Al menos 50 horas de vuelo sumaron, según la ONU, los tres helicópteros del organismo que participaron en la extracción de las armas entregadas por las Farc en 26 remotos puntos del país que a partir de este miércoles son espacios para que los exguerrilleros se preparen para la vida laboral, social y política.
Las aeronaves fueron utilizadas para sacar el armamento de 16 puntos. Desde otras 10 zonas, las armas salieron por vía terrestre, como ocurrió este martes en Pondores, el sitio de La Guajira donde el presidente Juan Manuel Santos recibió el reporte final de la Misión de la ONU encargada de certificar el desarme de las Farc y la salida del armamento hacia la bodega de Funza, Cundinamarca, donde será inutilizado.
Jean Arnault, jefe de esa misión, certificó ante Santos que de los 26 sitios salieron 8.112 armas individuales y 1’300.000 cartuchos. Así mismo, garantizó que todo el material explosivo, como minas antipersonales, granadas y pólvora, que reposaba en los campamentos, quedó completamente destruido.
Sobre la evacuación de 873 caletas con armas reportadas por las Farc –tarea que debe culminar el primero de septiembre–, el jefe de la Misión de la ONU sostuvo que ya 510 fueron desmanteladas. En ellas, según Arnault, había 795 armas, además de otro material de guerra.
“Se ha dado un proceso exhaustivo de dejación de armas”, afirmó el jefe de la Misión de la ONU.
Tras recibir esta información, el presidente Santos destacó que “comienza la construcción de un nuevo país” y ratificó la transformación de los 26 puntos de desarme de las Farc en ‘Espacios territoriales para la capacitación y la reincorporación’ de al menos 7.000 exguerrilleros.
Esto implica que desde hoy, los lugares ocupados por la Farc se convierten en espacios abiertos para las comunidades y que la seguridad de las zonas dependerá completamente del Estado.
Correrá por cuenta de la Policía, que estará en esas zonas como mínimo durante los siguientes tres años. De acuerdo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, “se evaluará qué zonas podrían necesitar acompañamiento de las Fuerzas Militares durante ese lapso”.
Esto se estaría definiendo en los próximos 60 días.
Sin embargo, este martes en La Guajira, las Farc hicieron explícita su preocupación por la seguridad futura.
Sobre todo porque apenas en la madrugada del lunes ocurrió el asesinato de uno de sus miembros, Jesús Adán Mazo, en Ituango, Antioquia. Le dispararon cerca de la zona de donde durante el fin de semana habían salido los contenedores de la ONU con las armas entregadas por esa exguerrilla.
“No debe haber más asesinatos políticos en un país donde se ha firmado un acuerdo de paz que hoy es ejemplo para el mundo”, dijo Iván Márquez.
Sobre este punto, Santos reiteró que “el Gobierno está comprometido con la seguridad de los excombatientes y de las comunidades en las zonas que vivieron el conflicto”.
Y, a la preocupación de Márquez por la seguridad del futuro partido político de las Farc, el mandatario respondió diciendo que “el Estado no permitirá que un fenómeno de exterminio como el que vivieron los militantes de la Unión Patriótica en la década de los 80 se vuelva a presentar”.
A la incertidumbre por la seguridad se suma la polémica que ya se vislumbra por la transformación de los 26 puntos de desarme de las Farc en espacios para que se capaciten para la vida productiva.
Este martes, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, sostuvo que en el caso de ese departamento, los 5 territorios ocupados por las Farc serán “comprados o expropiados, lo que sea más rápido”. Pérez sostiene que las Farc no pueden apropiarse de ellos. (Ver nota anexa)
UNIDAD DE PAZ
