Ahora sí, el agro en Colombia tiene que ser transformado

El campo colombiano ha sido el escenario principal del conflicto armado, pero también es el foco hacia el cual se dirigirán los esfuerzos para propiciar un desarrollo económico y social en el contexto del posconflicto.

La tarea es titánica, pues el Censo Agropecuario realizado en el 2014 confirmó lo que todos los colombianos sabían: el rezago del campo es mayúsculo. De las tierras para uso agropecuario, las dedicadas a los cultivos no llegan ni al 20 por ciento de la superficie. En contraste, el 80 por ciento de lo que se puede sembrar está cubierto por praderas que albergan 22 millones de cabezas de ganado.

“El modelo de subutilización del suelo fue reforzado a través de la guerra”, expresa Darío Fajardo, investigador de la Universidad Externado de Colombia. (Lea también: Santos y 'Timochenko' firmaron histórico acuerdo de paz)

Lo más grave es que ese fenómeno, que puso freno a la producción de bienes agrícolas, incrementó la dependencia alimentaria del país, según el investigador.

Es así como, “hoy son importados entre 30 y 50 por ciento de los alimentos, lo que a su vez reduce la generación de empleo e ingresos, reproduce y amplía la pobreza, estimada en 47 por ciento de la población rural, y retrasa el desarrollo del campo y el país”.

Ante ese panorama, aunque el campo colombiano tiene todo el potencial necesario para que el agro sea motor de la economía y epicentro del retorno de los millones de colombianos que salieron de allí, abandonando la siembra, huyendo de la violencia, hay que tomar medidas rápidas. Entre ellas, el gran desafío es el del empleo, que se convierte en un círculo virtuoso, pues al haber empleo, la gente permanece en el campo, produce y disminuye la inseguridad alimentaria.

Según estudios del Gobierno, durante el primer año del posconflicto se generarán alrededor de 200.000 nuevos empleos. (Lea también: 'Ya no hay espacio para política basada en la violencia: Ban Ki-moon)

El impacto económico, en la etapa que sigue ahora, según lo que espera el Gobierno, es de entre 1 y 3 por ciento del Producto Interno Bruto. Cabe destacar que en países con experiencias similares, como la de El Salvador, tras la firma de la paz en 1992 la economía creció a ritmos cercanos al 6 por ciento y en Perú, al 4,5 por ciento.

Un desarrollo de la economía local prevén los analistas que, inclusive, apuestan porque el crecimiento en las regiones afectadas podría llegar a ser de entre 8 y el 12 por ciento, jalonado por creación de empresas, expansión del comercio y ampliación del desarrollo tecnológico.

“Estamos preparándonos para asumir el posconflicto con iniciativas puntuales orientadas a la promoción del empleo y emprendimiento, la formación para el trabajo y certificación de competencias, la reconversión laboral, la equidad de género, el empleo juvenil”, indicó la ministra de Trabajo Clara López Obregón.

Con el empleo se ataca la desigualdad, porque según el Ministerio del Trabajo, los sistemas de protección social en el área rural apenas llegan a 12,8 por ciento, mientras que en zonas urbanas es de 42,8 por ciento.

Desde esa perspectiva, ese Ministerio prepara reformas en las que incluye la estructuración de un piso de protección social.

También están en la mira otros eslabones, como el subsidio familiar, servicios sociales, entre ellos crédito, emprendimiento y recreación y servicio de empleo. (Lea: 'Miembros de las Farc, les doy la bienvenida a la democracia': Santos)

Otro desafío es saldar la deuda de modernización del campo. Corpoíca, encargada de la investigación agropecuaria desde lo público, presentó ante el consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, algunos avances en investigación agrícola y pecuaria que serán de gran utilidad.

Tareas adelantadas en el laboratorio de reproducción animal, donde se lograron obtener procesos de inseminación artificial a bajos costos para los ganaderos; o los bancos de germoplasma, de propiedad de la Nación y administrados por Corpoíca también serán de gran apoyo para el desarrollo del campo.

No obstante, también hay nubarrones por disipar. El investigador Fajardo pone sobre el tapete el de la nueva Ley 1776 del 2016, para el establecimiento de las Zidres (Zonas de interés de desarrollo rural, económico y social). “La propuesta agraria del Gobierno descarta la titulación de baldíos a través de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), las cuales son flexibilizadas para ampliar su extensión y asignación a grandes inversiones”.

Además, advierte, “la nueva normativa facilita la legalización de compras de tierras asignadas en UAF a través de reforma agraria y promueve su absorción mediante concesiones de tierras a grandes proyectos agroexportadores”.

Esto, sin contar con que “contempla el establecimiento de zonas francas agroindustriales al interior de las Zidres, lo que las convierte en territorios autónomos frente a la legislación laboral y fomenta precarización de condiciones de trabajo de los asalariados”. Sin duda, un desafío. (Lea: Vamos hacia la política sin armas: 'Timochenko' tras firma de la paz)

De acuerdo con los hallazgos del Censo Agropecuario, el 76,7 % de las viviendas en el área rural están ocupadas y en su mayoría estaban ubicadas en Unidades Productoras Agropecuarias (UPA). Es decir, el potencial de productividad, cuando se regresen los campesinos al 13,5 % de las unidades habitacionales desocupadas es enorme.

La investigación del Dane, que se hizo en las áreas rurales dispersas, también halló una realidad que tendrá que ser atacada de inmediato: el 83 % de los niños campesinos menores de 5 años no va al colegio.

Otras realidades que tendrán que ser cambiadas son el hecho de que, aunque al 40,6 % de la tierra se le da uso agropecuario, la mayor parte está enfocada en la siembra de pasto para engordar animales, y que el 71,2 % del área es de propietarios, pero no de campesinos.

En caso de que el ‘Sí se imponga en el plebiscito del próximo domingo, el Acuerdo Final con las Farc demandará una serie de desarrollos legales y constitucionales que el Congreso comenzará a tramitar mediante unas reglas especiales, y para lo cual tendrá máximo un año.

El Gobierno ha manifestado que una vez lo pactado con las Farc sea refrendado por los ciudadanos en las urnas, comenzará la radicación de los proyectos, en los cuales –en varios casos–, dependiendo del punto que se haya acordado en La Habana, se crearán instituciones y programas (se estima que al menos serán 25).

El punto de víctimas, por ejemplo, incluye todo el capítulo de la jurisdicción especial para la paz, la cual les dará vida no solo al tribunal para la paz sino a otras salas y unidades que también intervendrán en los procesos contra todos los participantes, combatientes y no combatientes, en el conflicto armado.

El capítulo de la reforma rural integral, el primer punto que se acordó, contempla conformar un fondo con tres millones de hectáreas para quienes no tengan tierra o les sea insuficiente y programas de desarrollo para las zonas más necesitadas.

En el punto de participación en política se hará una reforma al sistema electoral y se buscará aprobar un estatuto para la oposición política. Para que los cambios en este punto sean una realidad ya hay misiones y comisiones que están trabajando en ello.

En el punto de fin del conflicto se crearán varias instituciones que se asegurarán del éxito de la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados y otras relacionadas con la reconciliación, cuyo objetivo es que no haya estigmatización a los excombatientes.

En últimas será el Congreso el que debata y apruebe la creación de todas estas instituciones y programas, con lo cual se le dará vida a una nueva institucionalidad colombiana.

EL TIEMPO