbiótica: sin narcotráfico el conflicto no habría persistido tanto tiempo en el país, y sin actores armados que protegieran las siembras y los laboratorios ilegales estos no habrían alcanzado los niveles que tienen en el país.
Por esto, revertir la tendencia creciente de los sembrados de coca, que pasaron de 47 mil hectáreas en el 2012 a más de 100 mil en la actualidad, y que están casi todos en zonas donde las Farc eran fuertes, será determinante para la seguridad del país.
El general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, asegura que la estrategia para lograrlo, y para frenar el avance de otros grupos ilegales, está marcada ya.
“Las 28 zonas donde de concentraron las Farc tienen un planeamiento militar, que es como sacarles un TAC, sabemos cuáles son las amenazas y desafíos, los puntos vulnerables en cada región”, dice Mejía.
Y el general Jorge Hernando Nieto, director de la Policía, asegura que 180 mil de sus hombres están listos para “romper el ciclo de la violencia” en el país.
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